El Tribunal Supremo de EE.UU. restringe la discriminación positiva en la enseñanza

Cuatro años después de admitir la discriminación positiva, sin cuotas raciales y con condiciones, en la Universidad (ver Aceprensa 99/03), el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha restringido su aplicación en la escuela. La sentencia más esperada del año judicial recién terminado, la que ha provocado más división y más apasionamiento en los nueve magistrados, tendrá, sin embargo, consecuencias modestas en la práctica.

El asunto que se discutía es la integración racial en las escuelas. Los tres bandos en que ha quedado partido el tribunal invocan la histórica sentencia Brown v. Board of Education, de 1954, que declaró inconstitucional la segregación racial en la enseñanza; cada uno se declara fiel a aquella decisión y sostiene que los otros la malinterpretan.

Después de la sentencia Brown, los tribunales inferiores determinaron la manera de aplicarla allí donde se practicaba la segregación. Hubo muchas resistencias: en algunos casos la policía o incluso el ejército tuvo que proteger a los alumnos negros que acudían a un colegio hasta entonces reservado a blancos; hubo disturbios en protesta contra el busing, o sea, el traslado de estudiantes en autobús a escuelas más o menos lejanas para forzar la diversidad racial. Hoy todo aquello ha quedado muy atrás, aunque aún hay más de 250 distritos escolares sujetos a medidas de integración racial forzosa ordenadas por los jueces, para remediar la discriminación pasada.

La reciente sentencia no afecta a esos casos, sino a las políticas de integración diseñadas por las autoridades educativas, sin mandato judicial. El fallo del Supremo dirime dos demandas contra sendos consejos escolares de distrito -uno de Seattle y el del condado de Jefferson (Kentucky)- que, cuando había más solicitudes que plazas en un centro público, usaban la raza como criterio para decidir si se admitía o no a un estudiante, a fin de que el alumnado tuviera más o menos la misma diversidad étnica que la población de la zona.

Por mayoría de 5 contra 4, el Supremo ha declarado inconstitucional esas prácticas. Cuatro de los jueces de la mayoría, encabezados por el presidente del Tribunal, John Roberts, ponente de la sentencia, sostienen que Brown impone a las instituciones públicas no mirar la raza de los ciudadanos. Medidas como las anuladas, aun con la buena intención de favorecer la armonía interracial, a la postre practican una clase de discriminación como la de los distritos segregacionistas hasta Brown. “La manera de acabar con la discriminación racial -dice Roberts en el fallo- es acabar con la discriminación racial”. Suscriben la opinión del presidente Antonin Scalia, Samuel Alito y Clarence Thomas, el primero y hasta ahora único magistrado negro del Tribunal Supremo y enemigo declarado de la discriminación positiva. Según el parecer general, el veredicto es muestra patente del giro conservador que ha tomado el Supremo con la incorporación, el año pasado, de Roberts y Alito.

Pero el quinto juez de la mayoría, Anthony Kennedy, impide que esa interpretación de Brown quede sentada como criterio del Supremo. Kennedy coincide con los otros cuatro en que las dos políticas anuladas son inconstitucionales porque la raza de una persona determinada no debe ser motivo de ningún trato de favor o disfavor. Sin embargo, no está de acuerdo en que las instituciones públicas no puedan tener en cuenta la composición racial de la población. Afirma que la integración racial en los centros de enseñanza es -como decía la sentencia de 2003, que él cita ahora en apoyo de su tesis, aunque entonces no la suscribió- un objetivo legítimo de interés público, y -contra los cuatro colegas- las autoridades educativas pueden procurarla no seleccionando a los alumnos por la raza, pero sí con medidas indirectas. El propio Kennedy aporta algunos ejemplos de políticas legítimas en su voto particular: escoger cuidadosamente la ubicación de una nueva escuela para captar alumnos de distintas razas, o trazar los límites de los distritos escolares de modo que ninguna raza esté sobrerrepresentada.

En cambio, quedan excluidas -a no ser que las imponga una orden judicial- prácticas como las expresamente anuladas por la sentencia, el busing o permitir a un alumno cambiarse de una escuela donde su raza es mayoritaria a una donde es minoritaria, pero no al revés. Esas y otras medidas semejantes se aplican en bastantes distritos escolares, que ahora tendrán que adaptarse al fallo del Supremo; pero les bastará satisfacer el criterio de Kennedy, no el más estricto de los otros cuatro de la mayoría.

La minoría (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, John Paul Stevens y David Souter) considera la sentencia una traición a Brown y un paso atrás en la larga lucha para superar el racismo en Estados Unidos.

Hoy, fuera de los lugares -cada vez menos- con vestigios de las antiguas políticas racistas, donde hay distribución desigual de las razas en las escuelas, es sobre todo reflejo de la separación en distintas zonas de residencia. Las autoridades educativas no tienen por qué resignarse a esa segregación de hecho, alega el juez Kennedy. Pero tras esta sentencia dispondrán de menos instrumentos para corregirla.

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