Jalisco.— Una iniciativa de ley presentada en México busca proteger a los usuarios de redes sociales ante la censura y las violaciones a la libertad de expresión por parte de los propietarios de las plataformas. Sin embargo, presenta deficiencias y problemáticas que plantean cuestiones sobre la naturaleza de las redes sociales y su relevancia para la vida pública, así como sobre los alcances de la intervención estatal.
El pasado mes de febrero, un senador de MORENA (el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador), Ricardo Monreal, propuso una controvertida iniciativa de ley para regular la libertad de expresión en redes sociales. Esta propuesta tiene como contexto la cancelación de la cuenta de Twitter de Donald Trump en Estados Unidos después del incidente del Capitolio, al igual que la de distintas cuentas afines al gobierno mexicano actual que fueron catalogadas como “bots” y cuentas falsas. Pocos días después, tras estos incidentes, el presidente López Obrador criticó fuertemente al director ejecutivo de Twitter en México, señalándolo de haber trabajado en el PAN (partido de derecha, actualmente en la oposición).
El propósito de la iniciativa es que las redes sociales más influyentes rindan cuentas sobre posibles abusos que lesionen derechos de los usuarios, específicamente la libre expresión y el acceso a la información. Se busca evitar la censura desmedida y arbitraria por parte de los propietarios de las redes sociales. La idea central es que existan mecanismos adecuados para que los usuarios puedan defenderse ante la eliminación de contenidos, cancelación o suspensión de cuentas ante las propias plataformas de redes sociales y, en su caso, que puedan acudir al Estado para que se implementen las sanciones correspondientes. La iniciativa hace énfasis en que las limitaciones a la libertad de expresión deben hacerse conforme a un marco jurídico y no solo conforme a las políticas internas de cada red social, que pueden cambiar de un momento a otro.
Riesgo de arbitrariedad
La forma en que se propone regular esta cuestión es muy controvertida. Algunos académicos, expertos y organizaciones civiles han señalado que esta propuesta se queda muy corta, que los mecanismos están mal implementados, que hay un gran riesgo de arbitrariedad por parte de las autoridades estatales y, en última instancia, que se trata de una intervención desmedida del Estado. El punto más preocupante de la iniciativa es que somete a las redes sociales que tengan más de un millón de usuarios a la autorización de un órgano estatal para seguir operando. Las redes necesitarán aprobación oficial para sus políticas internas, términos y condiciones, así como las posteriores modificaciones. Sin embargo, la iniciativa no prevé mayores parámetros para conceder o negar dicha autorización, lo cual genera facultades discrecionales de la autoridad que podrían derivar en una censura previa (prohibida por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos).
La propuesta de ley no autoriza al Estado a censurar a los usuarios, sino a sancionar a las redes sociales que lo hagan
Ahora bien, a la iniciativa le falta un largo proceso legislativo en el cual muchos de los errores y deficiencias podrían corregirse y completarse. Es importante aclarar que la iniciativa no busca una regulación general de las redes sociales, sino que únicamente atiende a un problema específico: la cancelación y suspensión de cuentas, y la eliminación de contenidos. Es decir, no se le otorgan atribuciones al Estado para censurar a los usuarios, sino únicamente para sancionar a las redes sociales que lo hagan.
Una reflexión necesaria
Independientemente de las deficiencias y problemáticas que una ley así podría generar, la iniciativa señala algunos puntos sobre los que es necesario reflexionar en cuanto al fenómeno de las redes sociales.
Resumiéndolo en pocas palabras: en un extremo de la discusión se encuentran quienes abogan por una libertad absoluta en esta materia sin intervención estatal alguna. Esta postura libertaria supone un argumento del tipo “mano invisible”, según el cual las redes sociales se autorregulan conforme a las preferencias y decisiones de los usuarios. En el extremo contrario se ubican quienes desconfían de esta libertad tan amplia porque podría propiciar ejercicios abusivos de la libertad de expresión, así como arbitrariedades por parte de los propietarios de las redes sociales, que son particulares sin ninguna responsabilidad pública.
Es difícil negar que las redes sociales han venido adquiriendo un enorme poder político a través del manejo de información y del conocimiento de los datos personales de los usuarios. Basta con ver el escándalo de Cambridge Analytica para darnos una idea esto. Las redes sociales, a pesar de tratarse de plataformas que permiten la libre circulación de información por parte de los usuarios en un plano de igualdad, pueden presentar las condiciones para una manipulación ideológica e informativa. Y esto sin lugar a dudas tiene consecuencias en la vida pública, lo cual podría justificar alguna especie de regulación o rendición de cuentas, a pesar de que no haya ningún actor estatal involucrado en ellas. La censura de cuentas y de información publicada por los usuarios también podría ser arbitraria, lo cual tendría consecuencias no sólo para los usuarios censurados, sino para toda la vida pública.
Imaginemos, por ejemplo, que alguna red social importante decidiera censurar información de cierta preferencia política o ideológica y que esta censura afecte la cultura y las preferencias políticas de un sector de la población. Al día de hoy, no está claro que existan mecanismos para evitar dicha situación ni para solucionarla. Es cierto que en tal caso los usuarios tendrían la opción de abandonar dicha plataforma y cambiarse a otra. Sin embargo, no podemos ignorar que algunas redes sociales se han vuelto muy poderosas económicamente y están demasiado implantadas en la vida social, lo cual las ubica en una situación asimétrica respecto a redes sociales alternativas.
En conclusión, si bien la iniciativa presenta deficiencias preocupantes que podrían derivar en abusos por parte de la autoridad y que esperamos sean corregidas en el proceso legislativo, lo cierto es que señala un problema real que amerita una discusión pública y una reflexión profunda.
Juan Pablo Andrade Rojas
Abogado