La conferencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en Dubái (3-14 de diciembre) terminó en división por un solo asunto: a quién corresponde el gobierno técnico de Internet. El nuevo Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales (RTI) –actualizarlo era el objeto de la reunión–, recibió muchos menos apoyos que el precedente. Lo firmaron 89 países, pero 55 rehusaron hacerlo: unos van a pensárselo más y otros –Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia– dicen que nunca lo suscribirán tal como ha quedado.
El motivo de los objetores es las alusiones a Internet que se han incluido. No salió la propuesta rusa de reconocer plenos poderes a los Estados en sus territorios para gestionar las direcciones de Internet, pero se aprobaron otras. La cosa es un tanto sutil: la red no se menciona expresamente en el RTI, sino en una resolución no vinculante. Los pasajes discutidos son cuatro.
Primero, en el preámbulo se ha añadido esta frase, antes de otra nueva sobre el respeto de los derechos humanos: “El presente Reglamento reconoce el derecho de acceso de los Estados miembros a los servicios internacionales de telecomunicación”. Fue incluida a propuesta de varios países africanos. Estados Unidos y los otros ven en ella un intento de extender a Internet el alcance del RTI.
Estados Unidos y otros 54 países no ha querido firmar el nuevo Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales
Segundo, hay nuevo artículo (5B) contra el spam: “Los Estados miembros deben procurar tomar las medidas necesarias para evitar la propagación de comunicaciones electrónicas masivas no solicitadas y minimizar sus efectos en los servicios internacionales de telecomunicación. Se alienta a los Estados miembros a cooperar en ese sentido”. Los objetores alegan que eso puede servir para justificar la censura. No les satisface que otra adición al RTI, en el artículo 1.1 a), declare: “El presente Reglamento no atañe a los aspectos de contenido de las telecomunicaciones”. La secretaría general de la UIT dice que, con el artículo 5B, se trata más bien de buscar remedios técnicos para que “no se inunden las redes con millones de emails”.
Internet, que ni se nombre
En una resolución no vinculante, la tercera, hay dos textos polémicos. Uno habla de “cuestiones técnicas, de desarrollo y de política pública internacional relacionadas con Internet que son competencia de la UIT”. Los contrarios no admiten que la UIT tenga competencia alguna sobre Internet.
La conferencia aprobó un texto no vinculante que atribuye igual responsabilidad a todos los Estados en el gobierno de Internet
Un poco más arriba, la resolución afirma algo que es anatema para Estados Unidos y los otros: “Todos los gobiernos deben asumir un papel y una responsabilidad idénticos para la gobernanza internacional de Internet”. Es una cita de las conclusiones aprobadas en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, foro convocado por la ONU que se celebró en dos fases (2003 y 2005). Ya en aquella ocasión, Estados Unidos se opuso a la idea –sugerida por la Unión Europea– de que renunciase a su autoridad sobre la ICANN, la corporación que controla la asignación de direcciones (números y nombres) en Internet, imprescindible para que la red funcione. La ICANN opera por contrato con el Departamento de Comercio estadounidense, que tiene el poder de dar el visto bueno final a los cambios en los registros de supremo nivel (los DNS raíz). El contrato también obliga a la ICANN a proceder “de manera democrática” y consultar con las distintas partes interesadas. Los Estados, organismos internacionales y ONG están representados en los comités asesores de la ICANN.
Muchos países consideran anacrónico que la administración norteamericana mantenga esa autoridad sobre Internet. Es una reliquia de los orígenes de la red, que fue financiada por Washington. Pero, a decir verdad, la fórmula funciona, e Internet se ha desarrollado sin injerencias políticas. Estados Unidos y sus aliados sostienen que las habría si la ICANN se pusiera bajo la autoridad de un organismo internacional, en el que los Estados enemigos de la libertad de expresión tendrían voz y voto. También alegan que se perdería la agilidad necesaria para responder a las nuevas necesidades y adoptar los adelantos técnicos.
La influencia del RTI en el gobierno de Internet es nula, en sentido estricto. Pero el bloque encabezado por Estados Unidos no quiere que se abra el menor resquicio a las ideas peligrosas. Como dijo en Dubái el delegado británico: “Preferimos que no haya resolución sobre Internet, y nos preocupa en grado sumo que los textos aprobados abran la posibilidad de que discutan [en la UIT] cuestiones de Internet y de contenidos”.
El otro tema espinoso que se planteaba en la conferencia era la propuesta de los operadores de telecomunicaciones europeos. Pretenden cobrar a los proveedores de contenidos que generen mucho tráfico o quieran preferencia de paso. No se aceptó.
Las demás novedades del RTI se refieren principalmente a la mejora de las redes y a la inversión en infraestructuras, aparte de actualizar términos y disposiciones que habían quedado anticuadas. Otras contemplan situaciones que no se planteaban cuando se aprobó la versión anterior, en 1988. Por ejemplo, que los operadores informen a los usuarios, incluso en itinerancia, del número telefónico de los servicios de emergencia; que se favorezca la eficiencia energética de los aparatos y su reciclado cuando se desechan, o que se facilite el acceso de los discapacitados a los servicios de telecomunicaciones.