Un juez ha admitido a trámite la querella interpuesta por Telecinco, en julio de este año, contra Pablo Herreros, un bloguero que inició una campaña contra el programa La noria, de dicha televisión, el 29 de octubre de 2011. La entrada del blog recordaba que en ese programa se entrevistó a Rosalía García, madre de “el Cuco”, uno de los implicados en la muerte y desaparición de Marta del Castillo. Se publicó en varios medios que la mujer entrevistada había cobrado de 9.000 a 10.000 euros por acudir al programa.
El bloguero pedía a los telespectadores que no consumieran las marcas que se anunciaran durante la emisión de La noria. Justificaba así su postura: “Tú y yo ya hemos sentido juntos más de una vez que haya televisiones capaces de lucrarse a costa de la inmoralidad y de hacer más daño gratuito a las familias de las víctimas de delitos tan graves como el asesinato o el homicidio de una persona” Herreros pedía a los anunciantes que no se promocionaran en ese espacio “ni en ningún otro que pague a delincuentes o a su entorno cercano por ir a hablar de su delito”.
El bloguero advirtió además a las marcas comerciales que “si no se adhieren a nuestra propuesta, seguiríamos exigiéndoselo en adelante y promoveríamos un boicot de sus productos”. La petición surtió efecto y los productos que se anunciaban en el programa dejaron de hacerlo.
En su querella, Telecinco acusa a Pablo Herreros de los delitos de amenazas y coacciones. Un juzgado ha citado al bloguero a prestar declaración en calidad de imputado el próximo 4 de diciembre.
La desproporción de fuerzas parece clara: un bloguero expresa su opinión contra un programa televisivo e invita a otros, a través de las redes sociales, a unirse a su queja. Ciertamente sus palabras son vehementes, pero las justifica hasta con alusiones al diccionario de la Real Academia. La amenaza de boicot ¿está fuera de la libertad de expresión en una sociedad democrática? La propia Telecinco se defendió ante las críticas a la citada entrevista apelando a su propia libertad de expresión (ver artículo relacionado).
En todo caso, deberían ser los anunciantes los que se querellasen si se hubieran sentido coaccionados. Pero no lo han hecho, quizá porque comprendieron que la postura del programa contaminaba su producto.
Por otra parte, los propios dirigentes de Telecinco reconocieron entonces que habían cometido un error: Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset, pidió disculpas a los anunciantes: “Nos equivocamos mucho, muchísimo, es muy doloroso y humillante”. Telecinco afirma ahora, en relación a su oponente, que “criticar es legítimo; aceptamos el juego, pero cuando se trasciende la frontera de la opinión se puede entrar en un terreno delictivo”.
Quizá la querella quede en nada. Pero cabe pensar que Telecinco quiere desanimar, o intimidar, a quien pretenda hacer lo mismo que Herreros en el futuro. Telecinco está en su derecho de defender sus intereses, pero tampoco debe desatender sus responsabilidades. Por ejemplo, respetar la franja prevista de protección del menor, incumplida sistemáticamente por contenidos como los de Sálvame, de esta cadena televisiva.