El gobierno francés no va a adoptar las principales recomendaciones del informe Kriegel, una comisión oficial que planteó una serie de medidas para restringir la violencia y la pornografía en la televisión. El informe había despertado una fuerte reacción del sector cinematográfico, y el gobierno ha preferido aguar las recomendaciones, haciendo suyas solo las menos conflictivas. Las asociaciones familiares se han declarado insatisfechas con la decisión del gobierno, anunciada por el Ministro de Cultura, Jean-Jacques Aillagon.
La comisión, de 36 miembros, presidida por la filósofa Blandine Kriegel, basaba su análisis no en investigaciones propias sobre los efectos de la violencia en la televisión, sino en estudios internacionales ya existentes. Además había escuchado el testimonio de expertos (del sector audiovisual, médicos, magistrados, asociaciones familiares), y examinado distintas muestras de programas.
En su informe la comisión constataba que Francia ha hecho menos que otros países europeos para regular una protección eficaz del público más vulnerable. Proponía un sistema de regulación basado en la concertación y el diálogo entre todas las partes interesadas (cineastas, productores, difusores, familias), compatible con la libertad de creación.
Sus principales recomendaciones eran:
Modificar la composición de la comisión clasificadora de films, para incluir a más sectores interesados, y extender su competencia a todos los soportes (salas, TV, vídeos, DVD, videojuegos). En Francia solo se califican los films que se estrenan en salas, lo que supone un 20% del total, mientras que en otros países europeos se alcanza el 80%.
El informe señalaba que el criterio para clasificar el cine en Francia es mucho más «laxista» que el de otros países. Como muestra, comparaba una misma relación de 102 películas en cuatro países, entre 1997 y 2000; de ellas, Francia dictaminó «para todos los públicos» 62 películas, frente a 29 el Reino Unido, 22 Holanda y 16 Alemania.
El informe proponía que la comisión de calificación de películas -dominada actualmente por los representantes del sector cinematográfico- incluyera representantes de los derechos de los niños y de los difusores.
El gobierno ha optado por mantener una comisión clasificadora solo para el cine «para respetar mejor su especificidad». Dependerá exclusivamente del Ministerio de Cultura, como hasta ahora, aunque se había hablado de una responsabilidad compartida con la Secretaría de Estado para la Familia.
Los programas violentos o pornográficos no deberían ser difundidos en ningún caso en horarios susceptibles de ser vistos por niños, entre las 7 y las 22.30 horas.
Esta propuesta despertó los más fuertes ataques y fue presentada como una «censura», impracticable también por la dificultad de definir el criterio. En realidad, la comisión no proponía quitar de ese horario todos los films prohibidos a los menores de 12 años, sino solo los «violentos y pornográficos», es decir, las categorías prohibidas a los menores de 16 y 18 años, sin excepciones.
Actualmente, las películas no autorizadas para los menores de 12 años no pueden emitirse antes de las 22 horas, aunque se tolera la difusión de cuatro films por año y por cadena, en razón de su «interés artístico». De todos modos, lo decisivo es cómo se califican los films.
El gobierno ha decidido que esto siga igual. La comisión había propuesto que en el horario protegido no se pudieran anunciar los films violentos o pornográficos sometidos a un horario restringido: el gobierno espera que esto se realice «voluntariamente» por las cadenas.
La pornografía como violencia
El informe incluía entre las imágenes violentas las pornográficas, «que constituyen una forma de asalto violento a la intimidad afectiva de los niños, por la exposición demasiado precoz a la sexualidad de los adultos». Sin embargo, no recomendaba prohibir la pornografía en televisión, como había pedido el Consejo Superior de lo Audiovisual (CSA), autoridad reguladora de la televisión (cfr. servicio 103/02). Para que la pornografía no esté al alcance de los niños, la comisión proponía un sistema de doble encriptado o de pago por visión. Hay una propuesta de ley en este sentido, iniciativa de diputados de la mayoría, y el gobierno parece que la apoyará.
Al tiempo que desoía las recomendaciones principales, el gobierno ha hecho suyas las más «positivas», en realidad, las menos conflictivas: que las cadenas den a conocer las reglas éticas que deben respetar los productores, incluir las señales que indican al espectador la calificación de los programas…
La principal novedad es que se reforzarán los poderes de control del CSA, para que pueda proponer sanciones pecuniarias cuando las cadenas no respeten la regulación.
Aunque el informe Kriegel apenas tendrá repercusiones normativas, ha servido para medir otro tipo de «violencia» mediática: la reacción agresiva de los representantes del sector cuando ven amenazada su autonomía para aumentar su audiencia aun con el recurso a programas violentos o pornográficos. Blandine Kriegel se ha enfrentado a reacciones exacerbadas que acusaban a la comisión de imponer la «censura» contra la «libertad de creación». La filósofa responde que no ha habido un auténtico debate, ya que «a falta de poder cuestionar nuestras verdaderas recomendaciones, como ya había advertido Orwell, se han fabricado otras, acusándonos de mantener posturas que no son las nuestras».