La competencia desdibuja el papel de la TV pública

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Duración lectura: 14m. 47s.

Cadenas públicas y privadas se disputan la audiencia en Europa
El reciente estreno en Francia, con bastante retraso respecto a otros países, de Loft Story (Gran Hermano) por la cadena privada M6, ha provocado una auténtica conmoción. Con este reality show, M6 ha logrado el primer puesto en los índices de audiencia y elevar considerablemente sus ingresos por publicidad. Es un nuevo caso de la carrera por la audiencia, en la que compiten a menudo los canales públicos con las mismas armas que cualquier televisión privada. Estas se quejan de que las públicas les hacen competencia desleal por su sistema de financiación. De ahí que Europa continúe planteándose una cuestión pendiente desde el fin de los monopolios televisivos: ¿cuál es la función propia de una televisión pública?

La guerra por la audiencia se ha agravado en toda Europa por el éxito de Gran Hermano en sus diferentes versiones locales. La cadena francesa M6, que antes de la polémica emisión llegaba apenas al 13% de cuota de pantalla, con el nuevo programa alcanzó en una semana el 31’6%. Pero no ha sido una sorpresa. Lo mismo ha ocurrido en todos los países donde el voyeurismo televisivo se ha instalado.

El invento de la productora holandesa Endemol ha obtenido cuotas de pantalla que han rozado el 50% de la audiencia, y creado un nuevo género televisivo que se ha dado en llamar “la vida en directo”, “tele-realidad” o “docudrama” -según qué traducción se quiera dar al término reality show- y que consiste en la grabación de escenas de la vida cotidiana, presumiblemente sin guión por medio.

La gran falacia de este producto viene demostrada por dos realidades. La primera, que todo es un show al servicio de la captación de audiencia: se fuerzan situaciones para provocar reacciones determinadas y servirlas al público. En segundo lugar, la manipulación entre bastidores a que se han visto sometidos los aspirantes en los castings. Aunque una gran campaña mediática asegura que no hay guiones ni concursantes/actores, se ha buscado resultados de audiencia (o sea, dinero) mediante la elección de personas que provocasen polémica y hasta escándalo.

Esta agresiva forma de hacer televisión ha influido en el resto de las cadenas. Mientras la competencia pública ha aguantado el tirón como ha podido, la privada ha copiado la fórmula hasta la saciedad en programas como Expedición Robinson, Supervivientes, El Bus, La isla de las tentaciones, Encadenados, La gran dieta, que se emite ahora en Holanda y próximamente se verá en Alemania, o El Bar, actualmente en la SIC portuguesa. Todo parece indicar que estamos ante una falta de ideas sin precedentes para hacer televisión. La ministra de Cultura francesa, Catherine Tasca, ha apelado a los programadores de las cadenas públicas y privadas para que hagan “un esfuerzo de imaginación y se liberen de los modelos impuestos”.

La audiencia a toda costa

En 1998 se llevó a cabo una gran reforma en los canales públicos franceses: se privatizó TF1 y se redujo drásticamente la publicidad en las cadenas públicas. El objetivo principal fue intentar devolver a este sector su vocación perdida en defensa de la cultura, el diálogo y la cohesión social. Actualmente, ante el debate sobre la razón de ser de los canales públicos, Jérôme Clément, Director General del canal Arte, afirmaba en Le Monde (15-V-2001): “El éxito de los reality shows -se refiere a Loft Story- prueba por sí mismo la necesidad de mantener France 2 como un servicio público potente”.

Aunque los canales públicos europeos se han desmarcado explícitamente de este tipo de programas, de hecho compiten ferozmente con las privadas, aunque sin correr riesgos puesto que tienen el “colchón” del Estado. Ha habido numerosas críticas contra la vulgaridad que impera en la RAI, o en algunos canales de la BBC inglesa. ¿Qué papel cumplen, entonces, en el panorama audiovisual? ¿En qué se diferencian sus contenidos de los que emiten los privados? Si la televisión pública se comporta como una comercial, ¿por qué tiene que pagarla el telespectador a través de sus impuestos o con un canon, mientras recibe gratuitamente los canales privados? Tener audiencia es un factor importante para la misión y viabilidad de cualquier televisión (si no se ve, no puede cumplir su función), pero también es cierto que, en el caso de la pública, no puede ir a rastras del share o del target comercial a cualquier precio.

Crisis de identidad

Todas las televisiones estatales se justifican en virtud de ser un servicio público. Lo difícil es definir qué se entiende por “servicio público”. Éste debe ser la oferta televisiva a los ciudadanos de “algo distinto”, que no existiría si no se emitiera por una cadena estatal. La cobertura de acontecimientos institucionales, deportivos, culturales, o los programas religiosos o informativos que no interesaran a los canales privados a causa de su escaso rendimiento económico, son los que deberían hallarse en un canal público. Sin embargo, espacios de entretenimiento o de ficción, muchas veces vulgares y zafios, llenan las rejillas de programación también en los canales públicos.

Por esta crisis de identidad, se está replanteando en toda Europa el modelo de televisión pública. Hay quien defiende que el futuro no muy lejano podría ser tener una televisión pública pequeña, sin publicidad o con publicidad mínima y que se ocupe de los contenidos antes citados. Algo que complacería a las tv privadas.

¿Subvención o publicidad?

La cuestión más conflictiva es la publicidad. Todos los países europeos mantienen algún canal público de ámbito nacional. Todos esos canales reciben una subvención variable del Estado, casi todos ingresan sumas por publicidad y -menos en España y Portugal- recaudan también un canon directamente del telespectador.

En España, Uteca (Unión de Televisiones Comerciales en Abierto) lleva años presentando reclamaciones a Bruselas ante el comportamiento de Televisión Española (TVE), que compite sin límites con las privadas en el mercado publicitario. La semana pasada, las cadenas privadas españolas han protestado de nuevo por el abaratamiento en un 10% de las tarifas publicitarias en el canal público, lo que agrava su posición de desventaja ante los anunciantes.

Ya en 1998, el entonces comisario europeo de la Competencia, Karel van Miert, reveló su decisión de empezar a abrir expedientes de infracción contra países europeos cuyas cadenas públicas incurrieran en competencia desleal con las privadas. El primero en la lista era el Estado español… Pero, a pesar de la Directiva comunitaria sobre la difusión de publicidad, adaptada a la legislación española en la Ley de TV Sin Fronteras de 1997, el problema de la competencia desleal y de la financiación de TVE está sin resolver. Mientras tanto, a finales de este año, la cadena pública española alcanzará una deuda de casi 1 billón de pesetas (6.000 millones de euros).

En otros países, los canales públicos tienen limitado el volumen de anuncios. En Alemania vige el tope de 20 minutos de spots por día laborable. En France 2 existen también limitaciones para la captación de publicidad. El caso de la BBC, en el Reino Unido, es especial, ya que no emite publicidad en su canal no comercial, pero en los otros sí. Casos aislados sobre emisiones sin publicidad se conocen en España por las iniciativas aisladas de TV3 en Cataluña, o en La 2, el segundo canal estatal.

Hay una tercera vía de financiación: el canon. En casi todos los países europeos, los canales públicos ingresan un canon por familia. La prensa española publicó, hace casi tres años, parte de un informe descriptivo elaborado por TVE para el Gobierno sobre las fórmulas de financiación de las televisiones públicas europeas. Sus conclusiones desataron una gran polvareda política. La cuestión se centró en la posibilidad de utilizar en España un canon de 20.000 pesetas al año por familia, que se recaudaría a través del recibo de la luz, siguiendo el modelo griego. De esta forma, según el informe, el Ente Público sanearía su maltrecha economía. Pero llegaríamos así a la triple financiación: los ingresos por publicidad (actualmente sin límite de hecho, aunque no de derecho), las inyecciones financieras de los Presupuestos Generales del Estado, y un canon cobrado directamente a los usuarios. El proyecto se abandonó ante la fuerte contestación social que provocó.

El control de calidad

Otro tema es si se está satisfecho con el producto que se recibe y se paga con impuestos. Los programas de TV son productos elaborados, distribuidos, tratados y explotados comercialmente, aunque con una peculiaridad: carecen de cualquier control de calidad similar a los que son preceptivos en los artículos destinados al consumo. Lo escamotean con la excusa de que puede ser censura, porque esos productos tienen algún parecido con las realizaciones artísticas: expresan ideas, requieren una elaboración narrativa, desarrollan técnicas estilísticas clasificables en géneros literarios, etcétera. En realidad, no todos los programas actuales merecen el nombre de “bien artístico o cultural”.

Esto es más grave en los canales públicos, que por su estatuto no deberían contribuir a rebajar el nivel cultural de la televisión por el hecho de ingresar más dinero.

Oír al telespectador

Mención aparte merece el sistema de recogida de datos sobre la audiencia. Los índices de audiencia reflejan sólo lo que la gente elige de la oferta, no lo que de verdad le gustaría ver. Y lo que no recogen esos audímetros es el rechazo a un programa determinado.

El espectador está saliendo de la pasividad y esto se nota en varios síntomas. Se aprecia en las ascendentes cifras de abonados a las televisiones de pago, en los alquileres en los vídeo-clubs. Asimismo, la recepción vía satélite de canales temáticos gratuitos facilita que la gente diseñe su propia programación.

Otro síntoma es que muchos canales de televisión europeos, públicos y privados, quieren realizar un acercamiento a su audiencia. En el pasado mes de abril, durante una reunión celebrada en París, la cadena pública France 2 anunció varias directrices con respecto al televidente: el refuerzo de la deontología en los contenidos, una mayor información al ciudadano, realizar periódicamente barómetros de satisfacción y la creación de “defensores” o “mediadores”. Según sus delegados, “es necesario reforzar esta función de mediación ante los telespectadores, para facilitar la expresión de sus puntos de vista”. El canal público francés está redactando una “Carta de Antena”, como la que ya rige en la BBC inglesa.

En España, el Estatuto de RTVE (1980) contempla la creación de un Consejo Asesor, con participación de telespectadores. Nunca se ha llegado a constituir, a pesar de las muchas peticiones por parte de políticos y de asociaciones de televidentes. Fue la privada Antena 3 TV quien tuvo la iniciativa en este terreno, creando en 1997 la figura del “Defensor del Telespectador” para que actuara de árbitro ante conflictos con el televidente, puesto en el que colocó a una periodista de prestigio, Consuelo Álvarez de Toledo. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración aprobó un “Código de Conducta”.

Sin embargo, ni uno ni otro funcionó, y hay quienes piensan que fue un fuego de artificio de cara a la galería. A pesar de esto, Antena 3 mantiene una Oficina del Espectador, al igual que Tele 5, que habilitó poco después un Teléfono del Telespectador para la recogida de opiniones y sugerencias de la audiencia. Internet ha facilitado también mucho los contactos entre canales y público.

Con independencia de la necesaria reforma de las televisiones estatales, que demasiado a menudo son instrumentos de los gobiernos de turno, puede que el futuro esté en el cable, en los canales temáticos o en las televisiones de pago, donde es el telespectador quien verdaderamente manda: paga directamente ese servicio y, si no le gusta, se da de baja. Puede elegir entre una oferta más variada, eludir la avalancha publicitaria, y rebelarse ante la tiranía del audímetro, que es actualmente, por desgracia, quien marca la supervivencia o no de un producto televisivo.

Quién vigila los contenidos

Varios países de Europa cuentan con figuras -organismos o una sola persona- que velan por los contenidos de los programas de televisión.

Reino Unido. La programación británica está regulada por dos organismos independientes nombrados por el Parlamento: el Broadcasting Standards Council (BSC) y la Broadcasting Complaints Commission (BCC). El primero de ellos controla todo lo que hace referencia a violencia, sexo y lenguaje; y el segundo estudia las quejas presentadas por los telespectadores. Ambos organismos pueden obligar a las cadenas a seguir sus recomendaciones.

Francia. El Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) tiene nueve miembros nombrados por el presidente de la República, el Senado y la Asamblea Nacional. El CSA otorga las frecuencias y vigila la aplicación de las leyes audiovisuales. Tiene poder sancionador y lo ha ejercido en alguna ocasión. La última vez, con ocasión de las cláusulas abusivas contra la dignidad humana que M6 había obligado a firmar a los concursantes de Loft Story.

Italia. Existe el Garante della Editoria, una especie de Defensor del Pueblo, nombrado por el Parlamento. Muy poco operativo, sólo ha intervenido en algún asunto de carácter político.

Alemania. Cada Estado tiene sus propias leyes al respecto, aunque impone limitaciones sobre el tiempo de la publicidad, la garantía del derecho de réplica, las emisiones inadmisibles, los deberes de la información o los principios básicos de las programaciones. En cada Estado existe un organismo con poder sancionador que controla dichas normas.

Portugal. Desde hace años funciona la Alta Autoridad para la Comunicación Social, de la que forman parte asociaciones de usuarios. Tiene capacidad sancionadora.

España. El caso español es especial y asombroso. Desde 1995 está aprobada en las Cortes la creación del Consejo Superior de Medios Audiovisuales, tras un consenso entre los partidos políticos y un amplio estudio que llevó a cabo la Comisión Especial del Senado para los Contenidos de Televisión. Había que ponerlo en marcha nombrando a sus componentes y regulando su normativa de funcionamiento. Sin embargo, una furiosa oposición por parte de los canales de TV logró paralizar la iniciativa, confundiendo a la opinión pública con el fantasma de la censura.

El Mercado Nacional de Telecomunicaciones es quien ha asumido esta función, sin que sea eficaz en absoluto. En las comunidades catalana y gallega sí se ha creado un “consejo asesor de lo audiovisual”, con participación de usuarios.

Mª Mercedes ÁlvarezItalia: la televisión del primer ministro

Roma. En ningún otro país el panorama televisivo está tan estrechamente ligado a la política como en Italia. El triunfo de Silvio Berlusconi en las recientes elecciones generales ha vuelto a proponer el caso insólito de un primer ministro que es, a la vez, propietario de las tres principales cadenas de televisión privada, que hacen competencia directa a la estatal RAI. Aunque la Fininvest asegura que desde que Berlusconi entró en política, en 1994, es ajeno a la vida de la empresa, será muy difícil que el debate sobre el papel del servicio público televisivo no se vea influido de algún modo por esta circunstancia.

El anterior Parlamento no consiguió ponerse de acuerdo sobre las normas para evitar conflictos de intereses, lo que se ve como una prioridad para que el gobierno de Berlusconi pueda actuar con libertad. Otra de las herencias que recibe el nuevo gobierno es precisamente la redefinición del papel de la RAI.

En realidad, el debate asoma de vez en cuando en las páginas de los periódicos pero parece tener poca incidencia en las decisiones concretas de gestión. La RAI, de hecho, funciona con criterios comerciales, privilegia los índices de audiencia e incluso en las informaciones que ofrece sobre sus propios programas raramente se centra en la calidad sino en el “éxito de público”. Bien es cierto que hasta ahora ha rehusado incluir en su programación programas como Gran Hermano o Supervivientes, que emiten las redes de Berlusconi.

Se podría aventurar -con algo de pesimismo- que en la recién estrenada legislatura el problema de la función del servicio público televisivo italiano no dará grandes pasos. Y razones para ir al fondo de la cuestión no faltan, pues la mitad de sus ingresos en 2000 se deben al canon que pagan los ciudadanos por el hecho de poseer un televisor, mientras que las entradas por publicidad supusieron el 44%. De todas formas, el panorama se podría complicar, ya que en los próximos meses entrará en funcionamiento un tercer polo que competirá con la RAI y la Fininvest. Se trata de la televisión formada por la actual Telemontecarlo, que se ha fusionado con la Seat, una compañía de Telecom Italia. Diego Contreras.

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