El Parlamento italiano ha aprobado un cambio en el nombramiento de los cargos directivos de la televisión pública (RAI) que supone, en la práctica, que los partidos políticos dejarán de controlar la administración de la entidad. La ley establece que corresponde a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado la elección de los cinco miembros del consejo de administración de la RAI, que serán designados «entre hombres y mujeres de reconocido prestigio profesional y de notoria independencia».
La nueva norma representa una ruptura con la práctica de los últimos decenios, en los que eran los partidos políticos quienes se repartían los cargos de los 16 consejeros. Esto daba lugar a las consiguiente presiones para conservar cuotas de poder, hasta llegar a una verdadera y propia repartición de los tres canales televisivos entre los principales partidos.
A partir de ahora, la elección del director general corresponderá al mismo consejo de administración, de acuerdo con el grupo industrial estatal IRI, que es el accionista único de la RAI. Con el anterior sistema, era el IRI, es decir, el gobierno, quien designaba al director general. Conforme con las normas no escritas de reparto, el cargo de director general correspondía habitualmente a un democristiano, mientras que la presidencia tocaba a un socialista.
Esta ley se considera como un primer paso en la reforma general de la RAI y del complicado sistema radio-televisivo italiano, un proyecto anunciado hace años pero que sólo ahora parece posible, con los últimos cambios en los equilibrios políticos del país.
Por otra parte, la RAI anunció el establecimiento, para 1995, de un índice que mida no ya el número de espectadores de los programas, sino la aceptación de su calidad. Una medida que pretende responder a lo que debe ser el papel de una televisión de titularidad pública: el objetivo ahora es la calidad.