La BBC, radiotelevisión pública británica, ha gozado por lo general de gran prestigio desde su fundación en 1922. Frente al carácter comercial de las emisoras privadas, los ciudadanos siempre han considerado a la BBC más seria y un símbolo nacional. Pero el comportamiento de la cadena en el caso Kelly ha defraudado la confianza de muchos, y el gobierno laborista quiere aprovechar la ocasión para redefinir la naturaleza, los fines y el control de la BBC.
La BBC se rige por un Estatuto Real y por una regulación gubernamental. Esta última, vigente desde 1986, expira en 2006 y tendrá que ser renovada. El gobierno de Blair quiere introducir cambios importantes en esa regulación. El ejecutivo laborista llegó a solicitar del Consejo de Gobernadores de la BBC (el órgano que vela por la independencia de la empresa informativa) una rectificación pública de la BBC acerca de los juicios emitidos por el reportero Andrew Gilligan sobre el dossier gubernamental sobre el armamento iraquí. Gilligan acusó al gobierno de haber alterado el informe en último momento con datos no verificados que no habían sido aprobados por los Servicios Secretos. El caso acabó con el suicidio de David Kelly, la fuente de Gilligan. El Consejo de Gobernadores optó por defender la actuación de los informativos de la BBC.
La ministra de Cultura, Tessa Jowell, declaró el pasado 18 de septiembre en una conferencia pronunciada en Cambridge, que había llegado el momento de repensar el modelo de la BBC. Jowell anunció un examen sobre el tamaño y los objetivos de la BBC, que permita definir los servicios que debe proveer, su modelo de financiación y su presencia en el mercado de la televisión, así como la relación calidad-precio de sus contenidos. Y siempre, según la ministra, teniendo en cuenta lo que espera el público de la BBC. Entre otras cosas, el gobierno no está conforme con un privilegio de la BBC: estar exenta de control por parte de Ofcom, el organismo regulador de las telecomunicaciones. Jowell dijo que un observador independiente, Lord Burns, antiguo ministro de Hacienda, será el encargado de elaborar un informe sobre la cuestión, que adoptará la forma de Libro Blanco, y que se hará eco de los puntos de vista de los profesionales del sector y de los espectadores. El Libro Blanco podría estar listo en 2004 ó 2005.
La reforma podría afectar a aspectos básicos de la financiación de la BBC, basada en el canon que paga todo propietario de un televisor. Actualmente, el canon reporta unos 2.000 millones de libras anuales a las arcas de la BBC. La BBC emplea a 27.000 personas, de las que 3.400 trabajan en los servicios informativos. El presidente de la cadena privada Granada TV, Charles Allen, ha pedido al Gobierno que considere la posibilidad de que las televisiones privadas perciban una parte de esos ingresos, al menos 250 millones de libras, atendiendo al servicio público que prestan. Granada TV obtuvo el año pasado unos beneficios de 176 millones de libras y es una de las cadenas de más éxito en el país. Para Allen, el objetivo original de la BBC, basado en asegurar el servicio público a través de su programación, se ha convertido en un propósito puramente comercial, y hace que esté más pendiente de las audiencias que sus competidores privados. Allen, en declaraciones a The Guardian, ha asegurado que «ITV, Channel 4 y Channel 5 han realizado una labor de servicio público que debería avergonzar a la BBC, al desempeñar el papel para el que ésta fue concebida».
La de Allen no es la única voz que se ha levantado últimamente desde las televisiones privadas británicas en contra de la tasa. Barry Cox, presidente de Channel 4, buen amigo de Blair, ha cuestionado en múltiples ocasiones el derecho de la BBC a recibir ingresos por ese impuesto. Ante la multiplicidad de cadenas, parece anacrónico cobrar a los espectadores por una televisión que quizá no ven y que, además, en los últimos años ha multiplicado sus ingresos directos por servicios comerciales.
The Economist (20-IX-2003) examina diversos aspectos de la actuación del director general de la BBC, Greg Dyke, del director de informativos, Richard Sambrooky, del editor del programa Today -en el que se difundió la noticia sobre el dossier de Irak- y del reportero Gilligan. El semanario habla de un crecimiento de la cultura de la imprudencia en la BBC, generado por la necesidad de competir en el mercado, y considera poco oportunas las cartas abiertas que Dyke y Gilligan han publicado en la prensa. La conclusión de The Economist es que la BBC necesita rectificar los errores cometidos, revisando cuestiones como la conveniencia de evitar los diálogos en directo entre un presentador de un informativo y un reportero que cubre una noticia especialmente delicada. «Pero sobre todo, la BBC necesita un poderoso director, que -como el de un periódico- pueda asumir la responsabilidad última de las noticias emitidas y para ello, exigir ser consultado sobre la elaboración de informaciones de alto riesgo».