Fracasa en la ONU el intento de garantizar el derecho al aborto, presentado ahora como un medio en la lucha contra la violencia a la mujer.

Al igual que el año pasado, la 57ª reunión de la Comisión para el Estatus de la mujer (CSW) –celebrada entre el 4 y el 15 de marzo– ha finalizado sin que los países participantes hayan llegado a un acuerdo. En un editorial del New York Times, se acusaba al Vaticano, a Irán y a Rusia, de haber puesto trabas a la declaración sobre los llamados “derechos reproductivos” de la mujer (incluyendo el aborto) que la ONU lleva tiempo fraguando y para la que no consigue el respaldo pretendido. A pesar de que el NYT haya querido vender la posición antiabortista como una cruzada de unos pocos países ultramontanos, lo cierto es que las fuerzas estaban mucho más igualadas. En un bando, el que reivindicaba el aborto como un derecho humano, estaba Estados Unidos y la mayor parte de los países europeos participantes en la Comisión, con Noruega especialmente activa. En el otro, además de la Santa Sede, Rusia e Irán (que se oponían por motivos distintos), había también países europeos, pero sobre todo latinoamericanos, africanos, asiáticos y de Oriente Medio. Finalmente, solo se ha elaborado una declaración, pero que no han firmado muchos de los países participantes, y cuyo contenido (aunque se mencionan en dos ocasiones los “derechos reproductivos” de la mujer) parece haber dejado insatisfechos a los países con una agenda más radicalmente abortista. Los Estados Unidos y algunos países europeos no aceptan que su agenda política en materia sexual no sea adoptada en el resto del mundo La reunión de este año se ha centrado en la prevención de la violencia contra la mujer. Según la perspectiva de los países y medios de comunicación “progresistas”, los países de la “impía alianza”, como denomina el NYT al grupo de la Santa Sede y otros, han desbaratado la posibilidad de avanzar en la protección de la mujer. Cabe preguntarse en primer lugar si este tipo de declaraciones no vinculantes que tanto gustan en la ONU tienen la capacidad real de cambiar las políticas nacionales o son simples brindis al sol destinados a ir introduciendo un determinado lenguaje. Más que bloqueo, obsesión Desde el otro bando ideológico, la perspectiva es diferente: los países que se han opuesto al “derecho reproductivo” del aborto lo han hecho, en su mayoría, porque no consideran que esa sea la mejor forma de proteger a la mujer frente a la violencia, sino más bien al contrario. En cuanto a quién tiene la culpa de que las negociaciones no hayan llegado a buen puerto, el grupo de países pro-vida critica la obsesión de ciertas instancias (Estados Unidos, Noruega y varios organismos de la propia ONU) de incluir en las declaraciones un lenguaje ambiguo que abra el camino para un aborto a la carta: referencias a los “derechos reproductivos”, “máximos estándares de salud sexual”, “control de la propia sexualidad”, o la inclusión del aborto como una forma de “violencia contra la mujer”. Un ejemplo de este tipo de lenguaje, a la vez ambiguo y coercitivo, es el mensaje escrito por la delegación de Estados Unidos en la CSW para el Día Internacional de la Mujer: “como personas no somos libres si permitimos que las mujeres y chicas tengan que luchar por sus vidas al encontrar sus derechos reproductivos bloqueados”. Pero la idea de que no permitir el aborto libre llevará a las mujeres a tener que “luchar por sus vidas” es claramente engañosa. Lo que puede provocar ese tipo de situaciones es sobre todo un sistema de salud deficiente. Y al contrario: Irlanda ha demostrado que es compatible una mortalidad materna muy baja y una política restrictiva sobre el aborto. También sorprende que la declaración de Estados Unidos no incluya, siquiera como contrapeso, una referencia a la vida del niño. La llamada “demanda no satisfecha” de contracepción no se corresponden con la definición de “demanda” que utilizaría cualquier economista Precisamente esto fue lo que le criticaron más de 20 organizaciones pro-vida, que firmaron una petición conjunta dirigida a la delegación estadounidense. En esa carta denunciaban además que Estados Unidos, junto con otros países y organismos, estaba tratando de eliminar referencias al “derecho inherente a la vida de toda persona” de acuerdos internacionales previos firmados en la ONU. En contestación al editorial del New York Times, Stefano Gennarini, miembro de una de las organizaciones pro-vida firmantes, declaraba en un artículo: “la razón por la que las negociaciones se han bloqueado en la Comisión no es que la Santa Sede, junto con una mayoría de países de todo el mundo (no solo Rusia e Irán), esté insistiendo en que las tradiciones y las religiones deben ser tenidas en cuenta en la implementación de las políticas de la ONU. La verdadera razón es que los Estados Unidos y algunos países europeos, no todos, están obsesionados con la “salud reproductiva y sexual” y los “derechos reproductivos”, dos términos controvertidos porque se utilizan frecuentemente para significar mucho más que una simple planificación familiar”. Y aclara: “si las negociaciones vuelven a fracasar [como efectivamente ha sucedido], la culpa será fundamentalmente de estos países, que no aceptan que su agenda política en materia sexual no sea adoptada en el resto del mundo”. Estadísticas poco claras La radicalidad de las propuestas abortistas de varios países y organismos de la ONU contrastan con la poca claridad de los datos aducidos para justificar su posición. Un ejemplo es la estadística que, según varios medios, han empleado varios defensores del aborto libre en la reciente reunión. Se trata de una estadística que forma parte de un informe realizado para el Banco Mundial en 1994, y según la cual el número de mujeres en edad reproductiva muertas por violencia machista superaría al de las muertas por cáncer, malaria o guerra en esa misma franja de años. Frecuentemente se ha incluido las muertes relacionadas con el aborto como parte de estas “muertes violentas”. En un artículo del pasado 7 de marzo, Rebecca Oas, directora de investigación del Catholic Family and Human Rights Institute (C-FAM) en Estados Unidos, explica por qué esta estadística es engañosa y ha sido empleada para promover el aborto sin restricciones. Otro ejemplo de tergiversación científica para justificar una determinada política sexual es el concepto de “necesidad insatisfecha de contracepción”, unmet need for contraception. Este término, también típico en las declaraciones de la ONU, intenta medir la necesidad mundial de contracepción. Para ello, y esto es lo curioso, suele incluir entre las necesitadas de contracepción no solo a las que han manifestado positivamente haber tenido un embarazo indeseado, sino también a muchas mujeres que han manifestado objeciones de cualquier tipo a la contracepción, y que sin embargo se consideran “necesitadas”. Aparte del paternalismo poco feminista que esconde esta concepción de la mujer, la utilización del término “unmet need” ha despertado críticas entre la propia comunidad científica. En un artículo aparecido el pasado julio en la página de C-FAM, se recogen varias opiniones de economistas y sociólogos sobre la poca validez científica del término. Lant Pritchett, economista de la universidad de Harvard, señalaba: “las cifras utilizadas habitualmente para estimar la ‘demanda no satisfecha’ de contracepción no se corresponden con la definición de ‘demanda’ que utilizaría cualquier economista (ni con el sentido común). Se trata de un constructo abstracto que se ha empleado con éxito para promover la planificación familiar”.

Vuelve a fracasar el intento de avalar el aborto

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