El coste de los medicamentos es una losa para los presupuestos de la sanidad pública. Pero existen formas de reducir los precios sin sacrificar la investigación.

El coste de los medicamentos es una losa para los presupuestos de la sanidad pública. Algunos culpan a las grandes farmacéuticas de anteponer sus intereses comerciales a las necesidades de la población. Pero existen formas de reducir los precios sin sacrificar la investigación. Genéricos y biosimilares Los medicamentos genéricos y biosimilares son productos que copian –totalmente los primeros, parcialmente los segundos– otros ya existentes cuando ha expirado la patente, habitualmente a los 20 años. Su producción es más barata que la de las medicinas originales. Se calcula que el gasto se reduce en un 40% en el caso de los genéricos, y entre un 20% y un 30% en el de los biosimilares. En los últimos años han surgido iniciativas para elaborar medicamentos sin ánimo de lucro Los genéricos ya se recetan con normalidad. En algunos países, incluso, la legislación obliga a los médicos a prescribirlos en lugar de los medicamentos originales cuando sea posible. No obstante, todavía no existen genéricos para algunas de las medicinas más complejas, y más caras. Los biosimilares se han desarrollado más recientemente, y aún no hay muchos productos aprobados por las autoridades sanitarias. Además, las grandes farmacéuticas mantienen una posición dominante en este sector, entre otras razones porque su desarrollo es más costosos que el de los genéricos, y por tanto difícilmente asumible por compañías pequeñas. Pese a estos obstáculos, algunos expertos consideran que en los próximos años habrá una explosión de genéricos y biosimilares –y por tanto una importante reducción de gastos–, porque expirarán las patentes de algunos medicamentos que han sido auténticas minas de oro para la industria farmacéutica. Transparencia en los costes de desarrollo Según Andrew Witty, que fue CEO de GlaxoSmithKline (GSK), las grandes farmacéuticas han exagerado tradicionalmente lo que cuesta producir un medicamento. Además, parte del gasto se debe, en su opinión, a sus propias ineficiencias, en concreto al desarrollo de fórmulas que acaban en nada. Para Witty, se podría reducir considerablemente el precio de los medicamentos si las compañías aplicaran mecanismos de “fracaso temprano”: detectar antes los proyectos que no tienen posibilidades de prosperar. Expertos en política sanitaria recomiendan que los gobiernos aprueben leyes de transparencia (varios ya lo han hecho), que exijan a las farmacéuticas detallar con precisión los costes. Esto permitiría saber qué parte del total se debe al lastre de los productos fallidos o a la partida destinada a marketing. Financiación condicionada Otra posibilidad para reducir el gasto en fármacos es que el sector público se dote a sí mismo de un margen de negociación del precio con las farmacéuticas, por medio de leyes o acuerdos caso por caso, de tal forma que se asegure al menos el retorno de la inversión. Una forma de hacerlo es ofrecer subvenciones condicionadas a que la compañía no sobrepase un precio límite, o bien que ceda al Estado un porcentaje de las ventas. Precio ajustado al valor clínico Los anteriores métodos limitan el margen de ganancia de las farmacéuticas, pero no aseguran que el precio del producto sea el adecuado a su valor en términos médicos, es decir, lo que aporta al tratamiento de una enfermedad con respecto a los productos ya existentes. La regulación de los precios según esta variable (Valued-Based Pricing, VBP) se está extendiendo en distintos países como forma de reducir los costes. En Reino Unido, el Instituto Nacional para la Excelencia en el Cuidado y la Salud (NICE) lleva más de diez años desarrollando un sistema con medidores objetivos para determinar el valor de los fármacos, y sus propuestas son tomadas como referencia por el Sistema Nacional de Salud para negociar con las farmacéuticas. Recientemente, la Sociedad Europea para la Oncología Médica presentó una herramienta de baremación llamada Escala de Magnitud de los Beneficios Clínicos. El precio de un fármaco debe depender lo que aporta al tratamiento de una enfermedad en comparación con otros ya existentes, y no solo de lo que haya costado fabricarlo Los defensores del VBP consideran que este sistema es más adecuado para valorar un medicamento que el de fijar el precio según lo que la compañía ha invertido en desarrollarlo. Ocurre lo mismo que al comprar un coche: el cliente pagará según sean las ventajas competitivas de un modelo con respecto a otro, y no simplemente según los costes de la fabricación. Límites a las patentes Otra opción más sencilla es poner límite a las patentes de los medicamentos, que algunos consideran excesivamente protectoras con las farmacéuticas. Una manera de hacerlo son las licencias obligatorias. Se trata de permisos concedidos por los gobiernos para que una compañía desarrolle un producto genérico utilizando una fórmula patentada por otra empresa. Esta posibilidad está recogida por una norma de la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 1995). El texto no circunscribe su uso solo a escenarios de crisis (da margen a los Estados para decidir el marco legal), pero sí establece algunas condiciones: la compañía receptora del permiso ha de haber intentado llegar a un acuerdo con la titular de la patente; además, esta recibirá una remuneración “adecuada al valor de la económico de la autorización”. Aunque este mecanismo fue pensado en un primer momento para el abastecimiento interno, una declaración posterior (Acuerdo de Ginebra, 2003: ver Aceprensa, 17-09-2003) permitió que los países desarrollados pudieran conceder licencias obligatorias para producir medicamentos con destino a la exportación a países pobres que no pudieran fabricarlos por sí mismos. Pese al previsible ahorro que las licencias obligatorias podrían suponer para las arcas públicas, muy pocos países las han otorgado desde 1995. Según algunos, para no desincentivar la investigación; según otros, por presiones de la industria farmacéutica. Otra manera menos problemática de evitar el efecto negativo de las patentes es llegar a acuerdos con las farmacéuticas para que las cedan voluntariamente a un “fondo de licencias”, que a su vez las ofrece a compañías especializadas en el desarrollo de genéricos. Este es el esquema de Medicines Patent Pool, una iniciativa de la ONU que desde 2010 ha conseguido el permiso para “copiar” 12 fármacos antirretrovirales, dos contra la Hepatitis C y uno contra la tuberculosis. Iniciativas sin ánimo de lucro Una alternativa al sistema de producción actual que está ofreciendo resultados prometedores son las iniciativas para elaborar medicamentos sin ánimo de lucro, por ejemplo a través de los Product Development Partnerships (PDP): acuerdos entre entes privados y públicos para producir fármacos que después se venden prácticamente a precio de coste. Es frecuente que filántropos particulares y ajenos al proceso de desarrollo cooperen a la financiación del proyecto. La mayoría de estas iniciativas han surgido en respuesta a urgencias sanitarias no cubiertas por la lógica de la oferta y demanda. Así ocurre, por ejemplo, con las enfermedades raras o las llamadas “enfermedades tropicales olvidadas”, que afectan a una población pequeña o de pocos recursos económicos. Hasta el momento, algunos de los proyectos PDP más importantes y exitosos en el ámbito del desarrollo de medicamentos –también hay algunos centrados únicamente en conseguir financiación o en la fase de investigación– son la Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi), la Medicines for Malaria Venture o la Tuberculosis Alliance. Además, varios gobiernos han desarrollado una plataforma nacional para programas PDP, como Holanda o Australia. Aunque, por ahora, las iniciativas sin ánimo de lucro se limitan casi exclusivamente al desarrollo de fármacos “de urgencia”, hay quien considera que este modelo podría extenderse a los medicamentos más habituales. Un ejemplo es la fundación holandesa Fair Medicine (ver recuadro). Producción pública Lo más opuesto al modelo actual de desarrollo y comercialización de medicamentos es la producción pública, en la que el Estado sustituye a las farmacéuticas: las universidades públicas investigan, los laboratorios nacionales ejecutan los ensayos clínicos y elaboran los fármacos, y el gobierno fija los precios. Se podría reducir el precio de los medicamentos si los laboratorios detectaran antes los proyectos que no tienen posibilidades de prosperar Brasil y Argentina son los países que más han avanzado en este camino. En Brasil, el gobierno ha promovido el desarrollo de varios medicamentos en los llamados “laboratorios oficiales”, como por ejemplo antirretrovirales contra el sida. Este programa, iniciado en 1997 ante el pico de infecciones registradas, ha sido exitoso tanto en términos médicos –reducción del número de contagiados– como económicos: en los cinco primeros años desde la aprobación del plan, los costes de producción descendieron casi un 80%. En Argentina, a mediados de la pasada década existían cerca de 30 laboratorios públicos. En 2007 se formó una red (RELAP) que aglutinaba a 25 de ellos, bajo la supervisión técnica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Un año más tarde se lanzó el Programa para la Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos. Esta iniciativa despegó con fuerza, en parte porque el RELAP se convirtió en el principal abastecedor del proyecto REMEDIAR, que pretendía suministrar gratuitamente una serie de medicamentos esenciales a los sectores más empobrecidos de la sociedad. A mediados de 2008, cuatro de estos laboratorios habían producido 40 millones de comprimidos de cinco fármacos diferentes. Sin embargo, sin muchas explicaciones, el Programa se desactivó apenas un año después. El gobierno volvió a dar prioridad a la compra de productos a las farmacéuticas privadas, con la promesa de negociar precios rebajados. No obstante, en 2011, una ley aprobada por el Congreso reconocía la falta de accesibilidad de los medicamentos, y señalaba a la producción estatal como una solución viable. Con todo, esta ley aún no se ha traducido en un nuevo impulso del sector. Según algunos expertos, Argentina no está aprovechando las posibilidades de un sistema público ya organizado como el RELAP, que podría servir de ejemplo a otros países. Colaborar para producir medicamentos más baratos Fair Medicine es una fundación holandesa creada en 2015. Su objetivo es desarrollar medicamentos más baratos y de forma transparente a través de un modelo colaborativo que involucra a farmacéuticas, aseguradoras, médicos, hospitales, investigadores, fondos de inversión y a los propios pacientes. Antes de empezar el proceso, todos los actores, que contribuyen a la financiación según sus capacidades, acuerdan de antemano cuál será el precio del producto final para costear los gastos y añadir un pequeño margen de beneficio. Compartir riesgos y ganancias refuerza la transparencia, y la participación de médicos y pacientes evita un enfoque puramente comercial.

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