Desde ahora, los psiquiatras británicos no podrán recurrir a las técnicas de “recuperación de recuerdos”, usadas para descubrir pasados abusos sexuales sufridos por los pacientes. Así lo ha decidido el Real Colegio de Psiquiatras, porque -afirma en unas normas publicadas el 1 de octubre- semejante método no es científico y fácilmente provoca recuerdos falsos y denuncias infundadas.
El método se basa en el supuesto de que las víctimas de abusos sexuales durante la infancia reprimen la memoria de los hechos, y el psicoterapeuta puede desenterrar esos recuerdos años después, mediante preguntas y sugerencias al paciente. El uso de esta técnica -especialmente difundida en Estados Unidos y Gran Bretaña- ha dado lugar a que algunas mujeres denuncien a sus propios padres por incesto, y a otros casos similares. También fue víctima de este método el desaparecido Card. Joseph Bernardin, arzobispo de Chicago (ver servicios 35/94 y 51/94). Un ex seminarista, que se sometió a la “recuperación de recuerdos”, acusó hace algunos años al cardenal de cometer abusos sexuales contra él cuando estaba en el seminario. Al cabo de varios meses, el acusador retiró la denuncia y alegó que el psicoterapeuta le había inducido falsos recuerdos.
El Colegio de Psiquiatras británico advierte que “en la intensa relación que puede establecerse entre el psicoterapeuta y el paciente, es posible que se provoquen recuerdos completamente falsos”. Por otro lado, añade, no está probado que las técnicas de “recuperación de recuerdos” puedan suministrar informaciones exactas sobre hechos pasados o siquiera recuerdos de experiencias reales. Por tanto, los psiquiatras deben tratar de impedir que los pacientes adultos denuncien ante las autoridades abusos sexuales supuestamente sufridos en la infancia. En cambio, están obligados a informar a la policía si un niño o adolescente les refiere espontáneamente abusos recientes.
A partir de ahora, los psiquiatras británicos que recurran a la “recuperación de recuerdos” serán objeto de sanciones por parte del Colegio. Las penas previstas son la expulsión del Colegio, la separación de la docencia o la denuncia ante el Consejo General de Médicos, organismo que puede retirar la licencia profesional.
