Las incursiones de pesqueros chinos en aguas sudamericanas empujan a Ecuador y los países vecinos a organizarse para proteger el medio ambiente y el sustento de sus pescadores.

Quito.— La pesca ilegal es una de las actividades ilícitas más lucrativas del mundo y tiene efectos devastadores no solo para la biodiversidad, sino también para la economía de las comunidades que viven de la pesca y para la seguridad alimentaria de todo el mundo. La última amenaza de las flotas chinas en los mares de cuatro países sudamericanos en 2020 insta a las autoridades a tomar medidas para mejorar la seguridad del ecosistema y de quienes viven de él. Ecuador recibió como nación anfitriona a ocho Armadas americanas y una europea en el ejercicio Unitas 2020, dirigido a perfeccionar conocimientos y habilidades para responder ante amenazas comunes o emergencias que se puedan suscitar en el mar. Este establecimiento de canales de cooperación funcionaría como disuasión contra peligros como el que supusieron las flotas pesqueras chinas que periódicamente amenazan las aguas cercanas a la zona protegida de las islas Galápagos y a las costas de Perú y Chile. Este verano, las naves chinas acecharon las costas de las islas Galápagos por cuarto año consecutivo. En 2017, un buque de bandera china fue capturado en la zona de la Reserva Marina con 300 toneladas de pesca que incluían al menos dos especies de tiburón protegidas por estar en peligro de extinción. En esta reserva de 133 000 km2, la segunda más grande del mundo, todas las especies están protegidas. Pero más allá de la cuestión sobre la ilegalidad de las actividades de pesca china en zonas de la Reserva Marina, la actuación de estas grandes flotas pesqueras renueva el debate sobre temas de sostenibilidad y protección del medio ambiente. A la par, renueva la preocupación sobre el impacto de cualquier medida a favor del medio ambiente en la industria pesquera. El dominó de la sobrepesca Expertos explican los efectos que tiene la sobrepesca de especies como el calamar gigante, muy importantes para el ecosistema marino, que, además, genera pérdidas a los pescadores de los países de América del Sur que dependen de ellas. La reducción de una población concreta de peces que sean clave en la cadena alimentaria de otros peces puede poner en peligro a más de una especie. Los desequilibrios generados por la pesca desenfrenada en una especie marina impactan a todo un ecosistema, incluyendo a las personas que viven en él y de él. La sobrepesca amenaza la fauna marina y también el sostenimiento de la población que depende de la pesca Sin embargo, el equilibrio no es fácil de alcanzar. Así, casi cinco meses después de la última amenaza de los pesqueros chinos, mientras colectivos ambientalistas instan a la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, la Comisión de Relaciones Internacionales, Soberanía y Seguridad apunta que una ampliación podría traer consecuencias negativas, principalmente en la disminución de áreas de pesca para la flota atunera ecuatoriana. Además de los conflictos en torno a la pesca industrial, es necesario observar la situación de la pesca artesanal en las costas del país, más allá de las islas protegidas. Los pescadores artesanales también atraviesan una crisis, agravada en gran medida por la actual pandemia y causada, entre otros, por procesos de regulación que afectan a su categorización como artesanales, o por el peligro que corren al enfrentarse a piratas u otras amenazas. Detrás de todas estas posturas y conversaciones, lo que se vislumbra es un intento por proteger y la pregunta eterna sobre quién o qué requiere mayor protección. Las discusiones al respecto continuarán, pero está claro que todos tendrán que considerar los beneficios y perjuicios que las medidas de protección tengan sobre todas las especies, también la humana. Cuidar primero lo que se hace en casa Aunque las alarmas saltan con especial fuerza ante la intervención de los buques chinos, la pesca ilegal no es una práctica únicamente extranjera. Ya en octubre del pasado 2019 la Unión Europea impuso la llamada “tarjeta amarilla” a Ecuador, al detectar deficiencias en las condiciones para prevenir y castigar la pesca ilegal. Desde un marco legal obsoleto hasta una mala gestión que muestra discrepancias en declaraciones y registros, pusieron al país en una situación preocupante. De no corregir los problemas, Ecuador recibiría la “tarjeta roja” que lo identifica como no cooperador en la lucha contra la pesca ilegal y se bloquearían sus exportaciones pesqueras a la UE. Este esfuerzo europeo responde a la que consideran una responsabilidad ante sus consumidores de garantizar que las importaciones provengan de actividades de pesca legal y supone para los ecuatorianos una llamada de atención, así como una oportunidad para mejorar las prácticas en el país. Todo esto también invita a una concientización de los consumidores sobre la trazabilidad de los productos que adquiere: la preocupación sobre el camino que el alimento ha tenido que seguir hasta llegar al punto de venta podría ser la forma de los compradores de apoyar los esfuerzos por mantener industrias sostenibles en todo el mundo. Cabe destacar que la gobernanza del océano y de los recursos naturales finalmente no considera únicamente la protección de la fauna para evitar su extinción por un afán de antropomorfización o de defensa de los derechos de los animales, sino por un intento velar por el sostenimiento de las actividades económicas de una población. ¿Qué se pescará cuando no quede nada? Y no solo se debe considerar las actividades de pesca, también las relacionadas con el turismo y el atractivo natural de ecosistemas con fauna y flora única en el mundo. Finalmente, reducir el impacto de las flotas pesqueras permite la conservación y es un paso relevante hacia la búsqueda de la sostenibilidad. Esfuerzos de cooperación Milko Schvartzman, especialista en conservación marina y miembro del Círculo de Políticas Ambientales de Argentina, declaraba para DW que es posible observar cómo China no coopera realmente con la conservación marina y explicaba que lo más necesario era el trabajo en conjunto de los gobiernos de la región y los organismos internacionales para detener el gran daño al ambiente marino, a las economías y a los pescadores locales. En esta línea, Chile, Ecuador, Colombia y Perú –miembros de Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS)– han unido fuerzas para enfrentar la presencia de flotas extranjeras que faenan en sus costas, suscribiendo el pasado 3 de noviembre una declaración conjunta sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) de embarcaciones extranjeras en las zonas adyacentes a las zonas marinas bajo la jurisdicción de cada país. Se trata de otro mecanismo para facilitar la adopción de medidas más eficientes a nivel regional.

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