Marihuana legal para recaudar impuestos

En California, una petición que dice haber reunido 700.000 firmas propone que en las elecciones del próximo noviembre los ciudadanos decidan sobre la legalización de la marihuana. Los impulsores de la iniciativa piensan que los tiempos están maduros, porque la mitad de la población ha consumido alguna vez marihuana y hoy habría una mayoría a favor de la legalización. Está por ver si sería así, pues a veces los californianos dan sorpresas, como hicieron rechazando en referéndum el matrimonio gay, que ya se había legalizado. Pero lo más novedoso de la propuesta es que el argumento principal a favor de la marihuana legal es el económico. Hay que tener en cuenta que el estado de California sufre una grave crisis de las finanzas públicas, que ha obligado a despidos de funcionarios y serios recortes en los presupuestos. En esta tesitura, los promotores del referéndum aducen que la legalización de la marihuana sería un buen negocio para el Estado por los ingresos fiscales que supondría la venta libre del cannabis. Con un impuesto de 50 dólares por onza (28,3 gramos), calculan que el Estado podría obtener unos 1.000 millones de dólares al año. Los críticos dicen que esa cifra está inflada, pero en cualquier caso lo llamativo es la apelación al Estado para que se lucre con un producto que nadie considera inocuo. Uno de los argumentos tradicionales para legalizar la marihuana ha sido que la medida arrebataría el negocio a los traficantes, la droga sería más barata, ya no haría falta delinquir para obtenerla y el comercio estaría regulado. Ahora, en cambio, se piensa en el negocio fiscal que supondría para el Estado. Pero los impuestos con que el Estado grava productos como el tabaco o el alcohol no están pensados con la idea de fortalecer las arcas públicas, sino como una medida disuasoria para reducir el consumo. De hecho, esos ingresos nunca compensarán los gastos sanitarios y sociales que ocasionan los prejuicios causados en la salud por esos productos. Por eso, el argumento invocado por los promotores de la legalización deja bastante que desear. Si la marihuana se abarata por la legalización, su uso se facilitará, con lo que solo cabe esperar un aumento del consumo y a la par de los gastos sanitarios. Nada impedirá tampoco que los grandes traficantes actuales se reciclen en empresarios legales de la droga, y emprendan campañas de marketing. Empezarían por inundar el mercado con droga muy barata, con lo que conseguirían millones de nuevos adictos, y esa expansión del mercado les resarciría con creces de la reducción de precios. También cabe legalizar la marihuana, pero poner unas tasas tan elevadas que mantengan alto su precio. Ahora bien, como indica la experiencia del contrabando de tabaco, en tal caso los traficantes siempre tendrán un incentivo para seguir en la clandestinidad y vender la droga por debajo del precio oficial. La legalización no significaría quitar el negocio a los traficantes, sino poner al Estado a competir con ellos. Y en esta competencia, quien tiene la responsabilidad de la salud pública lleva siempre las de perder, pues los otros pueden no respetar las reglas que se fijen. Se puede discutir cuáles son las medidas más efectivas en el control de las drogas. Pero en todo caso el objetivo final es siempre evitar su difusión. Y despenalizar estimula el consumo. Es cierto que, en el caso de la marihuana, ya existe una inevitable tolerancia de hecho, así que esas drogas son relativamente fáciles de obtener aunque estén prohibidas. Pero la penalización no tiene por objetivo principal mandar a la cárcel a los que fuman porros -cosa que no se hace-, sino disuadir a los que no los han probado. Tampoco se entendería que el mismo Estado que emprende vigorosas campañas anti tabaco se volviera comprensivo con los que fuman marihuana, cuando el daño pulmonar y la presencia de sustancias cancerígenas en el humo del cannabis es mayor que en el cigarrillo. Ni que, después de perseguir tanto la conducción bajo los efectos del alcohol, se perdiera de vista la influencia del consumo de marihuana en los accidentes de tráfico. Nadie admitiría que, para abaratar costes, una empresa en dificultades se saltase las normas ambientales, que protegen la salud pública. Pues tampoco tiene sentido que para superar una crisis presupuestaria un Estado haga negocio con sustancias tóxicas.

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