Danco Laboratories, la empresa que distribuye la píldora abortiva RU-486 en Estados Unidos, hizo público la semana pasada que su producto ha sido utilizado por más de 100.000 mujeres en los casi dos años que lleva en el mercado. El dato confirma el escaso éxito que ha tenido la píldora en el país (cfr. servicio 82/01): se ha empleado solo en el 4% o menos de los 2,6 millones de abortos realizados durante el mismo periodo. En torno a la mitad del total se podrían haber hecho con píldora, pues no se habían sobrepasado las siete semanas de embarazo, el periodo en que se puede abortar con la RU-486.
Pero, como explica Gina Kolata en The New York Times (25-IX-2002), el aborto con Mifeprex (nombre comercial de la RU-486 en Estados Unidos) es más caro y molesto que el aborto quirúrgico. Según médicos y clínicas abortistas, añade la periodista, la mayoría de las mujeres a las que se ofrece la píldora la rehúsan al conocer que exige tres visitas a la consulta en dos semanas y tomar otro fármaco adicional; entraña riesgo de dolores y hemorragias; y el procedimiento cuesta en total unos 100 dólares más que el aborto quirúrgico.
Los promotores de la RU-486 en Estados Unidos esperaban que hiciera el aborto menos visible y menos polémico, al poder ser empleada -al contrario que en otros países que también la han autorizado- en la consulta de un médico, y no solo en una clínica. Pero tampoco los médicos muestran entusiasmo por Mifeprex. Les exige seguir la evolución de la mujer durante dos semanas y poder remitirla al quirófano si surgen problemas. Los riesgos les hacen también temer demandas por mala práctica y la consiguiente subida de las pólizas de seguro por responsabilidad civil. De modo que solo el 17% de las ventas de Mifeprex corresponden a consultas privadas de médicos. También para las clínicas es mucho más cómodo el aborto quirúrgico, que se resuelve en unas horas.
El uso de la píldora abortiva está extendido en algunos países: Francia, Suecia, Escocia. Pero el riesgo de complicaciones ha frenado su uso en otros, como España (ver servicio 32/00) o Nueva Zelanda (ver servicio 148/01). En Alemania, los laboratorios responsables decidieron abandonar la comercialización porque no era rentable, a la vista de la escasez de ventas (ver servicio 113/00). En Estados Unidos se dilató mucho la autorización porque ninguna casa farmacéutica estaba interesada en producirla y venderla (ver servicio 132/00). Solo se aprobó la píldora allí gracias a que el Population Council, que obtuvo los derechos para Estados Unidos, con ayuda de otras organizaciones abortistas, creó Danco Laboratories con el exclusivo fin de fabricarla (ver servicio 159/00). Los resultados obtenidos hasta ahora han decepcionado a los promotores: la RU-486 «no es la revolución social que habían predicho», declara al New York Times Ron Fitzsimmons, director ejecutivo de la National Coalition of Abortion Providers.
El servicio 68/99 («Lo que hay que saber sobre la píldora abortiva») detalla los efectos y riesgos de la RU-486, así como la historia de su comercialización hasta ese momento.
Por otro lado, la semana pasada hubo otra noticia sobre el aborto en Estados Unidos. La Cámara de representantes aprobó, por 229 votos contra 189, un proyecto de ley que permitiría a los hospitales y seguros médicos negarse a realizar o sufragar abortos sin por ello perder financiación de Medicare y otros organismos federales que costean la atención médica de distintas categorías de personas. El gobierno celebró la decisión de la Cámara en una declaración oficial que señalaba: «Los hospitales y los profesionales de la salud no deben ser forzados a realizar abortos o intervenir en abortos. Esta ley deja claro que no pueden ser objeto de discriminación por parte del gobierno federal, ni por gobierno estatal o local alguno (…) por oponerse a participar en abortos o en instrucción para realizar abortos». El asunto es de gran importancia, en especial para los numerosos hospitales católicos del país, que rehúsan practicar abortos y enseñar a hacerlos a los médicos residentes de ginecología, y no están claramente protegidos por la cláusula de objeción de conciencia vigente en la legislación actual. Sin embargo, es improbable que la medida aprobada por la Cámara de Representantes sobreviva en el Senado, donde la mayoría demócrata no está a favor.