Ante la falta de acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para pronunciarse sobre la ampliación del aborto preparada por el gobierno español, algunos consideran inaceptable que un proyecto de ley llegue al Parlamento sin el dictamen preceptivo, hecho realmente insólito. Pero lo más extraordinario sería que el gobierno hiciera algún caso de los argumentos contrarios a su postura, a la vista de su indiferencia a los informes críticos que recibieron reformas igualmente polémicas, como la ley del divorcio exprés o la del “matrimonio gay”.
Por segunda vez en sus 29 años de historia (la primera fue en 1994 con otra iniciativa referida al aborto), el CGPJ no ha logrado ponerse de acuerdo para emitir el informe que está obligado a hacer sobre determinados proyectos de ley. El borrador, elaborado por Margarita Uría (Partido Nacionalista Vasco) y respaldado por los vocales propuestos por el Partido Socialista, daba el visto bueno a la reforma con la que el gobierno pretende implantar el aborto libre.
El resultado de la votación (10 votos a favor, 10 en contra y una abstención) pone de manifiesto la división que siembra este proyecto radical. Tampoco logró la mayoría el dictamen rival que presentó Claro José Fernández (vocal propuesto por el Partido Popular): fue rechazado por 11 votos -de los 10 vocales que habían apoyado el otro, más el del que se había abstenido- contra 10 -los “síes” de la votación anterior-.
Curiosamente, la falta de acuerdo en torno al texto propuesto por el “conservador” Fernández no llamó la atención de los que ahora fustigan al Consejo por la discrepancia en torno al texto de la “progresista” Uría. Da la impresión de que el choque de posiciones encontradas (tan habitual en el seno de una institución democrática) sólo preocupa cuando está en juego el pensamiento dominante.
Donde sí hubo mayoría es en el Consejo Fiscal. El mes pasado, este órgano emitió un dictamen (con 6 votos a favor y 5 en contra) contrario a la reforma del aborto. El documento cuestionó la constitucionalidad de varios artículos del anteproyecto y advirtió que la nueva ley del aborto dejaría “absolutamente desprotegido en determinados momentos” al nasciturus.
Informes para un gobierno sordo
Ni los informes del Consejo Fiscal ni los del CGPJ son vinculantes, y además, la práctica de los gabinetes presididos por Rodríguez Zapatero es no tenerlos siquiera en cuenta. El CGPJ emitió un dictamen muy crítico con la reforma del divorcio emprendida por el gobierno socialista en 2004, y éste hizo caso omiso (ver Aceprensa 8-12-2004).
Lo mismo ocurrió en el debate sobre el proyecto de autorizar el matrimonio personas del mismo sexo. El CGPJ expresó serias dudas sobre la constitucionalidad del proyecto del gobierno, que las descartó alegando que el informe no era vinculante (ver Aceprensa 2-02-2005).
También el dictamen consultivo del Consejo de Estado desaconsejó la regulación de la unión entre homosexuales por la vía de la equiparación al matrimonio (ver Aceprensa 29-12-2004). Pero el gobierno tampoco escuchó y siguió adelante con su reforma.
A juzgar por estos antecedentes, no parece que la inexistencia de un informe del CGPJ sobre la ley del aborto sea en la práctica tan importante como sugiere El País (24-07-2009) cuando denuncia “la incapacidad del Consejo para actuar como institución”. Al fin y al cabo, el destinatario de los preceptivos dictámenes de este organismo solo lo quiere para que actúe de comparsa.