Los jueces confirman las enmiendas constitucionales de dos estados que protegen la vida humana desde la concepción.

Las leyes latinoamericanas que protegen al embrión sufren acoso por parte de organizaciones abortistas. En México se recurren las enmiendas constitucionales de los estados que protegen la vida del embrión. Recientemente, en El Salvador, se reclama que se relaje la prohibición del aborto aduciendo un caso límite. El pasado dos de mayo, la Corte Suprema de Justicia Nacional (CSJN) falló a favor de dos enmiendas de las constituciones de Oaxaca y Guanajuato, que declaran la vida humana digna de ser protegida desde el momento de la concepción. Otra enmienda similar, a la constitución de Querétaro, fue declarada nula por un defecto de forma, y podrá revivir si se lo subsana. El debate sobre el aborto en México ha estado centrado en las competencias de los estados desde que en 2007 el Distrito Federal aprobara una ley que permitía el aborto a petición de la madre durante las 12 primeras semanas de embarazo. Esta norma fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad, pero la CSJN lo rechazó alegando que regular el aborto entra en las competencias de los estados (ver Aceprensa, 2-09-2008). Este argumento sirvió para que en los años posteriores 17 estados aprobaran enmiendas constitucionales que protegían la vida del embrión desde la concepción. Los abortistas no estuvieron de acuerdo en estos casos con el principio de autonomía de los estados: dos de estas enmiendas fueron denunciadas y el caso volvió a llegar a la CSJN, que las avaló (ver Aceprensa, 7-11-2011). Pero la votación fue tan ajustada, que dejaba abierta la posibilidad de nuevos recursos cuando dejaran su puesto en la CSJN dos jueces de la mayoría. Efectivamente, se suscitaron tres nuevas controversias constitucionales, que son las que acaba de fallar la CSJN, esta vez con mayoría más amplia. La Corte Suprema valida las enmiendas provida a las constituciones de Oaxaca y Guanajuato, y rechazan la de Querétaro por un defecto de forma Queda por ver si después de una segunda sentencia del tribunal con mayor rango del país, los abortistas se dan por vencidos. El recurso a organismos internacionales para hacer presión a su favor –ha habido declaraciones de la ONU tanto en 2011 como ahora– lleva a pensar que el debate volverá a abrirse. Se esperará a un cambio de jueces en la CSJN, o a un cambio de gobierno, o a un supuesto “cambio de mentalidad” de la sociedad mexicana. El Salvador: un caso límite reabre el debateEl Salvador es uno de los países con leyes más claramente provida de todo el continente americano. La vida del embrión está protegida en todos los supuestos. Desde la posición abortista, esto supone una flagrante violación de los derechos de la mujer, y acarrea una alta mortalidad materna, ya que fuerza a las mujeres a realizar los abortos en la clandestinidad. Este tipo de argumentos encuentran apoyos eficaces en historias dramáticas como la de Beatriz, una salvadoreña de 22 años que, según los médicos, puede morir en caso de no abortar a su hijo. La historia de Beatriz es realmente un caso límite: padece Lupus eritematoso y una insuficiencia renal severa; además, de acuerdo con las pruebas realizadas, el niño nacería con anencefalia, por lo que probablemente no sobreviviría mucho tiempo después del parto. Pero a pesar de lo raro del caso, diversos grupos abortistas están presionando para que la historia de Beatriz sea la punta de lanza para introducir una legislación menos restrictiva con respecto al aborto. Por ejemplo, los abogados que defienden su causa pertenecen a la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico. En El Salvador, la prohibición del aborto terapéutico no ha impedido que baje la mortalidad materna Otros, como la propia ministra de Salud, simplemente piden que se haga una excepción con Beatriz, lo que podría suponer un considerable barullo legal. Por otro lado, el caso ha alcanzado una relevancia internacional, ya que la defensa de Beatriz ha acudido al amparo de la ONU y la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. Los representantes de la ONU en El Salvador ya han manifestado que, aunque no existe un “derecho al aborto” en la legislación internacional, se podrían aplicar las normas internacionales que prohíben el trato “cruel, inhumano o degradante” contra cualquier persona, y “cualquier forma de discriminación” contra la mujer. Sin embargo, un caso excepcional no suele ser un buen motivo para cambiar las leyes, que se elaboran atendiendo al contexto general. Es cierto que la tasa de mortalidad materna de El Salvador es alta: entre 60 y 80 por cada 100.000 nacidos vivos, pero es menor que la de la mayoría de los países centroamericanos, y en la última década ha bajado (un 25% según estadísticas internacionales, algo más según los datos del propio gobierno). Uno de los argumentos típicos de los grupos pro-choice es que no está comprobado que las legislaciones más restrictivas consigan impedir que se aborte, y sin embargo sí hacen aumentar las muertes de madres. En El Salvador, desde que en 1990 se prohibió el aborto terapéutico, la tasa de mortalidad materna ha bajado más de un 50%. Se podrá decir que el descenso no se debe a la nueva ley, sino a una mejora general de las condiciones de salud. Pero si es así, como efectivamente demuestra el caso de Chile (ver Aceprensa, 13-06-2012), ¿por qué no invertir en el sistema sanitario, en acercar los cuidados médicos a las embarazadas o en ayudas a la maternidad, en vez de enfrentar a la madre con una decisión traumática?

La Corte Suprema mexicana vuelve a proteger al embrión

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