Roma. La discrepancia en los criterios políticos que deben regular la investigación en el área de la biotecnología estuvo a punto de provocar una ruptura en la coalición de centro-izquierda que sostiene al gobierno italiano. La chispa que hizo saltar la polémica fue un manifiesto, firmado por 1.500 personas relacionadas con la investigación, en el que se criticaba la postura restrictiva del ministro de Agricultura, el verde Pecoraro Scanio, y se solicitaban más fondos públicos y una mayor libertad para la investigación. Pero si el enfrentamiento adquirió cierto relieve fue gracias a la habilidad de los promotores del manifiesto para explotar el momento de pre-campaña electoral que atraviesa el país.
En realidad, los verdes han defendido los criterios contenidos en el programa de la coalición que gobierna Italia, basados en el principio de precaución, en el «no» a las patentes sobre la vida y en los criterios restrictivos para la experimentación en campo abierto de cultivos transgénicos. Pero ante el riesgo de que el descontento fuera abanderado por la coalición de centro-derecha, capitaneada por Berlusconi, y de que la oposición se hiciera paladín de la libertad de investigación, el gobierno accedió a un acuerdo: sí a la experimentación en cultivos, pero controlada por una comisión de expertos.
Más allá de las razones de unos y otros, el episodio ha representado el mayor enfrentamiento de los ex comunistas del Partido Democrático de la Izquierda con los ecologistas, a quienes han acusado de «fundamentalismo ideológico anticientífico». Los verdes, por su parte, han hecho más hincapié en los aspectos sociopolíticos que en los estrictamente científicos; es decir, en el «espíritu de Seattle», con sus advertencias sobre la amenaza para la libertad que supondrían las compañías multinacionales propietarias de la producción agrícola modificada y patentada, etc.
Este episodio ha mostrado también la confusión de la opinión pública en este campo. Una perplejidad tal vez alimentada por noticias contradictorias, como la euforia cientificista con la que algunos presentaron la conclusión de los trabajos sobre el mapa del genoma humano y la alarma de las vacas locas que desde hace meses atraviesa Europa. Dos aspectos que no están relacionados, pero que de algún modo han puesto delante de los ojos hasta qué punto las repercusiones de la investigación científica afectan a nuestra propia vida.
Diego ContrerasLa UE aprueba los transgénicos
Contra lo que se esperaba, casi todos los diputados ecologistas del Parlamento Europeo (PE) decidieron no oponerse a la autorización de los cultivos transgénicos. Sobre los organismos genéticamente modificados pesaba una moratoria de hecho en la Unión Europea (UE), por las dudas sobre su inocuidad, de modo que no se ha dado el placet a ninguno nuevo desde 1998. El 14 de febrero, el PE aprobó por amplia mayoría la directiva comunitaria que establece los requisitos para permitir los transgénicos. 31 de los 35 diputados verdes presentes se abstuvieron, indicando así que no mantenían reservas fundamentales contra el fin de la moratoria, aunque no estuvieran completamente de acuerdo.
El portavoz de los verdes, el belga Paul Lannoye, explicó la postura de su grupo argumentando que el proyecto sometido a votación era mucho más estricto que el texto inicial. Según la nueva directiva, las autorizaciones serán por periodos renovables de diez años. Las solicitudes tendrán que ir acompañadas de una evaluación de riesgos más rigurosa. Los transgénicos resistentes a los antibióticos tendrán que ser retirados del mercado antes de 2004 (se da cuatro años más a los destinados a la Medicina o a la investigación). Las etiquetas de estos productos tendrán que especificar toda clase de detalles. Y la Comisión Europea dictará normas para vigilar el itinerario de los transgénicos desde el desarrollo en laboratorio hasta el uso en artículos de consumo.
En virtud del sistema de codecisión, la directiva tenía que ser ratificada por el Consejo de Ministros de Medio Ambiente, que lo hizo al día siguiente de la votación parlamentaria. Y entre el Consejo y el PE había una discrepancia que se ha resuelto mediante una fórmula de compromiso. El PE quería que los datos sobre campos de cultivo de transgénicos fueran públicos, a lo que en el seno del Consejo se oponía, principalmente el Reino Unido, por temor a la acción de grupos que han destruido campos de este tipo. Al final, la directiva manda que haya un registro público de los cultivos experimentales de transgénicos, pero deja al arbitrio de cada Estado la oportunidad de publicar los datos sobre los cultivos comerciales.
La aprobación de la directiva no significa el levantamiento inmediato de la moratoria. En el Consejo de Ministros, por iniciativa de Francia, este país y otros cinco (Austria, Dinamarca, Grecia, Italia y Luxemburgo) acompañaron sus votos favorables de una declaración en la que reafirman su intención de mantener la moratoria hasta que la Comisión promulgue las normas precisas para vigilar el desarrollo y comercialización de los transgénicos.