Un año después de que el Parlamento de Irlanda rechazara un proyecto de ley para ampliar los casos de aborto, el gobierno de coalición formado por conservadores y laboristas ha presentado uno nuevo que admite la amenaza de suicidio como motivo para abortar.
La iniciativa, que llega en pleno clima de agitación mediática por el caso de Savita Halappanavar, parece confirmar la idea de que en Irlanda la causa a favor de liberalizar el aborto solo puede avanzar a golpe de casos extremos.
En abril de 2012, tres diputados socialistas presentaron un proyecto de ley del aborto con el que pretendían actualizar la ley vigente a la luz de una sentencia del Tribunal Supremo de 1992 y de otra del Tribunal Europeo de Derecho Humanos de 2010. El Parlamento irlandés rechazó el proyecto por amplia mayoría: 111 votos contra 20 (cfr. Aceprensa, 20-04-2012).
El proyecto fallido de 2012, así como las sentencias que invocaba para justificar la reforma, se basaban en varios casos de alto voltaje emocional. La del Tribunal Supremo se refería al caso de una chica de 14 años que alegó haber quedado embarazada a consecuencia de una violación y aseguró que se suicidaría si no se le permitía viajar a Gran Bretaña para abortar.
El aborto sería legal cuando exista riesgo de muerte para la madre, también por amenaza de suicidio
La del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue motivada por tres mujeres que afirmaban haberse visto obligadas a ir al extranjero para abortar, porque su salud estaba en peligro. El Tribunal solo dio la razón a una de las demandantes: una mujer lituana, residente en Irlanda, que estaba en fase de remisión de un cáncer y temía una recaída. La mujer denunció que no se le había informado de si su caso entraba dentro del supuesto de “grave y sustancial peligro” para la vida de la madre, único caso en que la legislación irlandesa permite el aborto desde 1983. Ante la falta de información, la mujer tuvo que ir a abortar al Reino Unido (cfr. Aceprensa, 17-12-2010).
Lo poco que exigía Estrasburgo
La sentencia del Tribunal Supremo dictaminó que se puede abortar si “existe un riesgo real e importante para la vida de la madre –y no solo para la salud–, que solo se puede evitar con la interrupción del embarazo”. Su controvertida decisión –basada en el dictamen de un psicólogo clínico, sin intervención de ningún especialista en psiquiatría– suponía admitir el aborto si la embarazada amenaza suicidarse. A día de hoy, ninguna ley irlandesa ha autorizado el aborto para este supuesto.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que la prohibición del aborto vigente en Irlanda es compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos. El problema, que es lo que motivó la condena a Irlanda, es que en la legislación actual falta un procedimiento por el que la mujer pueda comprobar si estaba autorizada a abortar según la ley irlandesa.
“Los juristas saben que la reforma no nace de una exigencia legal. Los médicos saben que desde el punto de vista sanitario no es necesaria”
Desde 1992, año en que se levantó por referéndum la prohibición de ir a abortar al extranjero y se permitió distribuir información sobre cómo abortar fuera del país, nada impide que una mujer que quiera abortar por otro motivo distinto al del “grave y sustancial peligro” para la vida de la madre pueda hacerlo en el extranjero.
En una columna publicada en el Irish Times, William Binchy, miembro de la Comisión Irlandesa de Derechos Humanos, denuncia el falso argumento de quienes dicen que la reforma propuesta es una exigencia impuesta por el Tribunal Europeo de Derecho Humanos. La sentencia de 2010, explica, “se limita a pedir mayor claridad a nuestra ley”.
“Ya es hora de que tengamos un debate serio [sobre este tema]. Todo el mundo sabe que el proyecto de ley es fruto del oportunismo político (para el Partido Laborista es además un paso importante y necesario hacia la legalización del aborto sin condiciones). Los juristas saben que [la reforma] no nace de una exigencia legal. Los médicos saben que desde el punto de vista sanitario no es necesaria. Y los psiquiatras saben que es perjudicial para el bienestar de algunos de sus pacientes”.
En Irlanda la mortalidad materna es una de las más bajas del mundo
Una reforma extrema para una circunstancia extrema
Si la intención del gobierno irlandés fuera limitarse a cumplir las exigencias impuestas por el Tribunal de Estrasburgo, hubiera bastado con redactar una serie de disposiciones orientadas a mejorar la información de las mujeres que no saben si sus casos caen dentro del permitido por la legislación irlandesa.
Sin embargo, la reforma –conocida como “Ley de protección de la vida durante el embarazo”– va mucho más lejos. De aprobarse el texto propuesto, el aborto pasaría a ser legal cuando exista riesgo de muerte para la madre, incluidos los casos médicos de emergencia, los que no son de urgencia y la amenaza de suicidio. Para evitar que este último supuesto se convierta en un coladero, un comité formado por tres médicos (un obstetra o un ginecólogo y dos psiquiatras) evaluará el estado de salud físico y mental de la embarazada.
Es cierto que el proyecto de ley de 2012 ya pensaba adaptar la legislación vigente a la sentencia del Tribunal Supremo, que daba más facilidades para abortar mientras desprotegía la vida del no nacido. Lo que pasa es que el nuevo intento se presenta en un clima social agitado por el caso de Savita Halappanavar. Aunque la muerte de esta dentista india se debió a un “accidente médico” en el tratamiento de una septicemia, y no porque los médicos se negaran a practicarle un aborto, los pro-choice tuvieron la habilidad de utilizarlo para exigir la liberalización del aborto (cfr. Aceprensa, 23-04-2013).
El aborto no es un remedio psiquiátrico
Tras conocerse el proyecto, y dada la ambigüedad del texto en algunos puntos, los obispos de Irlanda reaccionaron con firmeza. A nadie se le escapa que la reforma es un paso más hacia el aborto sin condiciones. En su respuesta preliminar, los obispos recordaron en primer lugar que la Iglesia católica nunca ha enseñado que la vida del no nacido deba ser preferida a la de la madre; ambas son sagradas y merecen igual protección. De ahí que sean éticamente lícitas las intervenciones médicas necesarias para salvar la vida de una mujer embarazada cuando la vida de ella corre peligro, aunque puedan causar, indirectamente, la muerte del niño no nacido. También recuerdan que la ley irlandesa autoriza este tipo de intervenciones.
Pero lo que consagra el nuevo proyecto de ley es una cosa bien distinta, a juicio de los obispos. La reforma “legaliza en Irlanda la muerte directa e intencionada del no nacido” y “representa un cambio drástico en la legislación irlandesa, moralmente inaceptable, e innecesario para garantizar que las mujeres reciban un tratamiento seguro durante el embarazo”. Y añaden: “Matar directamente a un no nacido nunca es un remedio para la tendencia suicida y, por eso, nunca debería alegarse como un motivo que justifique la matanza directa de un ser humano inocente”.
Los obispos también advierten que “el proyecto parece imponer a los hospitales católicos el deber de practicar abortos”. En efecto, el artículo 12 dice que no se podrá obligar “a ningún médico, enfermera o comadrona a practicar o ayudar a practicar la interrupción legal del embarazo”. Pero a renglón seguido el mismo artículo añade que “ninguna institución, organización o un tercero podrá negarse a proveer una interrupción legal del embarazo a una mujer alegando la objeción de conciencia”.
Gerry Whyte, profesor de derecho constitucional en el Trinity College de Dublín, cree que el artículo 12 podría ser contrario a la Constitución irlandesa, que protege el derecho de las instituciones religiosas a actuar conforme a sus creencias. A su juicio, la cláusula de conciencia prevista por el proyecto “no cubre a las instituciones”.
En la misma línea, el think tank The Iona Institute recuerda una resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 2010, que reafirmó el derecho a la objeción de conciencia sanitaria. Dice en su artículo primero: “Ninguna persona, hospital o institución será coaccionada, culpada o discriminada de ninguna manera por negarse a realizar, autorizar, participar o ayudar a practicar un aborto, la eutanasia o cualquier otro acto que pueda causar la muerte de un feto humano o un embrión, por cualquier razón”.
Sobre esta polémica, no son nada tranquilizadoras las palabras del líder laborista Eamon Gilmore cuando dice que es razonable reconocer a los individuos la objeción de conciencia al aborto, si bien es preciso que “de forma colectiva, como sociedad –y que así lo garanticen los legisladores–, esté claro qué puede hacer una mujer cuya vida está en peligro; qué tratamientos tiene a su disposición”.
A juzgar por sus palabras, se podría pensar que Irlanda tiene problemas con las muertes maternas a consecuencia de su legislación restrictiva del aborto. Pero la realidad es que este país tiene una de las tasas de mortalidad materna más bajas del mundo (6 muertes por 100.000 niños nacidos vivos), muy por debajo de otros países donde el aborto es a petición: Estados Unidos (21), Nueva Zelanda (15) o Inglaterra (12).
El proyecto de ley, que el gobierno pretende sacar adelante antes del verano, necesita el visto bueno de un comité parlamentario y este lo remitirá a la Cámara baja irlandesa. El primer ministro Enda Kenny, del partido conservador Fine Gael, ha anunciado que sus diputados deberán someterse a la disciplina de partido.