La causa del suicidio asistido tiene poco que ver con el llamado “dolor insoportable” del que hablan las leyes, y más con la idea de que solo algunas vidas merecen la pena.

El caso de Brittany Maynard reavivó el debate sobre el suicidio asistido en California, que previamente había rechazado varias propuestas de legalización. La última ha corrido finalmente la misma suerte, aunque el cambio de posición de la Asociación Médica de California declarándose “neutral” en este tema llevó al Senado a aprobar el proyecto a principios de junio. Pero en la Cámara baja no tiene suficiente apoyo, por lo que ha sido abandonado. La mayoría de los que piden el suicidio asistido lo hace por causas psicológicas En otros lugares también se ha abierto recientemente este debate. Varios estados norteamericanos han rechazado propuestas similares a las de California (por ejemplo, Massachusetts, Colorado o Connecticut), y en otros los textos aún se encuentran en fase de discusión. Intentos fallidos Fuera de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Canadá sentenció en febrero que negar el suicidio asistido a un adulto competente y no coaccionado, que sufre dolores insoportables y cuya condición es grave e incurable, atenta contra la protección constitucional de “la libertad y la seguridad personales”. El caso que motivó la sentencia era muy parecido al de Sue Rodriguez, una mujer a la que unos antes el mismo tribunal, basándose en la misma constitución, negó la eutanasia. Se espera que el Parlamento retome la cuestión a la vuelta del verano. Tendrán que dilucidar si el fallo del Tribunal Supremo obliga a sancionar el suicidio asistido por ley. El Parlamento canadiense ha rechazado legalizar la cooperación al suicidio en otras ocasiones (cfr. Aceprensa, 27-04-2010). También en Reino Unido ha habido varios intentos fallidos. Hace un año no prosperó un proyecto de ley presentado por Lord Falconer, que sin embargo ha sido recuperado ahora, con alguna adaptación, por un parlamentario laborista. Será debatido por la Cámara de los Comunes en septiembre. La ley perfecta no lo es tanto Muchos de los partidarios de legalizar el suicidio asistido toman como modelo la norma vigente en el estado de Oregón desde 1997. Subrayan su eficacia para evitar los abusos a los que han dado lugar las leyes de Bélgica y Holanda. El texto especifica que solo se podrá facilitar el suicidio a los pacientes terminales (con una esperanza de vida inferior a seis meses), mentalmente competentes y que hayan manifestado por escrito a su médico, en presencia de dos testigos, que su solicitud es consciente y libre. No se requiere la existencia de un dolor insoportable, y en cuanto al tipo de enfermedad, solo se excluyen las psíquicas. La ley de Oregón, que los partidarios del suicidio asistido proponen como modelo, tiene importantes fallos Las autoridades sanitarias de Oregón siempre han presumido de que esta ley, con todas sus cautelas legales, elimina la posibilidad de caer en la pendiente resbaladiza, o de favorecer la coacción sobre los enfermos más vulnerables (por ejemplo, los deprimidos). Sin embargo, como señala la organización Patient Rights Council, las garantías no han servido para evitar una aplicación expansiva. Según datos del propio sistema de salud en un informe de 2014, ocho pacientes tomaron las dosis letales en 2013 tras serles prescritas en 2011 o 2012, por lo que el diagnóstico de los seis meses de vida claramente falló Otros 31 obtuvieron sus dosis en 2013, pero se desconoce si las han utilizado. Algunas de las enfermedades aceptadas para justificar la eutanasia fueron la diabetes mellitus, hepatitis vírica, o dolencias de riñón asociadas al alcoholismo, que parecen fácilmente tratables. En cuanto a la pendiente resbaladiza, la aprobación de la ley no ha dejado de producir sus efectos asociados: los suicidios no médicos han aumentado muy por encima de la media nacional, y las peticiones de eutanasia se han multiplicado por cinco desde 1997, con un crecimiento sostenido. De pedir el suicidio asistido a luchar contra él El caso de Jeannette Hall basta para comprender que, a pesar de todas las barreras contra posibles abusos, la ley pasa por alto un factor determinante: el dolor psicológico y la soledad que en muchos casos envuelven a los que solicitan el suicidio asistido. Las circunstancias de Jeannette no eran fáciles: se había divorciado, y pocos meses antes habían muerto su hermano (se suicidó) y su madre, después de un largo periodo de demencia. Cuando se le diagnóstico un cáncer inoperable, decidió rechazar el tratamiento de quimioterapia. Sin él, su esperanza de vida era de seis meses o un año como máximo, así que “cumplía” con los requisitos para exigir la eutanasia. El médico que la trató se dio cuenta de que su paciente “se había convertido en terminal por su propia decisión de no seguir viviendo”. Durante un tiempo trató de convencerla para que no recurriera al suicidio. Se enteró de que tenía un hijo a punto de terminar la universidad, y consiguió persuadirla para que fuera a su graduación. Cuando este se dio cuenta de la situación de su madre, volcó su atención en ella. Jeannette recuperó sus ganas de vivir, aceptó recibir quimioterapia, y quince años después vive feliz –y curada–, y se ha convertido en una activista contra el suicidio asistido. El debate se ha reabierto en California, Canadá y Reino Unido, más por “historias chocantes” que porque haya nuevos argumentos El punto de vista de los discapacitados Recientemente, The Economist ha vuelto a defender el suicidio asistido, e incluso aboga por una ley menos restrictiva que la de Oregón. Según dice, exigir que el propio paciente se administre la dosis, aunque esté pensado para evitar abusos por parte de médicos “compasivos”, “discrimina” a algunos discapacitados. También aboga por incluir las enfermedades psicológicas entre las causas admitidas. Y propone ampliar la eutanasia a enfermos no terminales, pues “hay que atender a la valoración del dolor por parte del paciente, no al tipo de patología”. El semanario pide, eso sí, algunas cautelas: ofrecer alternativas, entre ellas los cuidados paliativos y asistencia psicológica (según el informe oficial de Oregón, solo la recibieron dos pacientes de los más de 70 que se suicidaron en 2013); establecer un periodo de espera desde que el enfermo pide la dosis hasta que se le concede; varios médicos deben confirmar el diagnóstico. Si después de todo, el enfermo quiere suicidarse, es una decisión personal que se debe respetar. Los discapacitados, en cambio, suelen tener otro punto de vista, como muestran los que se movilizaron contra el proyecto californiano. Un reportaje en The Atlantic recoge los testimonios de varios de ellos. Por ejemplo, Deborah Doctor dice que el texto no tiene en cuenta la vulnerabilidad a que se enfrentan muchos enfermos, particularmente si son mayores y han perdido a sus familias: “No todo el mundo es Brittany Maynard. Nuestra responsabilidad es pensar en los que pueden sufrir coerción y abuso”. Esta presión, ya sea de la familia o de los médicos, puede ser involuntaria: basta con hacer sentir al enfermo que la pérdida de autonomía (la razón más citada –90%– por los que se acogieron al programa de Oregón) equivale a pérdida de dignidad (la segunda, un 80%), o que es una carga para otros (la tercera, un 40%). Tales ideas influyen en el paciente, y lo sitúan en una situación de extrema vulnerabilidad. En este campo se juega la batalla por la dignidad del enfermo. Cuidarle es tratar de aliviar todas sus dolencias, no solo las físicas: un 72% de los que solicitaron el suicidio asistido en Oregón en 2013 ni siquiera mencionaron el dolor físico entre las razones de su petición.

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