El presidente portugués pide que se revise la ley aprobada por el Parlamento, por considerar que no define bien los requisitos para morir y el procedimiento para comprobarlos.

El Tribunal Constitucional de Portugal, en Lisboa (CC Novo Liceu) Lisboa.— La redacción final de la ley que regula la eutanasia fue aprobada en el Parlamento portugués el 29 de enero, con los votos a favor del 62% de los diputados presentes, y enviada a la Presidencia de la República. El presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, decidió remitir el texto al Tribunal Constitucional, al considerar que utiliza conceptos excesivamente indeterminados y que deja a los médicos la responsabilidad de llenar el vacío que la ley debería cubrir. Entre la aprobación en general de la ley de eutanasia en febrero de 2020 y la votación final del mes pasado, el Parlamento tuvo oportunidad de discutir una propuesta de referéndum popular, promovida por la Federación para la Vida y apoyada por la Iglesia católica. Oír sin escuchar a la sociedad civil La iniciativa de unos 100.000 ciudadanos (la ley exige al menos 60.000) proponía que se escuchara a los portugueses sobre este delicado asunto, que estuvo ausente de la campaña para las elecciones legislativas de 2019. En este sentido, una consulta tendría la virtud de llenar el déficit democrático de la ley ahora aprobada. Los diputados que aprobaron la eutanasia no tuvieron en cuenta el parecer de los colegios profesionales de médicos y enfermeras Sin embargo, del mismo modo que los partidos políticos no querían en 2019 arriesgar sus votos entrando a un asunto tan divisivo, la izquierda parlamentaria no quería arriesgarse a perder en un referéndum popular la victoria que tenía asegurada en el Parlamento. Los líderes parlamentarios que propusieron la eutanasia repitieron una y otra vez que el proceso legislativo incluía una amplia gama de audiencias con expertos, que en efecto tuvieron lugar. Pero una cosa es oír y otra muy diferente es escuchar. Y los diputados oyeron, pero no escucharon los múltiples pareceres y opiniones críticas que emanaban de la sociedad civil: por supuesto, los del órgano consultivo del Parlamento sobre los problemas bioéticos, pero también los de los colegios profesionales de médicos y enfermeras, así como la posición conjunta del grupo de trabajo compuesto por ocho confesiones religiosas con presencia en Portugal. Requisitos para la eutanasia La ley de eutanasia aprobada en el Parlamento prevé dos criterios clínicos (o un criterio y dos subcriterios), que se evalúan en el transcurso de un procedimiento que implica cinco momentos principales: Solicitud del paciente. El procedimiento clínico para la eutanasia es iniciado por el paciente, mayor de edad, mediante una petición dirigida a un médico que el propio paciente ha elegido (por ejemplo, su médico personal o médico de familia). Parecer del médico. El médico, por su parte, proporciona al paciente toda la información médica pertinente sobre su situación clínica, los tratamientos disponibles y el pronóstico, y emite un dictamen en el que se indica si el paciente cumple los criterios clínicos establecidos por la ley, a saber, la situación de “sufrimiento intolerable” (criterio 1), con “lesión incurable de extrema gravedad según el consenso científico” o “enfermedad incurable y mortal” (criterio 2, o subcriterios 1 y 2). Opinión del especialista. Si el primer médico da parecer favorable, se consulta a otro, especialista en la patología específica del paciente, para que dictamine si la situación clínica del paciente cumple los criterios legalmente requeridos. Dictamen de una Comisión. Con las opiniones favorables de los dos médicos, el caso se remite a una Comisión de Verificación y Evaluación, compuesta por dos juristas, un médico, un profesional de enfermería y un especialista en bioética. La Comisión, que opera en el ámbito del Parlamento, tiene la tarea de emitir un dictamen final sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley para la práctica de la eutanasia. Aplicación de la eutanasia. Una vez que la Comisión haya emitido el dictamen final favorable, se acuerda con el paciente el día, la hora, el lugar y el modo de aplicación de la eutanasia. La voluntad clara, libre y reiterada del paciente de anticipar su muerte ha de expresarse en todos y cada uno de los momentos del procedimiento clínico, incluso en el momento inmediatamente anterior a la administración de los fármacos letales. Conceptos indeterminados Al decidir no promulgar la ley, sino enviarla al Tribunal Constitucional, Rebelo de Sousa aclaró que no estaba presentando a los jueces la cuestión de la constitucionalidad de la eutanasia como tal, sino señalando más bien la posible inconstitucionalidad de algunas normas específicas. En concreto, las normas dudosas son: las que rigen los conceptos relevantes para los criterios clínicos que justifican el recurso legal a la eutanasia, y aquellas que regulan la evaluación que los médicos deben hacer sobre la conformidad entre la situación clínica del paciente y los criterios clínicos legalmente requeridos. Rebelo de Sousa subraya que la situación de “sufrimiento intolerable” contiene una dimensión subjetiva que, en sí misma, parece que no permite concluir con certeza si el sufrimiento en cuestión debe medirse desde la perspectiva exclusiva del paciente o desde la evaluación del médico. El presidente portugués considera problemático que los doctores tengan que llenar el vacío normativo que la ley debía explicitar La misma indeterminación conceptual parece afectar a la situación de “lesión irreparable de extrema gravedad según el consenso científico”, y a la de “enfermedad incurable y mortal”. En particular, el presidente cuestiona el concepto de “lesión irreparable” por no decir nada sobre el carácter mortal de la lesión, lo que abre el camino a anticipar la muerte basándose en una lesión que, a pesar de ser incurable, no aboca por su propia naturaleza a la muerte del paciente. Tal indeterminación conceptual no se ajustarían a las exigencias constitucionales relativas a los principios de dignidad e inviolabilidad de la vida humana, ni a la seguridad jurídica. Por otro lado, en la medida en que el médico general y el médico especialista están llamados a dictaminar si en el paciente se cumplen los criterios clínicos, el presidente de la República considera especialmente problemático que los médicos tengan que llenar el vacío normativo que la ley debería cubrir, en aparente violación del precepto constitucional que prohíbe expresamente la delegación de la interpretación e integración de la ley en actos de carácter no legislativo. A la espera de la decisión Los partidos políticos fueron unánimes en acoger con naturalidad la decisión del presidente de la República de solicitar una revisión preventiva de la constitucionalidad de la ley de eutanasia, aunque interpretaron de manera diferente los motivos alegados por el mandatario. Por un lado, los partidos contrarios a la ley reafirmaron el argumento de que el texto es demasiado vago en sus conceptos principales. Por otro, los que tuvieron la responsabilidad de redactar y aprobar el texto final contraponen que lo importante para la constitucionalidad de la ley es que “los conceptos sean determinables”. El Tribunal Constitucional debe responder a la petición del presidente Rebelo de Sousa dentro del mes de marzo. Si los jueces consideran inconstitucionales las normas que han sido cuestionadas, el Parlamento tendrá otra oportunidad de modificar la ley sobre la base de las recomendaciones de la sentencia, lo que supondría admitir que una ley de esta naturaleza ha de redactarse con mayor determinación conceptual.

La ley portuguesa de eutanasia, en manos del Tribunal Constitucional

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