El deseo de Emmanuel Macron y la presión de personalidades y asociaciones partidarias de legalizar la eutanasia en Francia siguen encontrando serios obstáculos. En un nuevo episodio de este ya largo itinerario, la propuesta ha sido rechazada por la mayoría de los senadores.
Es lógico que no resulte fácil reformar la ley Claeys-Leonetti, sobre el fin de la vida, aprobada con amplísima mayoría en 2016. La decisión del Senado, en segunda lectura del proyecto de reforma, abre un nuevo capítulo dentro de la excesiva polarización de la política francesa, especialmente agudizada desde la disolución de la Asamblea Nacional en 2024. En ese momento, era ya fuerte la oposición a la eutanasia.
El trámite parlamentario ha ido concatenando retrasos ante la necesidad de dar prioridad a otros asuntos, con debates interminables, como la aplicación de la reforma de las pensiones, la política de defensa o los presupuestos de la Seguridad Social y del propio Estado.
François Bayrou, primer ministro en 2025, decidió dividir en dos el proyecto anterior: uno, dedicado a los cuidados paliativos (había quedado clara, también en una gran consulta popular, la casi unanimidad ciudadana en este punto); otro, al acompañamiento al final de la vida, campo profusamente minado.
La Asamblea Nacional aprobó la ley de cuidados paliativos, pero se atascó en la relativa al fin de la vida. Finalmente, incorporó en esta la asistencia médica a una muerte digna. El texto fue corregido por el Senado y hubo que darle una segunda vuelta, con una intermitencia en los debates derivada de la inestable situación política general. Así, hasta el 27 de mayo del año pasado, en que la Asamblea aprobó con 305 votos contra 199 la asistencia a morir, y el proyecto pasó de nuevo al Senado. A pesar de la mayoría de centroderecha, la cámara alta ha sorprendido al reduce aún más que antes el alcance de la ley: se limita al derecho del paciente o de su familia al “mejor alivio posible del dolor y el sufrimiento”. En el fondo, supone volver, con distinta redacción, a la ley vigente.
Una solución inesperada en el Senado
Los líderes de los grupos decidieron anticipar el voto, tras la parte introductoria, del artículo que establece las “condiciones de acceso” a la muerte médicamente asistida, solicitada por pacientes franceses o con residencia legal, mayores de 18 años, con capacidad de expresar su voluntad libremente y con pleno conocimiento de causa. Debían padecer un sufrimiento físico o psicológico constante, resistente al tratamiento o insoportable para quien optase por no recibirlo o interrumpirlo. Tenía que ser consecuencia de una enfermedad grave e incurable, independientemente de su causa, que pusiera en peligro la vida, tanto en una fase terminal, como una fase avanzada, caracterizada por la aparición de un deterioro irreversible de la salud comprometedor de la calidad de vida. El texto fue rechazado el 21 de enero por 144 contra 123 en la votación del 21 de enero. Y se aprobó una enmienda sustitutiva.
Un colectivo de médicos y juristas sostiene que nada justifica la eutanasia en un país donde cada día unas 500 personas mueren privadas de cuidados paliativos
A juicio de los observadores, la negativa se ha producido por una amalgama de consideraciones de distinto signo, desde los partidarios de una eutanasia plena, hasta los que no están dispuestos a aprobar la ley mientras no exista un plan efectivo y real de cuidados paliativos, muy deficientes a pesar de las continuas promesas. Otros manifiestan simplemente su enfado con el gobierno, que ha establecido un plazo de tramitación demasiado ajustado para una ley de enormes consecuencias antropológicas. Lo denunció con ironía una senadora de la Polinesia francesa: “Primero ayudaremos a la gente a morir, luego pensaremos en cómo mantenerla con vida…” Además, refleja la profunda división dentro de los partidos y también dentro de cada uno de los tres bloques principales que polarizan el horizonte parlamentario.
La decisión privaba de sentido al texto, como expresó el presidente de la Comisión de Asuntos Sociales del Senado. Para salir del atolladero, una senadora de centro derecha, Anne Chain-Larché, presentó la enmienda –que fue aprobada– contra la eutanasia y el suicidio asistido, y a favor del derecho al “mejor alivio posible del dolor y el sufrimiento, sin ninguna intervención voluntaria con la intención de causar la muerte o ayudar a morir”. La votación final será el 27 de enero, aunque algunos consideran que, tal como ha quedado la redacción, vaciada de su clave de bóveda, es un texto fantasma, una mascarada. Y el proyecto volverá a la Asamblea Nacional, que previsiblemente insistirá en el derecho a morir, mientras Macron parece partidario de convocar un referéndum para salir del atasco… De momento, miles de personas participaron en París el domingo 18 en una marcha por la vida.
Viejos y nuevos argumentos
El 20 de enero, un colectivo de médicos y juristas expresó en una tribuna aparecida en Le Monde que el texto en vía de aprobación ponía en riesgo los fundamentos de la medicina y del contrato social: les parecía incomprensible para la población, inaplicable por los cuidadores e incontrolable por los juristas. Consideraban que favorecer la muerte no puede ser un acto médico, un “cuidado” para los enfermos en fase terminal. A su juicio, el arsenal legislativo actual permite ya responder a las necesidades de ese periodo de la vida: en concreto, la ley Claeys-Leonetti, que reguló la sedación profunda y continua.
Afirman expresamente que la sedación es un acto terapéutico pertinente de manera muy precisa en una fase del acompañamiento, cuando no existe otra posibilidad de atender al enfermo. Nada justifica una eutanasia en ese momento. No hay “urgencia eutanásica”, puesto que se puede aliviar totalmente al paciente. Imponer en todo final de vida una elección entre sedación y eutanasia no hará más que incrementar las tensiones e incomprensiones entre los allegados y los equipos.
A juicio de los firmantes de la tribuna, en un periodo de profunda inestabilidad, tanto nacional como internacional, sus conciudadanos tienen necesidad de seguridad y sosiego. Es el gran momento para defender los valores –fundantes– de solidaridad y fraternidad, y de proteger al máximo a unos cuidadores que lo pasan muy mal: para ellos esta ley supondría una degradación aún más intensa de su misión.
Hasta ahora –concluyen–, Francia ha sido pionera en las leyes destinadas al cuidado de las personas al final de su vida: ¿por qué deberíamos imitar a los países que han legalizado la eutanasia? ¿Se quiere alardear de “modernidad”? ¿Es un progreso provocar la muerte en un país que deja morir cada día a 500 personas privadas de los cuidados paliativos que necesitan? “Hoy –afirman– se ofrece al Senado la oportunidad de restablecer el sentido común en este debate y animar a todas las fuerzas de solidaridad y cuidados del país a no lanzarse a una huida hacia adelante incontrolable”.