Ensañamiento propagandístico sobre un cadáver

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Duración lectura: 4m. 32s.

Contrapunto

La desgracia del tetrapléjico Ramón Sampedro acabó en un drama con cianuro. Tras el suicidio, ahora algunos intentan dar al caso el tratamiento de una novela policiaca con expectación mediática y final feliz ante los tribunales.

El diario El País, que ha tomado a pecho esta cruzada pro eutanasia, ha escrito el guión de este docudrama. Su editorial (26 de enero) respira ese didactismo arrogante, al que últimamente nos tiene acostumbrados. Primero, debe haber un proceso: “En un Estado de derecho, las leyes deben cumplirse. (…) La justicia, por tanto, debe actuar”. Segundo, debe haber un acusado: “La desobediencia civil es una forma legítima de luchar por el cambio de las leyes, siempre que se acepten las eventuales consecuencias penales de tal actuación”. Tercero, este caso demuestra que la ley es inaplicable: “Pero sería estar ciego ignorar las peculiaridades de este caso”. Cuarto, lo mejor es una condena con indulto: “Y si la ciega justicia concluyera condenando a alguien por haber ayudado a Ramón Sampedro a morir, el indulto debería ser inmediato, solicitado por el propio tribunal”.

Para que la acción no decaiga asegura que numerosas personas “han anunciado ya su deseo de autoinculparse en cuanto se señale formalmente a un posible culpable”. Pues lo importante es que todo desemboque en el happy end diseñado: “El proceso debe servir también para plantear un debate en profundidad sobre la conveniencia de despenalizar la eutanasia en determinadas circunstancias y bajo garantías tasadas. Se trata de reconocer el derecho a recibir ayuda para poner fin a la vida…”. Curioso debate, donde de antemano se dice la única salida legítima.

Nada decepcionaría más a los promotores de este guión que el juez decidiera archivar el caso y no buscar más culpables, habida cuenta de que la voluntad suicida de Sampedro era patente. Porque, tanto el tetrapléjico gallego como los que han decidido instrumentalizar su muerte, confiesan abiertamente que este caso debe ser una palanca para cambiar la ley.

Así se ve en la secuencia informativa de una semana de El País. El domingo, un reportaje casi de estilo Agatha Christie nos cuenta que nada menos que “once manos amigas” innominadas intervinieron en el suicidio de Sampedro. Cada una con una función diferente, de modo que ninguno de estos actos puede considerarse delictivo en sí mismo. El martes publica el llamado “testamento” de Ramón Sampedro, que no es sino un manifiesto en favor del derecho a disponer de la propia vida, donde él se declara único responsable de su muerte.

El jueves, asegurando que “el testamento de Sampedro ha abierto una apasionada polémica en la sociedad española”, la tensión informativa se mantiene con una ronda de opiniones a favor y en contra de la eutanasia. Bajo la aparente objetividad del contraste de opiniones, el diario fija así el marco polémico que desea. Porque la muerte de Sampedro podría dar lugar a otros debates propios del caso, como los medios para favorecer una vida digna de los tetrapléjicos, la política de prevención del suicidio o el desarrollo de los cuidados paliativos para enfermos terminales. Pero ninguno de estos asuntos ha merecido la atención de El País.

El viernes, El País parece ya nervioso porque el juez no ha inculpado todavía a nadie, y titula a toda página: “Mil vecinos del pueblo de Sampedro piden clemencia para quienes le ayudaron a morir”. Pero ¿cómo tener clemencia cuando nadie ha sido juzgado ni castigado? También informa que “más de 70 personas declaran haber colaborado en el suicidio”, lo que, sin duda, podría dar lugar a un juicio muy vistoso.

Aunque, de una parte, se dice que nadie debe ser condenado, de otra se busca una cara emblemática de las “manos amigas” que ayudaron a Sampedro, sobre la que podría caer la “ciega justicia”. Por dos veces en una semana, El País ha publicado a tres columnas la fotografía de Ramona Maneiro, amiga de Sampedro. Aunque se hable de posible castigo y de clemencia, Ramona no parece nada asustada, sino cada vez más sonriente y, cabría decir, satisfecha con esta inesperada popularidad.

El sábado El País mantiene la alimentación artificial del caso con un cambio de enfoque. Asegura que, “según fuentes jurídicas”, los familiares de Sampedro podrían “heredar” el recurso de amparo que había presentado ante el Tribunal Constitucional contra las resoluciones judiciales que le negaron el derecho a la eutanasia. Cómo un muerto puede reclamar el derecho a morir sería un buen tema para un debate en profundidad. Pero lo importante es que el Tribunal siente doctrina. Una nueva ronda de opiniones y una foto de recogida de firmas en apoyo de la eutanasia completan el serial, que, sin duda, continuará.

Es cierto que Sampedro quería convertir su dramático caso en un revulsivo en pro de la idea libertaria del derecho a disponer de la propia vida. De todos modos, el mantenimiento asistido de una polémica más mediática que social, la búsqueda de una prolongación infructuosa del caso en los tribunales, revela un ensañamiento mediático que tiene más que ver con la propaganda que con la información.

Ignacio Aréchaga

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