La maternidad subrogada se parece cada vez más a una industria en sus procedimientos, pero se resiste a presentarse como un simple negocio.

Los mercados tradicionales de “vientres de alquiler” (India, Tailandia, Camboya) tratan de establecer límites legales a esta práctica para que no se convierta en un mecanismo de explotación de mujeres pobres. Mientras, las candidatas, mayormente atraídas por el beneficio económico, se quejan de la falta de humanidad en el proceso, aunque en general tampoco se sienten oprimidas. A finales de septiembre, el gobierno indio declaró que revisaría la legislación sobre nacimientos subrogados. En un primer momento se aludió a la posibilidad de prohibir esta práctica a clientes extranjeros, aunque también se ha hablado de ilegalizarla cuando constituya una actividad comercial (es decir, cuando la “madre de alquiler” reciba una compensación económica por sus servicios). El negocio de los vientres de alquiler en India ha crecido ha crecido a un ritmo del 20% por año en la última década, y actualmente mueve en torno a 138 millones de dólares, según estimaciones del Ministerio de Salud. La regulación ha sido hasta ahora muy laxa, incluso más que la de otros países que también amparan esta práctica. Por ejemplo, no hay restricciones sobre el número de embriones que pueden ser transferidos a la madre gestante. Otros factores que han influido en el auge de esta práctica son la buena cualificación del servicio médico, gran parte del cual ha estudiado en el extranjero, el coste del procedimiento (de 18.000 a 30.000 dólares, casi cuatro veces más barato que en Estados Unidos), y la creciente oferta de vientres de alquiler entre las mujeres indias, que cobran de media unos 8.000 dólares. En India, la gran mayoría de las mujeres que prestan sus vientres lo hacen por dinero, aunque en general no se sienten explotadas Los mercados tradicionales aumentan las restricciones El cambio legislativo sugerido por el gobierno viene después de que el Tribunal Supremo se pronunciara en contra de la “explotación” que sufren muchas gestantes por alquiler. El veto a la comercialización de esta práctica supondría un segundo golpe importante a la industria de la subrogación, después de que en 2005 el ejecutivo prohibiera a parejas homosexuales y personas solteras obtener un hijo por este procedimiento. También otros países han establecido límites legales más estrictos para esta práctica. Tailandia prohibió en febrero su comercialización, por lo que ahora solo es legal si la gestante acepta el embarazo por motivos altruistas. Además, los únicos clientes permitidos serán las parejas heterosexuales casadas (tres años de matrimonio como mínimo) en las que al menos uno de los cónyuges sea tailandés. Tras esta nueva normativa, varias clínicas tailandesas abandonaron el país en busca de mercados menos regulados. Muchas de ellas se mudaron a Camboya. Pero ante la creciente demanda, y el miedo a que provoque un brusco aumento en casos de explotación de las más pobres, el gobierno camboyano está planteando una ley para calificar la subrogación como “tráfico de personas”. El mundo intelectual mayoritariamente se ha posicionado en contra de esta cosificación de la mujer Otros territorios están recogiendo toda la demanda que no queda cubierta como consecuencia de las restricciones en los mercados tradicionales. El estado mexicano de Tabasco en teoría solo contempla la práctica de los “vientres de alquiler” por motivos altruistas, pero aquí el número de candidatas no deja de crecer por dos razones: por un lado, las madres reciben importantes pagos encubiertos en forma de “donaciones”; por otro, Tabasco se ha hecho con gran parte de la demanda de parejas homosexuales norteamericanas, que hasta 2005 contrataban una mujer india. Diferentes perspectivas sobre un mismo fenómeno El fenómeno de los vientres de alquiler ha sido abordado desde distintos puntos de vista: una perspectiva ética ha señalado los problemas que implica en cuanto a la desfiguración de los lazos familiares, y la cosificación de la gestante (que se convierte en un mero instrumento) y del niño (concebido como el producto de este intercambio comercial). También se ha señalado, desde un enfoque jurídico, el rompecabezas legal en que quedan los nacidos por este procedimiento. El feminismo se ha dividido en este debate: algunos autores y autoras consideran que el fenómeno de los vientres de alquiler supone una victoria para la mujer, en cuanto que reafirma –siempre que no haya coerción– su autonomía para decidir sobre el propio cuerpo. Además, esta práctica permite ser padre o madre a colectivos tradicionalmente “excluidos” como las parejas homosexuales o los padres y madres solteros, sin tener que someterse a procesos de fecundación artificial. (No deja de ser curiosos que, después de clamar contra el “yugo de la maternidad”, parte del feminismo reclame ahora este yugo como un derecho). Sin embargo, otro sector –mayoritario– piensa que “alquilar” a una mujer, aunque sea con nobles propósitos, implica una forma de tráfico humano que daña la dignidad de las gestantes. Además, argumentan, esta práctica explota a las más pobres en beneficio de las ricas. Todos estos enfoques están recogidos en Wombs in Labor, libro publicado a finales de 2014 por Amrita Pande, una socióloga india que trabaja en la Universidad de Ciudad del Cabo. El trabajo de Pande, no obstante, se centra en dos aspectos que no han sido tan tratados en la literatura anterior sobre el tema: la red comercial que se ha ido creando en India en torno al negocio de los vientres de alquiler, y las historias humanas que hay detrás de las cifras. Cada vez más países establecen restricciones al negocio de los vientres de alquiler Necesitadas, pero no oprimidas Pande realizó su trabajo de campo entre 2006 y 2011. En estos años no solo investigó el asunto, sino que convivió estrechamente con las gestantes en una de las clínicas pioneras en el negocio de los nacimientos subrogados. Uno de los méritos del libro es desvelar toda la red de beneficiarios que existe en torno a los actores principales (los clientes, la madre y el niño). Entre estos beneficiarios están, por supuesto, las clínicas y sus doctores, pero también algunas personas dedicadas a buscar candidatas para alquilar su vientre, habitualmente entre las clases menos favorecidas de la sociedad. La táctica de reclutamiento consiste en presentar el proceso como un intercambio comercial que, a la vez, permite satisfacer a una pareja sus ansias de ser padres. Sin embargo, a pesar de que la necesidad económica es el principal motivo aducido por las gestantes, no resulta fácil evitar que se creen lazos afectivos con el niño. Como cuenta Pande, muchas mujeres que han alquilado su vientre se resisten a referirse a sí mismas como “trabajadoras”; de hecho, es frecuente que utilicen terminología religiosa para describir su función, quizá como una forma de protegerse de la presión social, que no ve con buenos ojos la maternidad subrogada. No obstante, según Pande, tampoco conviene pensar en el negocio de los vientres de alquiler como un mecanismo esencialmente opresor, por el que personas adineradas se aprovechan de la incultura y candidez religiosa de unas pobres mujeres. Aunque la mayoría de las gestantes proceden de clases sociales bajas y no tienen seguro médico, no conviene presentar un cuento de explotadores y explotadas. Muchas de las mujeres con las que convivió la escritora habían tomado esa opción sin la presión de nadie. Y bastantes habían repetido. Además, en los últimos años, las madres por alquiler han ganado capacidad de negociación con las clínicas y con los clientes. La industrialización de la maternidad Con todo, a pesar de que Pande se esfuerza por subrayar el lado positivo (lo que hay de “triunfo de la mujer”), también muestra la falta de humanidad que frecuentemente rodea esta industria. Muchas de las gestantes con las que habló repetían la queja de que al principio del proceso la relación con los clientes es muy afectuosa y cercana, como para reforzar ese aire de filantropía y altruismo con que se promocionan las clínicas, pero luego todo se medicaliza. El embarazo se convierte en algo frío, y a la mujer le queda claro que simplemente cumple una función “industrial”. Después del parto, casi nunca vuelven a tener noticias del niño. Pande pide que se regularice el sector de los vientres de alquiler en vez de prohibirlo por completo. Sus argumentos son parecidos a los que han utilizado otras feministas: “no es malo que una mujer quiera enriquecerse”; “ilegalizarlo solo provocará que la actividad se desarrolle bajo radar, y por tanto sea más peligrosa para las gestantes”; “el problema está en los doctores que se lucran excesivamente”. Sin embargo, en todas estas razones se echa en falta (además de la perspectiva del niño) la alusión a la dignidad de la mujer,algo tan propio del feminismo. Por supuesto es mejor que las “madres de alquiler” estén bien atendidas a que se las hacine en hospitales desabastecidos. Pero antes que preocuparse por esto, habría que preguntarse si convertir el embarazo en un proceso industrial no favorece una cultura que cosifica el cuerpo de la mujer.

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