El “lobby” de la reproducción asistida en España

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Duración lectura: 3m. 41s.

La reforma de la ley española de reproducción asistida (ver servicio 114/03) ha pasado al Senado, donde es previsible que se repitan las discusiones del Congreso (1). No deja de ser sintomático que buena parte de la efectividad del texto se confíe a futuros protocolos, uno de ellos el de excepciones a la prohibición de fecundar más de tres óvulos y congelar los embriones sobrantes. Este protocolo debe ser propuesto por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida (CNRA). Por diversas circunstancias, la CNRA tiene una amplia representación vinculada a quienes practican en diversas clínicas esta actividad. Desde la representación médica, a la psicológica, a la de diversas asociaciones, empezando por la de usuarias, la incorporación de personas vinculadas, por ejemplo, a la Clínica Dexeus, es desproporcionada. El órgano de control se ha convertido en un órgano de representación de intereses que ha funcionado con eficacia cara a la última reforma.

De hecho, si atendemos a las polémicas que han precedido a la actual reforma se demuestra que la intervención del sector ha sido muy relevante. Se comenzó en el primer informe de la Comisión con la solicitud de una solución al problema del almacenamiento de embriones sobrantes claramente beneficiosa para las clínicas, como era la destrucción pura y simple de un material que estorbaba. Cuando se vio la utilidad posible de los embriones en investigación sobre células troncales se propuso su uso, con lo que se busca una salida y se unían nuevos sectores, de investigación y de posibles beneficiarios, al grupo de presión.

Igualmente se han creado grupos bioéticos cuya vinculación ideológica principal es favorecer los intereses del sector. El observatorio de bioética creado en Barcelona, por ejemplo, propuso el 24 de mayo de 2001 que se aumentase la compensación por donación de óvulos, es decir, prácticamente que se permitiese su compra; posteriormente auspició la reforma en el sentido de que se permitiese la maternidad subrogada y la libre selección de sexo, lo que indudablemente aumentaría el número de usuarias.

En septiembre de 2002 personas vinculadas a la clínica citada, como Aurora Veiga, y grupos diversos de científicos se unieron a la campaña en pro de la ampliación de la Ley en el sentido de la autorización de destrucción de embriones en investigación. En este punto cabe observar una actitud dubitativa, pues cuando se pensó que el Ministerio pretendía racionalizar la práctica se defendió dejar la ley como estaba. Es revelador que mientras se insiste en las “vinculaciones religiosas” de los favorecedores de una reforma que proteja al embrión, se omita la referencia sobre otras vinculaciones en quienes representan el sector contrario.

Respecto a la reforma en curso, fue en principio bien aceptada cuando se pensaba que permitía la investigación con embriones, pero fue inmediatamente criticada en el aspecto de la limitación de la producción de embriones sobrantes bajo la afirmación de Ángel Santaolaya de que se perjudicaba a las pacientes. En este sentido se manifestaba el 28 de julio María José González, presidente de la Asociación española para los problemas de infertilidad. De hecho, las asociaciones de usuarias anunciaban el 5 de septiembre que el Ministerio les había comunicado que no habría límites a las fecundaciones salvo el criterio de los médicos, es decir, de las clínicas que vienen realizando la actividad. Esto se traduciría en un protocolo de excepciones, elaborado por la CNRA, que en sus primeros borradores incluye más de una veintena, es decir, haría ineficaz la reforma en este punto.

Se puede sospechar que el primer borrador manejado incluía una clara propuesta limitativa de la producción de embriones sobrantes y favorecía una solución ética. Han sido las presiones del sector las que han incluido las excepciones y es de temer que se dejen sentir en el mismo protocolo de descongelación, clave para saber si efectivamente no se investigará sobre embriones viables. De esta manera la reforma aparece como frustrada o al menos en grave riesgo.

José Miguel Serrano Ruiz-Calderón____________________(1) El Senado aprobó el proyecto el 19 de noviembre y la ley entró en vigor el 23 del mismo mes (N. de la R.).