El dictamen rechaza “hacer morir” y recomienda dar más valor vinculante al testamento vital y desarrollar los cuidados paliativos.

En su programa electoral, el hoy presidente de la República François Hollande había prometido a todos una “asistencia médica” que permitiera morir con dignidad. Tras su elección, encargó un informe a la comisión Sicard, que permitiera morir con dignidad. Tras su elección, encargó un informe a la comisión Sicard, que se pronunció contra la eutanasia, aunque entreabrió la puerta al suicidio asistido. Antes de presentar un proyecto de ley, quiso contar con el dictamen del Comité Consultivo Nacional de Ética (CCNE). Le planteó tres cuestiones básicas: el valor jurídico de las “directrices anticipadas” del enfermo, las condiciones para hacer más dignos los últimos momentos de un paciente cuyo tratamiento sea interrumpido, y la posibilidad de asistir a un enfermo consciente y autónomo que desee expresamente poner término a su vida. Del extenso y matizado documento –“Fin de la vida, autonomía de la persona, voluntad de morir” (1)–,se desprende que la mayoría del comité recomienda no legalizar la eutanasia ni la asistencia al suicidio, y hace diversas propuestas, aprobadas por unanimidad, para mejorar la gestión de la fase final de la vida. La Sociedad Francesa de cuidados paliativos considera que “la legalización de la eutanasia o del suicidio asistido sería un signo de abandono dirigido a las personas más frágiles y vulnerables” El Comité advierte que aunque todo el mundo quiere “morir con dignidad”, hay dos modos diferentes de entenderlo (ver texto en Aceprensa 10-07-13). Para unos, la solicitud de un derecho a morir con dignidad “corresponde a la prerrogativa que tendría cada uno de determinar hasta dónde considera aceptable que queden mermadas su autonomía y su calidad de vida”. En la otra concepción, “la dignidad reviste un sentido ontológico, es una cualidad intrínseca de la persona humana (…) de modo que la dignidad no dependería de la condición física o psicológica de una persona”. Estas dos interpretaciones tienen consecuencias distintas en el debate sobre el fin de la vida. El Comité señala que uno de los argumentos esgrimidos contra el suicidio asistido y la eutanasia es que la ayuda activa a morir podría ser percibida por las personas vulnerables como un riesgo: sufrirían un abandono de los necesarios cuidados médicos y se acortaría su vida. Sin embargo, siete de los cuarenta miembros del Comité estiman que la frontera entre “dejar morir” y “hacer morir” fue abolida de hecho por la ley de 2002 sobre los derechos de los pacientes y la ley Leonetti de 2005 sobre el final de la vida. La mayoría entiende que no es así, y que esa distinción debe mantenerse en la teoría y en la práctica. Las directrices anticipadas solo pueden referirse a posibilidades autorizadas por la ley Del testamento vital a los cuidados paliativos Sobre el testamento vital, o “directrices anticipadas”, todos los miembros del comité consideran que no deben considerarse meros deseos, sino que han de ser vinculantes para los cuidadores, “salvo excepción debidamente justificada por escrito”. En todo caso, “solo pueden referirse a posibilidades autorizadas por la ley”. El Comité recomienda también respetar el derecho a la llamada “sedación profunda” hasta la muerte, si lo pide expresamente una persona cuando se suspenda a petición suya el tratamiento, incluida la alimentación y la hidratación. Rechazado el “encarnizamiento terapéutico”, este nuevo derecho se uniría al de rechazar tratamientos extraordinarios y gravosos. Otro punto de unanimidad es “la necesidad de superar cualquier situación de indignidad que aparece aún con demasiada frecuencia en torno al final de la vida”. Con este fin, es preciso “hacer accesible a todos el derecho a los cuidados paliativos” –reconocido por el legislador hace catorce años–, y desarrollar la atención “a domicilio”. A la vez, el dictamen subraya la plena participación de los parientes próximos del enfermo –la persona designada por el paciente, conocida en el argot como “tercero de confianza”– en todas las decisiones sobre el fin de la vida. En fin, el CCNE insiste unánimemente en la necesidad de desarrollar la formación de los cuidadores, su capacidad de escucha y diálogo, y promover la investigación sobre la situación de las personas en el fin de la vida. El Comité recomienda respetar el derecho a la llamada “sedación profunda” hasta la muerte Abrir un debate nacional El comité ético desea que se abra un debate público en Francia sobre el fin de la vida. Con una expresión frecuente en el país vecino, se trataría de organizar “estados generales”. El presidente Hollande se apresuró a afirmar que comparte ese deseo, como paso previo a la presentación en el parlamento, a fin de año, de un proyecto de ley que complete la ley Leonetti. En el fondo, el órgano consultivo nacional considera vigentes los principios inspiradores de esa ley de 2005, aunque pueda ser necesario aclarar algunos preceptos, para interpretarlos adecuadamente. Como era previsible, el diputado de UMP Jean Leonetti, ponente de la ley de 2005 que lleva su nombre, se ha felicitado de que el CCNE “condene inequívocamente la eutanasia, a la vista de las derivas comprobadas en los países donde fue despenalizada”. Recuerda que, como señaló ya el informe Sicard, el comité “reconoce que la actual ley es mal conocida y mal aplicada, pero desea claramente su aplicación, más que ir a una nueva legislación”. Otro comunicado, de la Sociedad Francesa de acompañamiento y cuidados paliativos, da la bienvenida al dictamen del CCNE: considera que “la legalización de la eutanasia o del suicidio asistido sería un signo de abandono dirigido a las personas más frágiles y vulnerables”. _______________________ Notas (1) Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir (27 junio 2013).

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