EE.UU.: propuesta para destinar fondos federales a experimentos con embriones humanos

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El año pasado, un equipo de investigadores privados logró cultivar “células progenitoras” procedentes de embriones humanos, es decir, células indiferenciadas que dan lugar a los diversos tejidos. Se cree que algún día se podría obtener de ellas cualesquiera tejidos, a fin de utilizarlos para revitalizar órganos enfermos (ver servicio 4/99). Pero emplear esas células progenitoras supone la destrucción de embriones. Los estudios irían más rápido con dinero público, pero en Estados Unidos una ley prohíbe financiar con fondos federales toda investigación que implique “destruir, desechar o poner intencionadamente en riesgo de lesión o muerte” embriones humanos. Los partidarios de la experimentación con células progenitoras presionan desde hace meses para que se levante el veto (ver servicio 22/99).

En su ayuda ha intervenido el Instituto Nacional de Salud (INS), organismo federal que promueve la investigación biomédica y distribuye los fondos públicos destinados a ella. En enero pasado, su director, Harold Varmus, premio Nobel de Medicina en 1989, comunicó que el INS financiaría experimentos con células progenitoras tomadas de embriones humanos, porque estas células, al no constituir un embrión, no caen bajo la prohibición federal. Al mismo tiempo, encargó a una comisión del Instituto que elaborara unas normas para regular tales investigaciones.

El borrador de esas normas, dado a conocer ahora, propone autorizar experimentos con células progenitoras siempre que los embriones de los que procedan no sean obtenidos por los científicos subvencionados por el gobierno. Los embriones tendrían que proceder de clínicas de fecundación in vitro y ser de parejas que hubieran renunciado a ellos. Las células no podrían tener otro origen, pues un decreto presidencial de Clinton prohíbe crear embriones sólo para investigar. Además, los científicos subvencionados no podrían pedir directamente a las parejas que les diesen embriones. También estaría prohibido pagar a las parejas, pero no a los intermediarios que gestionasen la donación.

De esta manera, no se financiaría directamente con fondos federales investigaciones que destruyen embriones, sino investigaciones con células de embriones ya destruidos. Para algunos, la propuesta es farisaica. Según la congresista Maggie Wynne, del grupo pro-vida de la Cámara de Representantes, “viola la letra y el espíritu” de la ley.

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