Donación de óvulos: de la ley a la realidad

La fecundación in vitro ha dado origen a un “baby business” en las clínicas de reproducción asistida, con prácticas que no respetan lo establecido en una ley muy complaciente. La noticia de la concesión del Premio Nobel de Medicina a Robert Edwards, gran patriarca de los “bebés probeta”, ha ido acompañada de informaciones entusiastas y simpáticas fotografías de padres con un bebé en brazos, que han podido cumplir su sueño gracias a estas técnicas. Es comprensible su alegría, entre otras cosas porque son unos afortunados dentro de un conjunto mucho más amplio de parejas que recurre a estas técnicas para experimentar un fracaso tras otro. Todavía al cabo de 32 años después del nacimiento de Louise Brown, la tasa de éxito de la fecundación in vitro es del 22,1%, según datos de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y de Embriología. Cualquier otro procedimiento médico que fallara en el 78% de los casos difícilmente se consideraría un avance decisivo en la lucha contra una enfermedad, aunque en sí mismo fuera una proeza técnica. Pero, aparte de su interés científico, la fecundación in vitro ha dado origen a un “baby business” en las clínicas de reproducción asistida, con prácticas cada vez más descaradamente comerciales. Casi al mismo tiempo que la noticia sobre el nuevo Nobel de Medicina, el diario El Mundo (3-10-2010) publica un reportaje sobre la “donación” de óvulos en España. En tiempos de penuria económica antes había mujeres que vendían o empeñaban sus joyas para salir de apuros; ahora venden sus óvulos. Según datos recogidos por el periódico, en los últimos tiempos ha habido un aumento de las donaciones, entre un 15% y un 30% según distintas ciudades españolas. Habrá quien lo haga por motivos altruistas, pero el aumento de las ofertas de óvulos en un tiempo de crisis económica parece revelar la motivación crematística. En el caso de los testimonios recogidos en el reportaje, no hay rastro de altruismo, sino de urgencia económica. Carmen, limpiadora, abandonada por el marido y acuciada por las deudas, vendió sus óvulos por 950 euros y repitió dos veces más. Sus dos hijas, mayores de 18 años, hicieron lo mismo en otros centros, a 900 euros cada una. Todo para la hucha familiar, y por pura necesidad. Y si la economía no se endereza, no descartan volver a hacerlo. A lo largo del reportaje se deslizan detalles que revelan la distancia entre lo que marca la ley de Reproducción Asistida de 2006 y la realidad pura y dura del mercado de la fertilidad. Por supuesto, la ley establece que la donación “nunca tendrá carácter lucrativo o comercial”. Sólo podrá darse una compensación económica por las molestias que se deriven de la donación. Por ahora, el mercado valora “las molestias” entre 600 y 1.000 euros, quizá porque en unas clínicas se causan más molestias que en otras. En Internet hay ofertas y demandas más lucrativas, pero la donación solo puede hacerse en un centro autorizado. Otras disposiciones legales se interpretan con flexibilidad. La ley establece que las donantes tendrán entre 18 y 35 años. Pero la Carmen del reportaje lo hizo con 36. La ley también determina un límite de seis hijos generados con óvulos de la misma donante. Pero la realidad es que nadie controla que esto sea así y una donante puede vender sus óvulos en distintos centros. Otra de las citadas en el reportaje ha vendido sus óvulos en cinco ocasiones, a razón de seis óvulos cada vez. Si todos hubieran sido fecundados y hubieran dado lugar a fetos viables, una treintena de bebés tendrían la misma madre genética. Así que no se puede excluir la posibilidad de enlaces consanguíneos entre un chico y una chica nacidos de un mismo óvulo. “Las clínicas tienen que fiarse de lo que les dicen las donantes. Es decir, no hay manera de saber con certeza las veces que una mujer ha donado sus óvulos”, dice el director de uno de estos centros de fecundación in vitro. Lo cual indica cómo los estrictos controles establecidos en la ley se transforman en papel mojado cuando no hay ningún modo de exigirlos. Habría alguna posibilidad de hacerlo si se hubiera creado el registro de donantes, como ya se exigía en la primera ley de reproducción asistida de 1988. Pero el Ministerio de Sanidad aún no ha sido capaz de crearlo, a pesar de que también lo prevé una directiva de la Unión Europea. En esto como en todo lo relacionado con las clínicas de reproducción asistida, los gobiernos socialistas se han inclinado por el laissez faire y la autorregulación del sector. Igual que se ha dejado un margen muy amplio para que las clínicas generen el número de embriones que estimen oportuno y destinen los sobrantes a material para investigación. Seguro que al realizar sus investigaciones el Dr. Edwards no preveía la deriva mercantilista que iba a generar la reproducción in vitro. Pero es innegable que en este sector los deseos del cliente y los intereses de las clínicas han ido imponiendo su ley.

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