Contrapunto
A finales de septiembre un grupo de manifestantes recorría el Barrio Latino en París. Enarbolaban pancartas en las que se autoinculpaban de una serie de delitos de la era digital: «He pasado música a un amigo»; «He transferido canciones de iTunes a un aparato que no es un iPod»; «He copiado una película en DVD en un reproductor portátil». Parecen juegos de niños, pero según la nueva legislación francesa quien hace estas cosas es un delincuente sobre el que puede caer el peso de la ley.
Para luchar contra la piratería, la ley de defensa de la propiedad intelectual está recurriendo sin contemplaciones al aparato represivo. Según la ley francesa, el intercambio ilegal de obras protegidas se multa con 38 euros en el caso del que descarga y con 150 para quien las ponga a disposición de otros. Para los que descifren las protecciones anticopia, la sanción llega hasta los 3.750 euros. Y los que difundan en Internet programas para violar la protección anticopia se arriesgan a 6 meses de prisión y 30.000 euros de multa (ver Aceprensa 60/06).
Uno de los manifestantes que se autoinculpaba, estimaba que en su caso le podían caer no menos de 41.250 euros de multa y seis meses de cárcel. Y no es que fuera un adicto del «top manta». Aunque compra las canciones legalmente, quiere poder oírlas en el formato y el soporte de su elección, cosa que no es posible sin traspasar los dispositivos anticopia. «Ni Apple ni Microsoft deberían decirme qué aparato he de utilizar para oír la música legalmente comprada. ¿Cómo puede ser esto un delito?», declara al «International Herald Tribune» (9-10-2006).
Estos manifestantes que confiesan públicamente haber transgredido la ley son la fuerza de choque de la nueva generación de la era digital, que lucha contra los controles cada vez más estrictos sobre los derechos de autor en la distribución de música, películas y «software».
Su desafío a la ley me ha recordado otra manifestación que tuvo lugar en París en 1971, en la que las participantes también se autoinculpaban: «Yo he abortado». Las convocantes firmaron también un manifiesto divulgado con gran éxito comercial en «Le Nouvel Observateur» en el que confesaban sus abortos y pedían la despenalización de la llamada púdicamente interrupción voluntaria del embarazo. Era una de esas audacias sin riesgo. Por supuesto, ningún fiscal entró al trapo y las abajo firmantes fueron tratadas como heroínas y adalides de la liberación de la mujer.
¿Ocurrirá lo mismo ahora con estos activistas de la liberación del internauta? No es tan seguro. Las casas discográficas y las productoras de cine están mucho más decididas a dar la batalla en defensa de su negocio que los jueces y legisladores en defensa de la vida del no nacido. Basta ver las advertencias truculentas que ponen al comienzo de un DVD para disipar cualquier tentación de pirateo. Ya solo les falta amenazar también con la penas del infierno.
Desde 1975, el aborto es libre en Francia y su número ha seguido creciendo hasta 210.000 al año. El hueco que ha dejado en el Código Penal va siendo ocupado por artículos dedicados a castigar cualquier intento de saltarse las barreras de la propiedad intelectual. El hijo no deseado puede ser eliminado sin contemplaciones; pero el pago no deseado en la música o en el cine debe ser satisfecho sin excepciones. No quiero decir que la piratería sea admisible. Pero lo que el Código Penal ampara y desampara dice mucho de una sociedad.
Entre las manifestantes parisinas del «Yo he abortado» abundaban las famosas del mundo del cine, de la canción, de la comunicación. No sé qué podrán objetar a los manifestantes del «Yo he copiado música», que hoy perjudican sus derechos de autor. A cada época, su movimiento de liberación.
Ignacio Aréchaga