Contrapunto
En Gran Bretaña, varios grupos han organizado una campaña para protestar contra las crueles condiciones con que son transportados los animales destinados al matadero. Durante semanas sus piquetes han enarbolado pancartas en torno a los camiones y a los puertos donde se hacen las operaciones de embarque para la exportación. A fin de informar al público de este problema, han utilizado en sus pancartas y en anuncios en la prensa impresionantes fotografías de animales maltratados. La campaña ha tenido partidarios y detractores, aunque nadie ha discutido su derecho a realizarla.
Pero cuando están en juego vidas humanas esos criterios ya no valen. Pocos días después, el Tribunal Supremo ha dado una sentencia en la que condena a un militante pro-vida por exhibir a las puertas de una clínica abortista una pancarta con fotografías de fetos abortados. No se le ha reprochado que la imagen fuera falsa. El Tribunal estima que es ilegal mostrar esas imágenes tan cerca de la clínica, porque podrían ser insultantes para los que trabajan allí o utilizan sus servicios.
Algunos comentaristas han advertido que la sentencia crea un peligroso precedente para cualquier otro campo de protesta: pues si es ilegal mostrar una imagen de un feto abortado a la puerta de una clínica abortista, también cometerá un delito quien esté a las puertas de cualquier sitio mostrando algo que pueda ser considerado ofensivo por los que están dentro.
El caso hace ver también que, por mucho que quiera presentarse el aborto como el ejercicio de un derecho a una prestación sanitaria, no lo es ni para los mismos que lo hacen. De lo contrario, como ha dicho el abogado del acusado, «¿por qué debería sentirse insultado alguien por el hecho de que se le muestre el resultado de lo que hace?».
Ignacio Aréchaga