La Corte Constitucional impone una regulación del aborto muy permisiva, contra la postura mayoritaria de la opinión pública.

Desde el mes de febrero Colombia se ubica como el primer país de América Latina donde el aborto es libre y legal hasta la semana 24 de gestación, y uno de los más laxos del mundo en esta materia. Así lo ha dispuesto la Corte Constitucional en una reciente decisión que cuenta con un débil respaldo social. Tras la sentencia, las muestras de rechazo no se hicieron esperar. En países latinoamericanos como México, Uruguay, Argentina, Cuba, Puerto Rico, Guyana y Guayana Francesa, la interrupción voluntaria del embarazo no es penalizada dentro de determinados plazos. En cambio, otros países, como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana, prohíben el aborto prácticamente sin excepciones. Ahora, Colombia se ha incorporado al primer grupo. El 21 de febrero, la Corte Constitucional colombiana comunicó que suprimía la tipificación del delito de aborto consentido cuando se realice antes de la semana 24 de gestación, y en cualquier momento si se presentan las causales ya admitidas desde 2006. Aún no se ha publicado la sentencia, pero la nota de prensa publicada ese día presenta un resumen de la decisión. Demanda de feministas En una sentencia anterior, de 2006, la Corte Constitucional definió la interrupción voluntaria del embarazo como parte de un derecho a la autonomía y a la autodeterminación reproductiva para las mujeres. Y lo despenalizó siempre que se cumpliera alguna de estas tres causales: 1) peligro para la vida o salud de la mujer; 2) malformaciones del feto incompatibles con la vida; 3) violación o abuso sexual, incesto, inseminación o transferencia de embriones sin consentimiento. Las dos primeras debían estar acompañadas de un certificado médico, y la última, de una denuncia penal. Si no se cumplía uno de esos requisitos, quienes abortaban debían pagar hasta cuatro años y medio de cárcel. La nueva sentencia responde a una demanda presentada en 2020 por el movimiento feminista Causa Justa, una coalición de 90 organizaciones, según la cual Colombia debía dar fin a la criminalización temprana del aborto y proponer un nuevo modelo de ley. El movimiento centró sus alegaciones en la protección de los derechos de las mujeres que han sufrido complicaciones médicas y que han sido procesadas por realizar abortos clandestinos. La decisión no tiene el respaldo de la opinión pública ni de sectores académicos, científicos ni políticos Luego de meses de discusiones y debates, la despenalización fue aceptada en sesión extraordinaria, con cinco magistrados que votaron a favor y cuatro en contra. Solo una de las cuatro magistradas de la Corte apoyó la liberalización. El hecho de que una mayoría masculina tomara la decisión ha sido otro tema de polémica por parte de quienes cuestionan la sentencia. En el fallo, los argumentos de la Corte se basan en una aparente relación de la penalización con abortos inseguros que afectan de manera desproporcionada el derecho a la salud, así como en la idea de que la decisión de procrear y llevar a término o no un embarazo es un asunto individual que no compete al Estado. Sin embargo, la decisión no tiene el respaldo mayoritario de la opinión pública ni de sectores académicos, científicos ni políticos. Vía “intermedia” Además de liberalizar el aborto, la Corte Constitucional exhorta al Congreso y al Gobierno a formular una política pública “integral” para proteger la salud reproductiva de las mujeres (derecho que, según el comunicado del alto tribunal, se encuentra recurrentemente vulnerado por la práctica de abortos inseguros) y, por otro lado, la libertad de decisión consciente de procrear o no hacerlo. La Corte no eliminó por completo el delito del aborto porque “sacrificaría de manera absoluta la finalidad constitucional imperiosa que pretende realizar: proteger el bien jurídico de la vida en gestación”. Por eso optó por una vía “intermedia”. Además, considera que el amplio plazo de 24 semanas no tiene por qué suponer un gran número de abortos tardíos: las mujeres pueden perfectamente decidirlo antes, dice. Gobierno de los jueces No es una cuestión menor entender por qué la despenalización del aborto en Colombia tiene su origen, no en el poder legislativo (representante democrático de la voluntad popular), sino en el poder judicial (que representa un matiz de poder aristocrático). A partir de la Constitución de 1991, que creó la Corte Constitucional, aparece en Colombia un nuevo órgano supremo; órgano que ha demostrado, a partir de su propia producción jurisprudencial, que, en tanto garante principal y natural de la Constitución, puede intervenir en las esferas de otros poderes públicos (con lo que se desdibujan constantemente la división y el sistema de pesos y contrapesos), incluyendo el Congreso de la República. La Corte Constitucional de Colombia es el más evidente ejemplo del denominado en teoría constitucional “gobierno de los jueces”, que se superpone al “gobierno del pueblo” (que se evidenciaba en la representación de la voluntad popular en los poderes públicos, tanto ejecutivo, como –principalmente– legislativo). Estudios revelan que el 42% de los colombianos está de acuerdo con la prohibición total de la interrupción del embarazo Así, los grandes debates en torno a un asunto difícil como lo es la penalización o despenalización del aborto, no se han resuelto al interior de los órganos de representación popular. Despenalizar el aborto no es una demanda popular en la base democrática, por lo que ha sido imposible su trámite a través del Congreso mismo. De ahí que, para los activistas de la despenalización, se hizo evidente que el único camino posible sería a través de la intervención judicial en defensa de derechos fundamentales. Situación que se contrapone, por poner un ejemplo, al debate en torno a la petición de pena de muerte para violadores de niños, la cual es ampliamente popular, pero ha fracasado en el examen de admisibilidad de los jueces constitucionales. Opinión pública en contra El debate se dio en la sociedad civil, donde la opinión está dividida. La firma consultora internacional IPSOS publicó su más reciente medición, “Puntos de Vista Globales sobre el Aborto 2021″ en Colombia y el mundo. En la encuesta se evidenció que el 26% de los colombianos son partidarios de la legalización total del aborto, por debajo del promedio mundial (que está sobre el 50%). Otros estudios han revelado que el 42% está de acuerdo con la prohibición total de la interrupción del embarazo. El presidente Iván Duque se manifestó en contra de la decisión Por su parte, el presidente Iván Duque se manifestó en contra de la decisión de la Corte: “El aborto no se puede convertir en un método anticonceptivo”, dijo. Y añadió: “Me parece que este fallo no solamente altera el principio de cosa juzgada frente al cual ya se había pronunciado la Corte. Me parece además delicado que en el alcance que se está poniendo sobre la mesa, estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva y que se pueda volver una práctica recurrente y regular”. Algunos candidatos presidenciales, como el independiente Federico Gutiérrez o el conservador David Barguil, expresaron su rechazo en las redes sociales: “¡La decisión de la Corte produce dolor! –afirmó Barguil–. El 7 de agosto [inauguración del mandato del próximo presidente] lideraremos una reforma constitucional que prohíba la despenalización del aborto hasta la semana 24”. También, el candidato por el partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, aseguró: “Como defensor de la vida, me duele profundamente el fallo de la Corte Constitucional sustituyendo al Congreso y violando el derecho fundamental a la vida”. Otros candidatos de corriente ideológica de centro e izquierda, por el contrario, apoyaron y celebraron la decisión como un logro para las mujeres y la nación, como Sergio Fajardo, Francia Márquez y Camilo Romero. Otros, como Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, se ubican a favor de la posibilidad de interrumpir el embarazo, pero califican de excesivo el nuevo plazo estipulado por la Corte. Alicia Peñaranda, politóloga, magíster en estudios avanzados de comunicación política Ana González, abogada, magíster en estudios avanzados de derecho público

Liberalización del aborto en Colombia: decisión judicial con frágil respaldo popular

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Liberalización del aborto en Colombia: decisión judicial con frágil respaldo popular

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