Tras la sentencia sobre la ley de Texas, quedan en pie más de 200 medidas restrictivas del aborto aprobadas por los estados en los últimos cinco años.

Aunque los partidarios del aborto han presentado la decisión del Supremo como una gran victoria, lo cierto es que solo invalida algunas restricciones de las muchas que están en vigor en gran parte del país, y cuya aprobación fue posible por otras sentencias anteriores del mismo tribunal. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha declarado inconstitucionales, por cinco votos contra tres, algunas disposiciones de una ley de Texas para regular la actividad de las clínicas abortistas en el estado: que los médicos tengan credenciales para remitir pacientes a hospitales cercanos (en 30 millas a la redonda), y que las instalaciones cumplan con los estándares de equipamiento, personal y construcción exigidos a otros centros de salud. La doctrina Casey Según la opinión mayoritaria de los jueces, estas exigencias han provocado que la mitad de los establecimientos abortistas de Texas hayan tenido que cerrar sus puertas, lo que, a su juicio, ha impuesto una carga excesiva sobre las mujeres que desean abortar. Por tanto, la ley entra en contradicción con las dos grandes sentencias del Tribunal sobre el aborto: Roe vs Wade (1973) y Planned Parenthood vs Casey (1992). La primera consagraba el derecho de la mujer a abortar mientras el feto no fuera viable (es decir, antes de la semana 23), e incluso después si peligraba la vida o la salud de la gestante. La segunda permitió a los estados limitar este derecho siempre que las restricciones no supusieran una “carga excesiva” para la madre. Las restricciones consideradas inconstitucionales están vigentes en otros cuatro estados, que ahora podrían ver sus leyes revisadas El reciente fallo, redactado por el juez Stephen G. Breyer, hace especial mención a la doctrina Casey, que, paradójicamente, fue la que sirvió de base a muchos estados para aprobar distintos tipos de restricciones al aborto, desde las sancionadas por la ley de Texas hasta la prohibición de determinados procedimientos abortivos. Hasta ahora, el caso más sonado en que el Tribunal Supremo se había pronunciado sobre la legalidad de estos límites fue el de Gonzalez vs Carhart (2007), cuando reafirmó la constitucionalidad de una ley federal de 2003 que prohibía los llamados “abortos por nacimiento parcial”, una técnica empleada sobre todo en embarazos más allá de la semana 16 de gestación. La ley de Texas que, en su mayor parte, ahora ha sido declarada inconstitucional entró en vigor en 2013. Un juez de distrito bloqueó su aplicación un año más tarde, pero posteriormente una corte de apelaciones estatal dejó sin efecto este bloqueo. La historia se ha repetido, aunque sin el último episodio, en otros estados: normas similares aprobadas por los parlamentos de Misisipi, Wisconsin, Oklahoma o Alabama, fueron más tarde revocadas por distintos tribunales. Virginia también avaló ciertas restricciones en 2011, pero, aunque en teoría siguen vigentes, en los últimos años el gobernador y el fiscal general –ambos del partido demócrata– han permitido en la práctica que las clínicas puedan saltárselas. ¿Y ahora, qué? Como se preveía, la sentencia sobre Texas ya ha empezado a extender sus consecuencias en algunos de los estados con legislaciones parecidas: el Tribunal Supremo señaló al día siguiente del fallo que no va a considerar las apelaciones interpuestas por Misisipi y Wisconsin por el bloqueo de sus leyes, con lo que las deja definitivamente sin efecto. Por su parte, el fiscal general de Alabama ha renunciado a seguir litigando después de conocer el desenlace en Texas. La doctrina Casey ha servido para la aprobación de restricciones en muchos estados, pero ahora es invocada en sentido contrario Así pues, actualmente solo cuatro estados mantienen en vigor leyes que exigen condiciones de esa clase a las clínicas abortistas: Misuri, Utah, Dakota del Norte y Tennessee. No obstante, todo indica que la reciente sentencia del Supremo puede tener un efecto dominó que acabe por invalidarlas. No obstante, aun contando con este posible “efecto dominó”, el fallo simplemente afectará a una minoría de las restricciones al aborto que los estados han establecido en los últimos años. Según un informe del Guttmacher Institute, una organización abortista, solo entre 2011 y 2015 se aprobaron 288 medidas restrictivas en todo el país: límites a la financiación pública, a la prescripción de determinados medicamentos, a la cobertura del procedimiento por seguros privados, o al acceso por parte de menores. Así, entre otros límites, 27 estados exigen un tiempo de espera mínimo desde que se manifiesta la intención de abortar hasta que el procedimiento se lleva a cabo. En algunos de ellos, además, la gestante debe someterse a una ecografía (o, al menos, ser informada sobre esta posibilidad). Este tipo de leyes casi siempre han recibido el respaldo de los tribunales cuando han sido apeladas, y no parece que el reciente fallo del Supremo suponga ningún peligro para ellas. Otro caso es el de las leyes que prohíben el aborto más allá de la semana 20 de gestación, vigentes en 14 estados y bloqueadas por distintas sentencias en otros tres. El Tribunal Supremo ha evitado pronunciarse directamente sobre el tema, aunque rechazó el recurso de Arizona cuando un tribunal de apelaciones invalidó la norma aprobada en 2012. Precisamente Texas es uno de los territorios donde este tipo de abortos no es legal, pero el reciente fallo del Supremo no se ha pronunciado sobre este punto, dejando la restricción intacta. Otro tipo de restricciones es el que afecta al aborto por desmembramiento (conocido eufemísticamente por D&E, “Dilatación y Evacuación”), la técnica más utilizada en embarazos que se encuentran en el segundo trimestre. En los últimos dos años, seis estados han legislado contra esta práctica, aunque en dos de ellos la norma ha sido suspendida por posteriores sentencias. Como la prohibición afecta al límite fijado por Roe vs Wade, los abortistas han anunciado que llevarán estas leyes al Tribunal Supremo. No obstante, este tribunal ya validó en 2007 la constitucionalidad de prohibir ciertos métodos abortivos, cuando reafirmó la legalidad de la ley federal que proscribía los llamados “abortos por nacimiento parcial”, una técnica parecida al D&E.

EE.UU.: el Tribunal Supremo anula algunas restricciones al aborto

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