El lobby abortista chileno se frota las manos por estos días: la noticia de que Belén, una chica de 11 años, ha sido embarazada por su padrastro, quien la violó frecuentemente desde los siete años, le ha servido para poner de nuevo sobre el tapete la “necesidad” de que el país austral se dote de una legislación que permita el aborto en caso de violación, de malformación de la criatura, o para “preservar” la salud física y mental de la madre.
Hasta aquí no hay sorpresas, excepto que, a pesar del daño recibido por la menor, y del golpe brutal que significa que su propia madre arguya que Belén consentía la agresión sexual, esta ha decidido tener al bebé, con el apoyo de su abuela.
¡Pues vaya antojo el de esta muchacha! Ese empecinamiento maternal no les sirve, como tampoco les sirve el caso de María, otra adolescente de 14 años que pasó por igual situación de violencia y que, sobreponiéndose al contratiempo, dio a luz a su bebé en octubre pasado —“decidimos quedarnos con él, porque aquí hay un solo culpable; él es el que tiene que pagar”, explicó la familia—.
De todos modos, la socióloga Claudia Dides, una de las más prominentes activistas del Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo (MILES), ha aprovechado la coyuntura para pedir que se acelere la discusión en el Congreso de un proyecto de ley abortista introducido en marzo. Belén, asegura Dides, no está preparada para ser madre, porque su estructura psíquica y física está aún en formación. En puridad, hay destellos de razón en este aspecto, pero ¿acaso está preparada para abortar? ¿Cuál sería la contrapropuesta: eliminar a un menor para “salvar” a una menor? ¿Y por qué no poner mayor énfasis en medidas que protejan a las chicas en su entorno familiar, visto que buena parte de las violaciones se producen en familias donde hay un hombre que no es padre de la niña? .
Baja mortalidad materna
Uno de los argumentos al uso: que el aborto es una pieza vital en el esquema de salud sexual y reproductiva de la mujer, choca con la tozuda estadística de que el índice de mortalidad materna del país (18,3 por cada 100 000 nacidos vivos) es el más bajo de América Latina. Si se conoce que ello es consecuencia de una adecuada atención médica, de un rigor en los cuidados y tratamientos a la embarazada, de unas condiciones sanitarias favorables, ¿es realmente tan pavoroso el contexto para la salud de la madre como para que los abortistas le anden buscando una “puerta de escape”?
En la diana tienen la abolición del artículo 119 del Código Sanitario, de 1989, el cual estipula que “no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”. No contentos, abogan por reformar el Código Penal de forma tal que aquellos médicos que se nieguen “injustificadamente” a ejecutar esa práctica, puedan quedar a merced de los tribunales y pagar su negativa con su bolsillo, o en prisión.
Todo vale, así que el MILES y algunas otras plataformas que están dando la batalla tocan todos los botones posibles. Uno de los preferidos es la identificación plena entre prohibición del aborto y… pinochetismo: un folleto a favor de la despenalización se encarga de recordarnos que “desde la década del 30 y hasta el año 1989, el aborto terapéutico se encontraba legislado y era socialmente aceptado en nuestro país, hasta que la dictadura militar estableció su penalización absoluta en toda circunstancia”.
Vamos bien entonces: cualquier postura contraria a la práctica del aborto “terapéutico” (si “terapia” significa tratamiento, ¿el aborto será una cura…?), únicamente puede provenir de una mentalidad dictatorial, autoritaria, retrógrada… Es de dictadores no tolerar las libertades ni los derechos, por lo que también debe serlo “conculcar” la libertad de la mujer de decidir sobre “su propio cuerpo”, entendido este no como un riñón o un pulmón propios que la “dueña del cuerpo” podría extirparse a voluntad, sino como otro cuerpo: el del no nacido.
Añade el manifiesto del MILES que, en un país que ha suscrito tratados internacionales sobre derechos humanos, sobre derechos sexuales y reproductivos y equidad de género, “parece extemporáneo mantener legislaciones tan restrictivas, vestigios de una dictadura con claros matices religiosos”.
Proteger al más débil
De manera que al final, aunque todos los pájaros comen trigo, la culpa la carga el gorrión, esto es, la Iglesia. De nada valen argumentos racionales sobre la necesidad de proteger al más indefenso; de solidificar las estructuras sociales para que tanto la madre como el hijo queden protegidos ante adversidades como la negativa de un progenitor a asumir sus deberes económicos, o la necesaria ausencia de este por tratarse, como en este caso, de un violador. No: negar la posibilidad del aborto sería un vestigio “dictatorial-religioso”, y si se quiere cerrar de un portazo el pasado sangriento, también esa prohibición debe ser superada. Sin matices.
Mala decisión será. Si el número de más de 3000 muertos o desaparecidos durante la dictadura ensombrece la historia reciente de ese país, cuesta trabajo entender que ciertos sectores carguen contra tanta ignominia desplegada por aquel gobierno fascistoide y, por otro lado, deseen aligerar la mano de la ley para que facilite la eliminación de más inocentes. ¿Acaso son “tan pocos” los abortos, que es preciso alentar más?
Si, como se avizora, la socialista Michelle Bachelet, entusiasta partidaria del aborto “terapéutico”, retoma la silla presidencial en noviembre, MILES y unos cuantos “miles” más verán el camino expedito. Y vivirán para ver cómo Chile permanecerá en el último tramo de la cola de la natalidad en Latinoamérica; como Cuba, un país alegremente abortista, que hoy no alcanza el límite de reemplazo poblacional. Y los mayores, el día de mañana, se preguntarán si queda alguien que pueda garantizarles sin apuro sus pensiones.