Varios países aprueban leyes antibulos

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Si alguien cree que la campaña presidencial estadounidense de 2016 o la del referéndum sobre el Brexit aquel mismo año fueron la apoteosis de las fake news, o ve venir algo semejante en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, debería mirar a la India. Allí los bulos tienen consecuencias tangibles.

Gracias a la introducción de smartphones y planes de datos asequibles, los indios han adoptado con entusiasmo las redes sociales (más de 200 millones usan Facebook) y, en especial, WhatsApp. Bulos sobre secuestros de niños u otros crímenes, que han circulado por WhatsApp, han causado muertos a manos de turbas verdaderamente indignadas por hechos totalmente falsos.

Las largas elecciones generales indias, actualmente en curso (11 de abril a 19 de mayo), han dado lugar a un alud de desinformaciones. A finales de marzo, Facebook anunció que había eliminado centenares de páginas y cuentas que diseminaban contenidos engañosos. Un centenar eran de personal del gabinete de comunicación de las Fuerzas Armadas de Pakistán. Cerca de 700 estaban vinculadas al Partido del Congreso, ahora en la oposición.

Multas y prisión por difundir “fake news”

Sin embargo, la India no ha aprobado leyes contra los bulos, a diferencia de otros países. La más reciente, de mayo mismo, es la de Singapur, que castiga “las afirmaciones de hechos falsas” con el equivalente de hasta 740.000 dólares y diez años de prisión. Las redes sociales tendrán que quitar contenidos falaces o perjudiciales para el interés público. Dictaminar cuáles caen bajo esa definición será potestad del gobierno.

Malasia promulgó su ley contra las fake news el año pasado, al final del mandato del primer ministro Najib Razak. Uno de los primeros acusados de incumplirla, lo que podría haberle costado más de 100.000 dólares de multa y hasta seis años de cárcel, fue el rival de Razak, Mahathir bin Mohamad, entonces en la oposición. Pero Mahathir ganó las elecciones de mayo de 2018 y prometió revocar la ley, que aún sigue vigente, porque el proyecto de anulación fue rechazado por el Senado.

También Rusia tiene, desde marzo pasado, una ley contra la desinformación, que da a la autoridad de las telecomunicaciones potestad para bloquear webs que no obedezcan las órdenes de retirar noticias inventadas o engañosas. Además, quienes las propaguen podrán ser multados con el equivalente de hasta 6.000 euros.

Contra las “fake news”, nada puede suplir el sentido crítico del público

La ley rusa tiene su réplica en Francia, que en noviembre pasado aprobó una que da potestad al CSA, la autoridad audiovisual, de bloquear las emisiones de canales controlados o influidos por una potencia extranjera que difundan informaciones falsas. No hacía falta nombrar a Rusia, principal origen de los rumores contra Macron en la campaña presidencial de 2017.

La ley francesa permite también que, en los tres meses anteriores a unos comicios nacionales, un candidato o partido pida a un juez que detenga la divulgación de informaciones falsas que le perjudique. Por su parte, las redes sociales y webs deberán hacer público quién y cuánto les paga por poner anuncios políticos.

Efectos perversos

La oposición parlamentaria se pronunció contra el proyecto, por el peligro que ve en ella para la libertad de prensa y por los previsibles efectos perversos, como la autocensura. Con más razón se podría decir lo mismo de las leyes de los otros países. Con intención o pretexto de proteger a la opinión pública contra la desinformación, un gobierno puede acabar dictando qué es verdad y qué no. Y tratar de parar los bulos desde el poder alimenta las teorías conspiratorias que en muchos casos hacen que se los crea. La autorregulación de los medios y las redes sociales puede hacer más, pero tampoco está libre de sospechas de sesgo interesado.

A fin de cuentas, nada puede suplir del todo la autorregulación del público con sentido crítico. El viejo principio caveat emptor se aplica también a lectores, oyentes y espectadores.


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