Los desequilibrios demográficos de los países avanzados arrojan previsiones cada vez más elevadas sobre el número de personas dependientes. Este adjetivo se dice, sobre todo, de los mayores de edad que requieren la ayuda de los demás para atender sus necesidades vitales, como levantarse de la cama y moverse, tomar alimentos o asearse. No siempre disponen de un miembro de la familia que se pueda ocupar de ellos desinteresadamente. Algunos tienen los medios económicos necesarios para trasladarse a vivir a residencias especiales. Otros reciben ayudas caritativas de instituciones religiosas o de ONG. Y, lógicamente, el solícito desvelo del Estado de bienestar -que a trancas y barrancas supera sus crisis – diseña nuevos subsidios y prestaciones sociales, como el proyecto francés de APA («Allocation personnalissée à lautonomie»).
La ministra de Empleo y Solidaridad, Elisabeth Guigou, ha elaborado un proyecto para resolver a partir de 2002 los problemas pendientes en la asistencia social gala. El gobierno de Lionel Jospin estima que actualmente reciben ayuda específica 175.000 personas, cuando se eleva a unos 800.000 el número de individuos mayores sin autonomía plena, en grados diversos, y más de medio millón en las escalas más severas. La futura APA beneficiará a todos, con independencia de su nivel de renta. Éste se tendrá en cuenta para modular la cuantía -según seis tipos de dependencia -, hasta un máximo de 7.000 francos (1.067 euros) al mes. Los baremos se actualizarán cada año, como las pensiones. La prestación se configurará legalmente como «un derecho universal y objetivo (…) abierto a toda persona mayor [a partir de los 60 años] dependiente que tenga necesidad de un apoyo de la colectividad, y concedido en condiciones idénticas dentro del conjunto del territorio».
En Francia viven más de 12 millones de personas mayores de 60 años, de las que en torno a 800.000 son dependientes. Pero el problema de la autonomía afecta también a los jóvenes, que ven cómo se retrasa su independencia, no por la edad, sino por la prolongación de los estudios y la precariedad del empleo. La Comisaría General del Plan acaba de proponer al gobierno el establecimiento de una «prestación de autonomía» a partir de los 18 años. No se trata de aumentar las ayudas a la familia, sino de adoptar un subsidio para favorecer la independencia de los jóvenes. Más de la cuarta parte de los de 16 a 18 años no vive ya con sus padres.
A diferencia de lo que sucede con los mayores, lo difícil aquí es definir la dependencia. Se discute también la edad límite superior de la ayuda (al menos, 25 años). Desde luego, no se impondría un modelo único, a modo de estatuto especial de la juventud. El subsidio vendría a concretar el derecho universal a la educación en un «capital para formación» durante unos 20 años, duración media actual del tiempo destinado a estudiar. En el fondo, estaríamos ante una especie de cuadratura del círculo: prestar seguridad a los jóvenes entre los 16 y 25 años, para que puedan ser autónomos; facilitar el individualismo con ayudas económicas de la colectividad.