“El gobierno federal estadounidense no puede obligar a los ciudadanos a comprar brócoli. Por tanto, ¡tampoco puede obligarlos a comprar un seguro médico privado!”.
Este era el símil con que los enemigos de la reforma sanitaria, firmada por el presidente Barack Obama en 2010, ilustraban sus argumentos para intentar frenarla. El Tribunal Supremo escuchó sus razones y las de los defensores de la legislación, y el 28 de junio se pronunció: no asintió a la totalidad de la propuesta demócrata, pero tampoco quedó convencido con el ejemplo del brócoli.
En efecto, la mayoría de las propuestas del “proyecto estrella” de Obama recibieron el visto bueno de la máxima instancia judicial, empezando por la obligatoriedad de que todo ciudadano que cuente con los recursos económicos para ello, adquiera una póliza de salud privada. La sentencia justifica este precepto alegando que equivale a fijar un impuesto, cosa para la que el Congreso tiene facultades. El ponente del fallo, el juez presidente John Roberts, aclara que con eso no se dice que el seguro médico obligatorio sea una medida eficaz o sensata, sino solo que no es inconstitucional.
El Tribunal Supremo ha convalidado el principal elemento de la ley: la obligatoriedad de suscribir un seguro médico
Por tanto, quien no tenga derecho a cobertura pública (que sí reciben jubilados, veteranos del ejército y personas de bajos ingresos) tendrá que contratar, bajo riesgo de multa si no lo hace, un seguro privado. Ello puede disminuir el número de no asegurados, más de 40 millones actualmente, en 32 millones, pues empuja a acogerse a una póliza a personas que poseen medios económicos pero que prefieren quedarse sin cobertura privada, ya que saben que en caso de acontecerles una urgencia, el hospital está obligado a atenderlas.
Igualmente, se ha dado el visto bueno a previsiones recogidas en la ley para velar por que las personas enfermas que acudan a una aseguradora no sean rechazadas ni se les cobre más de lo debido, en virtud de su edad o de sus enfermedades anteriores a la contratación del seguro, cuyo tratamiento la compañía podía negarse a cubrir. Según datos de El País, en 2009 el 89% de los ciudadanos asegurados tenía algún tipo de limitación en el número de servicios y cuidados cubiertos por la póliza.
Asimismo, la ley ofrece subsidios a las personas pobres o de clase media baja, en dependencia de sus ingresos, y a las empresas que aseguren a sus trabajadores. En el primer caso, la reforma estipula la extensión del programa federal conocido como Medicaid para incluir en las ayudas a aquellos núcleos familiares de cuatro personas, con renta anual inferior a 29.327 dólares (hasta ahora, el Medicaid solo beneficiaba a los individuos con rentas muy bajas).
Por otra parte, aquellas personas que no tengan opción a Medicaid, pero que tampoco ganen lo suficiente para pagarse una póliza (menos de 88.200 dólares anuales en el caso de las familias, y 29.300 en el caso de las personas solas), también recibirán subvenciones.
No se puede penalizar a los estados rebeldes
Hasta aquí, la Casa Blanca y el Tribunal Supremo están de acuerdo. Donde el segundo para los pies al gobierno federal es en la obligación, impuesta a los estados, de aplicar la extensión del Medicaid. Si no lo hicieren, Washington tendría potestad para retenerles los fondos federales destinados al Medicaid, que constituyen el 10% de los presupuestos de los estados.
Según el juez Roberts, el Congreso puede ofrecer dinero a los estados para que expandan el Medicaid, y les puede dictar las condiciones para entregar esas subvenciones; “lo que no puede hacer –precisa– es penalizar a los estados que decidan no participar en el nuevo programa, retirándoles sus fondos para Medicaid ya comprometidos”.
El revés, en este caso, es de poco calibre, pues el grueso de lo firmado originalmente sale adelante, y el inquilino de la Casa Blanca, en pleno año electoral, se gana en los titulares comparaciones a Franklin D. Roosevelt y Lyndon Johnson. Su reforma “es la piedra angular de la que puede convertirse en una de las más extraordinarias presidencias de dos períodos en la historia de EE.UU.”, dice Douglas G. Brinkley, docente de la Universidad Rice de Texas.
Del otro lado, el candidato republicano a los comicios de noviembre, Mitt Romney, asegura que en el primer día de su hipotético ejercicio presidencial suprimirá la legislación sanitaria, un deseo cuyo cumplimiento algunos analistas ven del todo imposible, a menos que pueda reunir 60 votos en el Senado.