Análisis
Fue necesaria una prórroga para que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) acordaran, el 14 de noviembre en Qatar, emprender una nueva ronda de negociaciones para liberalizar más las transacciones internacionales. Este era el objetivo que no se logró en la fracasada conferencia de Seattle, hace dos años. En aquella ocasión surgió el movimiento anti-globalización, que desde entonces ha hecho notar su incómoda presencia en las sucesivas reuniones de otros organismos internacionales.
En Qatar, el tema de las patentes de medicamentos resultó fácil, tras las protestas del último año y el acuerdo de Estados Unidos con Bayer para bajar el precio de Cipro, el fármaco contra el ántrax (ver servicio 148/01). Las cuestiones más espinosas fueron los subsidios agrícolas y las barreras a las importaciones de productos textiles, dos mecanismos que aplican los países desarrollados (PD). Por este último asunto, India estuvo a punto de impedir el acuerdo, pero levantó el veto in extremis, aunque no consiguió más que una promesa genérica. En cuanto a la agricultura, la Unión Europea (UE) al final permitió el acuerdo al aceptar una fórmula que le compromete a reducir sustancialmente, pero no a suprimir, las subvenciones a la exportación. Otro punto complicado salió adelante cuando Estados Unidos admitió negociaciones sobre sus medidas anti-dumping, que le enfrentan con países asiáticos, como Japón o Corea, exportadores de acero y microchips.
Pocas semanas antes de que empezara la conferencia de Qatar, Donald Johnston, secretario general de la OCDE, reconocía claramente en International Herald Tribune (25-X-2001) que a los PD «les falta credibilidad en el mundo en desarrollo cuando llaman a un ambicioso programa de negociaciones multilaterales y, sin embargo, siguen resistiéndose a abrir sus mercados en campos en que la liberalización más contribuiría a elevar el nivel de vida en los países en desarrollo» (PED). En efecto, ahora en la OCDE los aranceles son bajos, excepto para productos en los que los PED tienen ventajas competitivas.
Obstáculos al desarrollo
La liberalización conseguida hasta ahora ha llevado a que los países en desarrollo reduzcan su tradicional proteccionismo, abriendo sus mercados a los productos y servicios de los países industralizados. Pero estos mantienen, en mercancías que son clave para los PED, subsidios a los productores nacionales, subvenciones a la exportación, aranceles elevados, severas medidas anti-dumping y normas restrictivas por motivos sanitarios o ecológicos. Todas esas bareras hacen que los PED pierdan unos 700.000 millones de dólares al año en exportaciones, según la UNCTAD (ver servicio 134/99).
El proteccionismo de los PD es especialmente fuerte en los productos agrícolas. Los países de la OCDE dedican unos 350.000 millones de dólares anuales en ayudas a la agricultura. La parte de la UE asciende a 45.000 millones de euros anuales, cerca de la mitad del presupuesto de la Unión. La UE ha suprimido todos los aranceles para los productos de los 48 países más pobres, pero con limitaciones para el arroz, el azúcar y los plátanos, los tres productos que podrían competir con los europeos (ver servicio 35/01).
Estados Unidos, que en 1996 aprobó una ley para reducir gradualmente los subsidios a la agricultura, de hecho la ha anulado. En respuesta a «emergencias» -bajadas de los precios-, el Congreso ha otorgado sucesivas ayudas, por valor de 173.000 millones de dólares, 70.000 millones más que lo previsto. En octubre, la Cámara de Representantes aprobó un nuevo proyecto que reintroduce las subvenciones a los precios, que la ley de 1996 se proponía eliminar. En cuanto a las emergencias, son en gran parte provocadas por la misma política proteccionista. Las ayudas estimulan excesos de producción y, en consecuencia, provocan el descenso de precios, que a su vez crean la necesidad de nuevas ayudas. La espiral supone una sangría para las arcas públicas y un perjuicio para los consumidores: los norteamericanos, por ejemplo, tienen que comprar azúcar a un precio triple del internacional.
Los PD no se abren al comercio con los PED porque sería impopular, mientras que las ayudas a los productores nacionales dan votos. Lo cual no concuerda con el tópico de que los enemigos de los países pobres son los poderosos del mundo rico (gobiernos, multinacionales). A veces, elementos más modestos, pero que forman eficaces grupos de interés, son los que se oponen a la equidad comercial, en perjuicio de los PED. En Seattle, los sindicatos norteamericanos se vistieron con pieles de oveja, presentándose como abogados de los pobres del mundo. De hecho, han mostrado su poder para bloquear medidas de liberalización que beneficiarían a los PED (ver servicio 35/00). El líder agrario francés José Bové puede ser un campeón de la lucha contra el imperio de McDonald’s, pero no un defensor de los campesinos del Tercer Mundo, a los que no quiere dejar competir.
Hay que dudar, pues, del mensaje simplista del movimiento anti-globalización, según el cual liberalizar el comercio conspira contra los intereses de los países pobres. En realidad, la apertura comercial ha beneficiado a todos, incluidos los PED, que han podido aumentar su presencia en el mercado mundial (ver servicio 4/01). Pero las ganancias se han repartido muy desigualmente, porque la globalización ha sido asimétrica: la agricultura y otros sectores de los PD siguen estando acorazados contra la competencia de los PED. Lo que necesitan los pobres, entonces, es más globalización, no menos.
Rafael Serrano