Un informe sobre el sinhogarismo en la UE revela que el fenómeno afecta también a personas de la tercera edad, mayormente si han vivido de alquiler.

Se les ve sentados en el parque, charlando entre ellos, con sus bastones o en silla de ruedas… Se adivina que, con toda probabilidad, algunos de ellos viven solos, en la indeseada soledad del que perdió a su esposa o esposo y no tiene hacia quién girarse en medio de la noche para contarle un chiste o un percance. Solos, sí, pero con algunas seguridades, como una holgada pensión y un piso seguro, pagado hace años. El desahucio no es un riesgo, por lo que –al menos– morirán en su cama. No es siempre el caso: en toda la Unión Europea, se calcula en 1,4 millones las personas que no disponen de un sitio donde vivir con seguridad y de modo estable, y que de ellas, unas 170.000 son personas mayores de 65 años, según refleja el undécimo informe “Panorama General de la Exclusión de Vivienda en Europa”, elaborado por la francesa Fondation pour le Logement des Défavorisés y por FEANTSA, organización paneuropea que trabaja contra el sinhogarismo. No es –el de los mayores sin hogar– un número del todo fiable, avisan los autores. Ello se debe al baile de estadísticas derivado del modo en que cada país cuenta a los suyos. Países Bajos, por ejemplo, estuvo mucho tiempo sin enumerarlos a la hora de contar a las personas en situación de calle, hasta que en 2025 se hizo un conteo en 57 municipios (de los 342 que conforman el país), el cual arrojó que, de 28.721 personas sin hogar, el 6% tenía entre 60 y 69 años, y el 1%, 70 o más. En España, el 5,5% de las personas sin hogar son mayores de 65 años Además del “descuido” que puede dar pie a estos conteos parciales, está el problema del sinhogarismo oculto: el de las personas que se quedan con otras porque no tienen casa propia, o que no pueden abandonar el hospital o la atención en una residencia porque no tienen adónde ir cuando les dan el alta, o que se mantienen en servicios de alojamiento temporal de modo permanente. Están circunstancialmente bajo un techo, y por eso pueden escapar del radar, pero en realidad no tienen un sitio propio donde echar raíces. “En este contexto, las estadísticas oficiales pueden captar sólo la punta del iceberg”, dice el informe. Con estos vacíos y con los problemas metodológicos para acopiar la información, cada país europeo ha ido tirando y ha hecho sus números, y la comparación final arroja diferencias notables. Algunos exhiben cifras de sinhogarismo en la tercera edad considerablemente “bajas”, como Irlanda (270 mayores de 65 años sin hogar, que constituyen el 1,6% de las personas en esa situación en todo el territorio) y España (con más de 1.500, que son el 5,5% de los sintecho), mientras que en países como Hungría las cifras se disparan escandalosamente: sus más de 3.050 mayores de 60 años sin hogar constituyen el 44% de las personas en esa condición en todo el país. Péter Győri, directivo de la Fundación Menhely, que elabora estudios sobre vivienda, califica de “alarmante” la situación. “Hoy en día, casi una de cada dos personas sin hogar tiene más de 60 años. En 2011, la cifra era solo del 13%. Esto representa un cambio radical en el perfil de edad de la población sin hogar de Hungría”, apunta. Factores diversos (y uno, decisivo) Según el informe, son varios los factores que colocan a una parte importante de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad en cuanto al acceso a una vivienda estable. El documento refiere, entre otros, los apuros económicos, el deterioro de la salud y la movilidad, la discriminación a causa de la edad) y la subida de los alquileres, que se hace sentir de modo aun más negativo en un segmento poblacional cuyos ingresos –las pensiones de jubilación– no suelen crecer al mismo ritmo. Ahora bien, entre estar de alquiler y tener el piso en propiedad se abre un abismo diferenciador. “La seguridad habitacional en la vejez depende en gran medida de la tenencia de la vivienda”, señalan los autores, y añaden que, para los propietarios, la vivienda puede representar una forma de seguridad acumulada durante su vida laboral. Es la seguridad de que no disponen los mayores en calidad de inquilinos, que no son, por cierto, una fracción pequeña: según Eurostat, el 34,4 % de los mayores de 65 años que viven solos lo hacen en esa condición. Es una desventaja importante, que se acentúa además en el caso de las inquilinas. El texto cita el ejemplo de España, donde el riesgo de pobreza es mucho mayor entre las adultas mayores que pagan mes tras mes el alquiler de un piso (28,3%) que entre aquellas que tienen casa en propiedad (18,8%). Y así como los alquileres van al alza (se han incrementado un 94% desde 2015, según cifras de Fotocasa utilizadas en un estudio de Provivienda), va aumentando la proporción de inquilinos de más de 65 años en situación de vulnerabilidad. En otros países la imagen es parecida. El documento señala, en el caso de Irlanda, un estudio de Simon Communities, organización benéfica que combate el sinhogarismo, según el cual el incremento de los precios del alquiler –y ni decir del de las casas en venta– deja muy atrás el correspondiente aumento en las pensiones, “lo que está provocando que un número creciente de personas mayores tengan dificultades para acceder a una vivienda adecuada o para permanecer en ella”. Entretanto, en Francia, una investigación de ADIL (la agencia de información sobre vivienda) sobre desalojos en París reveló que casi la tercera parte de quienes solicitaban ayuda tras recibir un aviso de desahucio de su vivienda de alquiler tenían más de 65 años y habían residido en el mismo sitio por casi 30 años. Sacarlos de allí no implicaba simplemente desproveerlos de un techo: “No se trata solo de la pérdida de un hogar –subrayan los firmantes del “Panorama General”–, sino también de la pérdida de los lazos locales, las relaciones y el sentido de pertenencia forjados durante décadas”. Al momento en que se hizo la encuesta (2022), solo el 11% de estos mayores que vivían de alquiler habían encontrado una vivienda alternativa, y ello pese a que, según la agencia, “si el inquilino tiene más de 65 años y sus ingresos están por debajo del umbral para acceder a una vivienda de alquiler subvencionada, el propietario debe ofrecerle una vivienda alternativa”. Se ve, no obstante, que el mecanismo de compensación no funciona como un reloj. La calle envejece aun más El informe de FEANTSA y de la Fondation pour le Logement des Défavorisés no ofrece un número exacto de adultos mayores en situación literal de calle en Europa, si bien los hay. La fundación francesa recoge ejemplos en un artículo sobre el informe; como el de Didier, de 73 años, que fue desalojado en 2020 por no poder pagar el alquiler –la pandemia lo había dejado sin trabajo como peón en la agricultura– y que caminaba varios kilómetros cada día con sus pocas pertenencias a cuestas hasta que un centro de día en Perpiñán le dio una mano; o como muchas otras –algunas incluso de noventa años– que duermen en sus coches o a la intemperie en la misma localidad. “La fragilidad y los síndromes geriátricos pueden aparecer [en las personas que viven en la calle] décadas antes que en la población general” Y están otros, no de tan avanzada edad biológica, pero a quienes la calle los avejenta abruptamente. Según explica el documento, la categoría de “personas mayores” coincide generalmente con la de retirados –“tanto la OCDE como Eurostat fijan el umbral en 65 años, en consonancia con la edad de jubilación en la mayoría de los países europeos”–; sin embargo, para las personas sin hogar resultaría inapropiada, toda vez que las duras condiciones de la calle pueden acelerar significativamente el deterioro físico y cognitivo de la persona. “Una revisión de la literatura sobre este fenómeno muestra que la fragilidad y los síndromes geriátricos pueden aparecer [en las personas que viven en la calle] décadas antes que en la población general. A una edad determinada, la prevalencia del deterioro cognitivo es mucho mayor entre las personas sin hogar que en la población general. Como resultado, el sector de atención a personas sin hogar a menudo considera que las personas son ‘mayores’ mucho antes de cumplir los 65 años”. Apoyan esta afirmación varias entidades que trabajan con personas sin hogar. Según el Collectif Les Morts de la Rue (CMDR), que en 2023 registró 735 muertes de personas sin techo, la edad promedio de los fallecidos era de 49 años, mientras que, en Italia, una institución homóloga anotó 415 muertes, con un promedio de edad de 46,3 años. En ambos países, la esperanza de vida se ubica en el entorno de los 80 años, por lo que queda bastante claro cuál pudo ser el trágico catalizador. Esto, tristemente, en países del Primer Mundo; en economías de avanzada y con Estados de Bienestar consolidados durante décadas. Los autores del informe le han tomado el pulso a la situación, y han querido advertirles a las autoridades europeas sobre unos servicios de emergencia “al límite de su capacidad” para atender estas situaciones, las listas de espera en crecimiento constante, las soluciones temporales que no acaban con el problema, y unos criterios de elegibilidad cada vez más restrictivos. “Una vez más, este informe da la voz de alarma”, concluyen. Un “pentálogo” europeo de buenas intenciones Para dar respuesta al problema de la falta de vivienda para las personas más vulnerables, los países miembros de la UE dieron luz verde en 2021, en Lisboa, a la creación de la Plataforma Europea para Combatir el Sinhogarismo. El bloque se planteó el siguiente pentálogo de objetivos: Nadie dormirá a la intemperie por falta de un alojamiento improvisado accesible, seguro y adecuado Nadie vivirá en alojamientos improvisados o transitorios más tiempo del necesario para conseguir mudarse a una solución de alojamiento permanente Nadie saldrá de un centro (penitenciario, hospitalario, asistencial, etc.) sin una oferta de alojamiento adecuada Se evitarán los desahucios siempre que sea posible y nadie será desahuciado sin recibir asistencia para encontrar una solución de alojamiento adecuada cuando lo necesite Nadie será discriminado por encontrarse en situación de sinhogarismo En la Declaración, los Estados parte afirmaron que la UE “dispone de fondos para financiar medidas inclusivas destinadas a combatir el sinhogarismo”. Uno de los intervinientes subrayó que el principio 19 del Pilar Europeo de Derechos Sociales –sobre vivienda y la asistencia a las personas sin hogar– era “un imperativo moral si realmente queremos construir una sociedad justa e inclusiva”. Un documento del Parlamento Europeo, de 2026, nos recuerda, sin embargo, que “el pilar europeo de derechos sociales no es jurídicamente vinculante”. L.L.

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