Organizados de manera espontánea por grupos de WhatsApp y sin grandes asociaciones o sindicatos liderando el movimiento, los agricultores han tomado las calles europeas en multitudinarias “tractoradas” obligando a los gobiernos y a la UE a actuar. La queja fundamental es la complejidad normativa a través de más burocracia, lo que implica exigencias medioambientales que limitan la producción.
Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, España, Polonia, Grecia, Rumanía… El contagio de las protestas del sector agrícola mantiene en jaque a la Unión Europea (UE) ante unas demandas con amplio apoyo popular a escasos cuatro meses de las elecciones al Parlamento Europeo. El tema viene de lejos, desde que en 2020 se aprobó el Pacto Verde imponiendo a la Política Agraria Común (PAC) amoldarse a sus exigencias. Esto se sumaba a las reformas que la PAC venía acumulando desde su creación en 1956 y que han aumentado los trámites burocráticos y condiciones para acceder a las ayudas, ahogando a agricultores y ganaderos hasta el hartazgo.
José María Castilla, director de la oficina de la Asociación Agraria – Jóvenes Agricultores (ASAJA) ante la UE, explica desde Bruselas las claves del malestar del campo. Actualmente, el sector agrícola sufre por la situación de sequía, el incremento de los costes de producción y la incertidumbre que genera la guerra de Ucrania, clave exportador de grano a Europa. “En este contexto, entendemos que Bruselas no debería poner limitaciones a la producción”, argumenta Castilla, pues estos factores hacen muy difícil cumplir con los requisitos necesarios para percibir las ayudas económicas de la PAC. Requisitos que, además, les perjudican frente a la competencia extranjera que no tiene que cumplir esos estándares tan exigentes.
Bruselas cede al pulso
El efecto dominó se desencadenó cuando los agricultores salieron a las calles en Alemania, un país menos dado a las protestas que la vecina Francia, por ejemplo, que no tardó en subirse al carro. “La unión es total entre agricultores europeos”, afirma Castilla. Lejos de las acusaciones de competencia desleal hechas por políticos franceses contra el sector agrícola español, explica que las asociaciones de agricultores franceses “se avergonzaron y pidieron disculpas por las declaraciones de sus políticos”. En su opinión, Francia utilizó esa estrategia “para dividir al sector”. El asunto no ha ido mucho más allá de la anécdota, mientras que lo que sí está trascendiendo es la presión del sector agrícola sobre Bruselas.
La preocupación por el impacto medioambiental “ha alterado el orden natural de la función de la agricultura: ya no es producir alimentos, sino la lucha contra el cambio climático”
Cientos de agricultores llegaron con sus tractores a manifestarse en la capital belga, sede del Parlamento Europeo y la Comisión Europea el pasado 1 de febrero. Castilla destaca la rapidez con que la Comisión se puso en contacto con ellos para atender sus reivindicaciones: “Ya sea por la presión o por las elecciones, las instituciones europeas tienen miedo”. Fue la propia presidenta Ursula von der Leyen la que les llamó. Atendiendo a las demandas del sector, según enumera Castilla, la Comisión se ha comprometido a simplificar la burocracia de la PAC, a no llevar a cabo el acuerdo comercial con Mercosur, a que el ganadero se pueda defender del lobo [especie protegida que ataca al ganado con impunidad], a regular las nuevas técnicas genómicas (NGT en inglés) para que se pueda utilizar en Europa –lo que disminuiría el uso de fertilizantes y productos fitosanitarios–, y a mejorar la ley de la cadena agroalimentaria para prohibir la venta a pérdidas.
A la espera de que estas promesas se traduzcan en leyes, y con las elecciones europeas tan cerca, Castilla lo tiene claro: “somos nosotros los que tenemos la sartén por el mango y vamos a presionar hasta conseguir lo que queremos”.
¿Necesidad de reformas o problema estructural?
A partir de los años 90, la PAC tuvo la necesidad de adaptarse a las exigencias de libre mercado y medioambientales introducidas por la Cumbre de Río de 1992 y la Ronda de Uruguay que culminaría con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995. “En lugar de plantear un nuevo modo de desarrollar la política agraria, se decide modificar sobre lo existente, lo que siempre supone asumir derechos adquiridos”, explica Juan Urbano, ingeniero agrónomo. Por tanto, en aquella ocasión se perdió la oportunidad de realizar una reforma estructural quizá necesaria tras casi 50 años de PAC. “En esos momentos se habló de renacionalización de la política agraria, pero ni a los burócratas de la UE ni a los representantes nacionales les interesaba –apunta Urbano– posiblemente por los repartos presupuestarios y porque interesa tener un legislador responsable fuera de las fronteras a quien culpar”.
El contexto institucional global descrito, expone este experto, llevó a la reforma de 2003, en la que “se desacoplan las ayudas de los cultivos e incluso prevé la decisión técnica de no sembrar o cosechar sin perder la subvención”. Así, “se crea una ‘aristocracia’ con derecho a cobro” que, además, “suele beneficiar a los que más percibían antes de la reforma”. Es en este momento cuando se va acentuando el enfoque medioambiental de la PAC como justificación de las políticas y como condición para cobrar las ayudas. “Desde 2003 se habla de simplificar la PAC, pero la realidad es que cada reforma la hace más compleja para el agricultor y las administraciones, porque se incluyen nuevos aspectos que subvencionar, con sistemas de control propios, incluyendo la coherencia con otras medidas no propias de la PAC”, explica Urbano. Este es el caso del Pacto Verde aprobado en 2020.
En lo que se refiere al comercio exterior, la PAC supone un lastre para la competitividad europea, pues las exigencias son mucho mayores que en terceros países
Esta preocupación por el impacto medioambiental del sector agrícola “ha alterado el orden natural de la función de la agricultura: ya no es producir alimentos, sino la lucha contra el cambio climático”. Sin embargo, “el ruido mediático de la contaminación agraria es desproporcionado si tenemos en cuenta el impacto real”, muy por detrás de la producción de energía o del transporte, apunta Urbano.
“No estamos en contra del Pacto Verde”
Una de las cosas que aclaran desde ASAJA es que no están en contra de la PAC o del Pacto Verde. Quieren huir de la polarización entre agricultura y ecologismo, o del enfrentamiento entre el campo y la ciudad. “No estamos en contra del Pacto Verde, sino en contra de cómo se ha elaborado”, aclara Castilla. Mientras se tramitaba esta iniciativa de política medioambiental, Frans Timmermans, entonces vicepresidente de la Comisión Europea, no tuvo en cuenta al comisario de Agricultura. Desde las asociaciones de agricultores europeas “lo criticamos, pero no tuvimos respuesta”, denuncia Castilla.
Otra de las irregularidades en el contexto de la aprobación del Pacto Verde fue que “Timmermans escondió en un cajón un informe del Joint Research Center (JRC), que venía a coincidir con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y con la Universidad de Wageningen”. Según explica Castilla, este informe alertaba de cuatro consecuencias de la aplicación del Pacto, cada una resultado de la anterior: la caída de la producción agrícola, la caída de la renta agraria, el encarecimiento del precio de los alimentos y el aumento de las importaciones de terceros países.
En este sentido, las demandas de los agricultores son claras: que se tengan en cuenta las evidencias científicas, no sólo los intereses políticos, y que la estrategia de sostenibilidad esté apoyada en tres pilares: el social, el medioambiental y el económico. “No se puede hacer una PAC verde con números rojos”, sentencia Castilla.
La PAC beneficia al consumidor, pero distorsiona el mercado
En lo que se refiere al comercio exterior, la PAC supone un lastre para la competitividad europea, pues las exigencias son mucho mayores que en terceros países. “Nos gustan los mercados y competir”, aclara Castilla, “pero en igualdad de condiciones”. Es esto último lo que tienen más difícil los agricultores europeos, pues compiten con países que tienen estándares laborales mínimos, países que disfrutan de beneficios fiscales o no tienen que pagar por los recursos hídricos; sin restricciones en el uso de ciertos productos fitosanitarios y fertilizantes, etc.
La pregunta es si las reformas son suficientes o si hace falta un nuevo planteamiento y una nueva PAC para afrontar esta crisis y prevenir las futuras
Cerca de un tercio del presupuesto de la Unión Europea se invierte en la PAC, “el 27-28%”, puntualiza Castilla, “que no está vinculado a la indexación, así que, con la inflación, baja el presupuesto”. El representante de ASAJA explica por qué se dan estas ayudas al sector: al aplicar los estándares exigidos de sostenibilidad, bienestar animal, etc., hay un perjuicio económico para el agricultor, que es lo que viene a paliar la subvención de la PAC. Sin embargo, no son ellos los únicos beneficiados: “Gracias a esas ayudas, el consumidor puede disfrutar de unos precios razonables. Es una manera de tener controlada la escalada en los precios de los alimentos”. Por su parte, Urbano aporta el impacto de estas subvenciones en los hogares: “Cuando empezó la PAC gastábamos el 40% de la renta en comer y ahora solo el 15%”, aunque el porcentaje ha subido en los últimos años por la inflación.
Sin embargo, Urbano considera que este aspecto de la PAC distorsiona el mercado: “Los consumidores, en muchas ocasiones, pagamos precios que no incluyen todos los costes reales de producción y los agricultores pueden producir por debajo de costes porque aseguran su continuidad por la subvención, que llega a ser entorno al 20-30% de su renta”. Otro asunto relacionado es la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Según la Red Contable Agraria a escala europea (FADN), el 13% de las explotaciones europeas gestionan el 69% del suelo de uso agrario, que supone el 85% del valor generado por la actividad con el 38% de la mano de obra agraria. “Estos datos revelan que el 87% de las explotaciones producen sólo el 15% del valor agrario, lo que lleva a pensar que son explotaciones pequeñas que no generan un valor suficiente para sus explotadores y que se mantienen como agricultura a tiempo parcial a base de subvenciones”, apunta Urbano.
A la espera de que la Comisión Europea traduzca sus promesas en leyes, la pregunta es si las reformas son suficientes o si hace falta un nuevo planteamiento y una nueva PAC para afrontar esta crisis y prevenir las futuras.