Contrapunto
En Illinois (EE.UU.) se ha denegado la inyección letal a una mujer que quería así poner fin a su vida. Ya de niña sufrió agresiones físicas y sexuales, y llevó después una existencia miserable hasta terminar por creer que no vale la pena seguir viviendo. Pero diversos grupos pro derechos humanos presionaron a las autoridades para que no se respetara su voluntad: alegaban que ella, en sus circunstancias, no es competente para decidir sobre su propia muerte. Por fin, el gobernador del Estado le ha conmutado la pena capital, a la que había sido condenada por homicidio, pese a que ella no quiso recurrir la sentencia e insistía en ser ejecutada.
Siempre es consolador que se salve una vida, aun la de un culpable. Y resulta paradójico que los partidarios de la eutanasia consideren plenamente libre y razonable la decisión del enfermo desesperado que pide morir, y crean que en tal caso la defensa de los derechos humanos consiste en administrar la inyección letal.
Rafael Serrano
Cada jueves, lo mejor de Aceprensa en una newsletter gratuita.
