Dos sectores del partido discuten sobre las esencias del socialismo.

Ante la oposición de los sindicatos, y aun entre las propias filas socialistas, y pese a haber hecho importantes cesiones, el gobierno francés ha decidido forzar la tramitación de su reforma laboral puenteando al Parlamento, mediante un recurso legal extraordinario. El partido queda dividido, y los sindicatos prometen continuar con las movilizaciones en contra del proyecto. El gobierno quería que la Asamblea Nacional votase el proyecto, en primera lectura, el 17 de mayo. Pero el debate se preveía interminable, pues los diputados habían propuesto unas cinco mil enmiendas. Entre ellos, una parte de los socialistas maniobraban para hacer fracasar la reforma. El primer ministro Manuel Valls interpreta la rebelión dentro del partido como una pugna “entre quienes se aferran al pasado y quienes miran al futuro” El primer ministro, Manuel Valls, denunció el obstruccionismo de una “minoría de bloqueo” en la que estaban incluidos algunos parlamentarios de su propio partido. Además, dijo, la multitud y diversidad de enmiendas hacía peligrar la coherencia del texto. Por esa razón, decidió recurrir al artículo 49-3 de la Constitución, que permite al gobierno hacer pasar, sin votación, un proyecto de ley a la siguiente fase del trámite parlamentario. La Asamblea solo puede evitarlo si aprueba por mayoría absoluta una moción de censura, lo que forzaría la dimisión del gobierno. Los diputados de la oposición de centro y derecha plantearon una moción de censura que se debatió ayer y salió rechazada. Por tanto, la reforma sigue su curso, ahora en el Senado. El fracaso de la moción era previsible: contaba con muchos más de los 58 diputados necesarios para proponerla, pero estaba lejos de la mayoría absoluta. Más significativo resulta que 24 socialistas habían querido sumarse a otra, que era iniciativa de la oposición de izquierda y no llegó a ser votada porque le faltaron dos firmas. Estos que se ha dado en llamar “contestatarios” anunciaron que, por coherencia, no apoyarían la moción de la derecha, que por otra parte tampoco habría tenido éxito aunque lo hubieran hecho. Valls y otros dirigentes del Partido Socialista (PS) han respondido con palabras duras a esta rebelión, de la que forman parte dos exministros, Benoît Hamone y Aurélie Filippetti. Algunos han invitado a los contestatarios a abandonar el partido, a lo que uno de ellos, Laurent Baumel, ha replicado: “El Partido Socialista no es propiedad personal de François Hollande o de Manuel Valls. Por mi parte, cuando defiendo mi postura sobre la cuestión de la reforma laboral, creo defender más bien la postura natural del Partido Socialista”. Dos versiones del progresismo Valls entiende la discrepancia en otros términos: “entre quienes se aferran al pasado y quienes miran al futuro”. Como los contestatarios, con los sindicatos y todo el frente contra la reforma, la califican de “regresiva”, resulta claro que en la izquierda hay una disputa sobre qué son hoy el “progresismo” y su contrario. El PS francés no ha tenido dificultad en atraerse el apoyo de las demás fuerzas de izquierda para el matrimonio homosexual u otras banderas del nuevo canon progresista. Pero en las causas clásicas, como la protección social y los derechos laborales, esos mismos compañeros de viaje lo califican de “neoliberal”. Un total de 24 diputados socialistas, incluidos dos exministros, se sumaron a un intento de moción de censura contra el gobierno, para detener el proyecto de reforma laboral No es este el primer recurso de Valls al 49-3. En el anterior periodo de sesiones lo invocó tres veces –una por cada lectura del proyecto en la Asamblea– para sacar adelante la llamada ley Macron (por el nombre del ministro de Economía), de liberalización de diversas actividades. Con ella, como con la reforma laboral, el gobierno quería quitar rémoras heredadas de la tradición estatista y corporativista francesa. Así, la ley levantó las restricciones que, para proteger el monopolio de los ferrocarriles, hacían el transporte en autocar prácticamente inexistente en Francia; o agilizó los trámites para obtener el permiso de conducir, que antes imponían demoras de más de seis meses entre dos convocatorias de examen. Como sucede en otros países, hoy el socialismo francés no acaba de encontrar la identidad que antes le daban sus orígenes en la defensa de la clase obrera. Tal vez haya muerto de éxito, una vez instaurado el Estado del bienestar. En todo caso, ya no puede considerar asegurado el voto de sus bases tradicionales. Hoy los obreros temen más la competencia de los inmigrantes que los desmanes del capital, sufren en sus barrios los problemas causados por la escasa integración de los extranjeros, y se pasan en una parte considerable al Frente Nacional. Mientras tanto, una ultraizquierda “populista” va comiendo terreno ideológico al PS por el otro lado. Para hablar con convicción de ideales, al PS le queda la seguridad y la mano dura contra el terrorismo. Que quizá no sea la postura natural del partido, pero también es algo progresista, o ya no es cosa de la derecha, o quién sabe. Cómo queda el proyecto Por la oposición de los sindicatos y las protestas en el interior del PS, el gobierno llevó al Parlamento un texto con notables cambios. Luego dijo que aceptaría 469 de las cinco mil enmiendas propuestas. La versión que irá al Senado está pendiente de un acuerdo sobre algunos puntos aún no definidos entre el ejecutivo y la presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional. Con esta salvedad, las principales modificaciones introducidas son las siguientes. Indemnizaciones por despido. El gobierno renunció a una de sus propuestas más importantes, y más contestadas. No habrá límite para la cuantía de la indemnización por despido improcedente, y el baremo ideado –según la antigüedad del empleado– queda como simplemente indicativo: los jueces podrán usarlo o no. Por tanto, asalariados y empresas seguirán sin poder saber con antelación cuánto recibirán o tendrán que pagar. Condiciones del despido por motivos económicos. El gobierno introdujo un inciso para que un grupo de empresas no pueda provocar números rojos en una de ellas a fin de justificar despidos. La Comisión moduló luego la duración del descenso de ventas según el tamaño de las empresas: un trimestre para las de menos de 50 empleados, tres trimestres seguidos para las de 50 a 299 empleados, cuatro para las demás. Penalización fiscal a los contratos temporales. El gobierno retiró este punto, por la fuerte oposición de la patronal. Tiempo de trabajo. La prolongación por necesidades extraordinarias, que en el anteproyecto se había ampliado a una media de 44 horas semanales durante 16 semanas, se deja como estaba: la misma media durante 12 semanas. Representatividad de los sindicatos. Se mantiene la posibilidad de aprobar convenios de empresa por referéndum entre los empleados, pero se aplicará gradualmente: al principio, solo para definir la duración del trabajo. Permisos por acontecimientos familiares. Se alargan en algunos casos, y la Comisión amplió a diez semanas el periodo en que no se puede despedir a quien se reincorpora tras el permiso por nacimiento de un hijo.

La reforma laboral provoca división en los socialistas franceses

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