Por quinto año consecutivo, la Iglesia católica en EE.UU. celebra la Quincena por la Libertad. Como en ediciones anteriores, subraya que el reconocimiento de la libertad religiosa permite a cualquier ciudadano e institución trabajar por el bien común de acuerdo con sus creencias. Y, últimamente, va camino de convertirse en la última salvaguarda frente a los intentos de conformar todas las opiniones a la mentalidad dominante.
Bajo el lema “Testigos de la libertad”, la Quincena comenzó el 21 de junio, víspera de la fiesta de san Juan Fisher y santo Tomás Moro, y terminará el 4 de julio, Día de la Independencia de EE.UU. Precisamente una de las novedades de este año es la exposición de las reliquias de ambos santos, traídas desde Inglaterra, en varias diócesis del país.
El reconocimiento de la libertad religiosa es una forma de salvaguardar la independencia de criterio frente al pensamiento único
Fisher y Moro son dos de los testigos que los obispos proponen como modelos en los que fijarse en la actual coyuntura social. Ambos trabajaron por el bien de su país, Inglaterra. Pero su patriotismo –explica un folleto de la Conferencia Episcopal– no les impidió dar sus vidas “por la libertad de la Iglesia y por la libertad de conciencia”, cuando Enrique VIII intentó forzarles a pensar como él pensaba.
También hoy existen ciudadanos dispuestos a construir la sociedad civil codo con codo con sus iguales, sin plegarse al chantaje que plantea el laicismo: bienvenida sea vuestra participación en el espacio público y vuestro trabajo al servicio de la sociedad, siempre y cuando dejéis a un lado vuestras creencias.
Testigos de la libertad contemporáneos son los 21 cristianos coptos decapitados por el Estado Islámico en Libia, donde intentaban trabajar y llevar una vida en paz tras emigrar desde Egipto. O, en EE.UU., las Hermanitas de los Pobres, quienes se enfrentan a multas federales de unos 70 millones de dólares al año si no acatan el “mandato anticonceptivo”, como se conoce a la norma que les obliga a garantizar a sus empleadas el acceso gratuito a los anticonceptivos, la píldora del día después y la esterilización en su plan de seguros.
Las Hermanitas de los Pobres y otras instituciones de inspiración religiosa recurrieron el mandato ante el Tribunal Supremo (caso Zubik v. Burwell), después de que cuatro tribunales federales lo avalaran. El pasado 16 de mayo, el Supremo suspendió de forma cautelar las multas y devolvió el caso a los tribunales federales para que encuentren una solución que no vaya en contra de las convicciones de las religiosas. Dos años antes, en el caso Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc., el Supremo sentenció que las empresas familiares pueden objetar frente a dicha norma, por imponer una carga excesiva al libre ejercicio de la religión.
Presiones cotidianas a la conciencia
La polémica por el mandato anticonceptivo es el tipo de intromisión en las conciencias que denuncian los obispos. Pero hay otros muchos ejemplos de despotismo, como han puesto de relieve las convocatorias anteriores de la Quincena por la Libertad (ver artículos relacionados). Desde 2012, esta campaña ha servido para denunciar las leyes federales o estatales que obligan:
- a escuelas confesionales a impartir y financiar programas de educación sexual que son contrarios a las convicciones de las familias;
- a pequeños empresarios a prestar sus servicios en bodas gais, aunque no quieran por motivos de conciencia y aunque otros estén dispuestos a hacerlo;
- a organizaciones provida a contratar (o a no despedir) a empleados cuyo discurso o conducta pública son contrarias a la misión de esas organizaciones;
- a las agencias de adopción católicas a dar niños a parejas del mismo sexo…
En todos estos casos, hay abuso de poder, ya que el Estado aprovecha su posición de fuerza para quitar a los ciudadanos o a las instituciones la facultad de prestar sus servicios de acuerdo con su identidad. Y como el precio a pagar por la desobediencia puede ser elevado –a través de cuantiosas multas o de la suspensión de los beneficios fiscales a que tienen derecho las organizaciones sin ánimo de lucro–, acaban perdiendo también los beneficiarios de la acción caritativa y social que impulsan esas personas e instituciones. De ahí que el hashtag de la campaña en Twitter vaya al grano: #LetThemServe (dejadles servir).
¿Obligados a pensar lo mismo?
El reconocimiento de la libertad religiosa funciona también como eficaz baluarte de la conciencia frente a la mentalidad dominante, que hoy promueve “la deconstrucción del matrimonio, la redefinición de la sexualidad y la imposición de nuevas formas de ortodoxia laica”, observa el arzobispo William E. Lori, presidente del Comité para la Libertad Religiosa de la Conferencia Episcopal de EE.UU.
Hay abuso de poder cuando el Estado se entromete en las conciencias de los ciudadanos y les obliga a pensar –bajo pena de multa– de una manera determinada
Jeremy Tedesco, abogado de la Alliance Defending Freedom, lo explica con el ejemplo de uno de sus clientes, dueño de una pastelería de Colorado que fue sancionado por negarse a hacer una tarta para una boda gay porque iba en contra de sus convicciones. La sanción incluía la obligación de explicar a sus empleados por qué no debían actuar como había hecho él. “El Estado ordenó a mi cliente que dijera cosas con las que no estaba de acuerdo”, protesta Tedesco en declaraciones al National Catholic Register.
Y añade: “La función más importante de la Primera Enmienda siempre ha sido la de proteger las ideas impopulares. Ahora que la idea del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer parece que se ha vuelto minoritaria, la Primera Enmienda debería proteger este punto de vista”.
El pastelero de Colorado ha sufrido una sanción mucho más leve que la que recibieron Moro y Fisher. Pero el modus operandi de las autoridades es parecido: en los tres casos, el poder estatal decide que quien discrepa de su visión del matrimonio –disoluble, según Enrique VIII; homosexual, según los tribunales de Colorado– merece ser castigado.