El informe oficial sobre abusos sexuales en la Iglesia de España deja cuestiones sin responder

El informe oficial sobre abusos de menores en el ámbito católico fue entregado con gran publicidad el 27 de octubre por el Defensor del Pueblo al Congreso de los Diputados, que se lo había encargado. Es el estudio más amplio realizado en España hasta la fecha, pero es a la vez incompleto, por falta de documentación. De suerte que se parece a un boceto pintado con trazos gruesos, en el que una multitud de detalles clave quedan sin aclarar.

La necesidad de informar rápidamente de un documento de casi 800 páginas antes de poder leerlo tiende a provocar que las noticias no escarben más allá del resumen oficial, y tiene el peligro de que la atención se centre en un aspecto polémico pero alejado de lo fundamental. En este caso, la manzana de la discordia ha sido la estimación de 440.000 víctimas de abusos en la Iglesia, resultado de aplicar a la población española actual de 18 a 90 años el 1,13% que halla la encuesta incluida en el informe. Las personas abusadas por sacerdotes o religiosos –el 0,6% de la muestra– serían, según la misma regla, 233.000. Dejamos este asunto para el final; primero abordamos las principales aportaciones del informe.

Contexto

El documento incluye unos análisis de contexto tomados de varias fuentes, como informes sobre abusos en la Iglesia elaborados en otros países; un resumen de medidas de prevención y reparación que se han tomado en España y en el extranjero; una panorámica sobre el tratamiento jurídico de estos delitos; estudios sobre las raíces del problema. Al final extrae conclusiones y hace recomendaciones.

Los más de 400 testimonios de víctimas reunidos en el informe ayudan a hacerse cargo del daño que causan los abusos

En la parte central, el informe recopila datos sobre el abuso de menores en España. Unos provienen de las diócesis y de los institutos religiosos; otros, de los medios de comunicación, principalmente el archivo de denuncias recogidas por El País; otros, de los tribunales. Los materiales obtenidos por la propia oficina del Defensor del Pueblo para el informe son más de 400 testimonios de víctimas recibidos por el equipo creado al efecto. Se solicitaron estos relatos, como dijo Gabilondo, no con finalidad estadística, sino para atender y escuchar a personas que sufrieron abusos, y conocer las secuelas que les han quedado. No es una lectura grata, pero ayuda a comprender a las víctimas y hacerse cargo del daño que causan los abusos.

En materia de datos generales, la contribución que hace el informe es la encuesta de GAD3, la primera de escala nacional desde una publicada en 1994, que se hizo, a instancias del Ministerio de Asuntos Sociales, a una muestra de 1.800 personas. El Defensor del Pueblo encargó la última a fin de tener una estimación de la prevalencia de los abusos de menores en la Iglesia, y compararla con la de los cometidos en otros ámbitos y con la hallada en otros países.

Qué dice la encuesta

La encuesta está hecha con una muestra compuesta por adultos de 18 a 90 años a los que se preguntó si habían sufrido abusos sexuales cuando eran menores de edad; a los que respondieron afirmativamente se pidieron detalles relevantes.

El 11,7% de los encuestados dijeron haber sufrido abusos. En la mayor parte de los casos, el agresor era un desconocido (22,5%) o un familiar (22%). Los sacerdotes o religiosos figuran en sexto lugar (6,1%), seguidos de los profesores (3,8%).

La distribución por ámbitos es la siguiente:

 

Como se sabe por estudios realizados en diferentes países, la mayor parte de los abusos de menores ocurren en el seno de las familias. No era tan de esperar que en segundo puesto fuera a aparecer la vía pública. También es interesante ver que los centros de enseñanza no religiosos superan en cerca de 4 puntos a los religiosos. Pero el total de abusos en ámbito religioso –educativo o no, e incluida una pequeña minoría de instituciones religiosas no católicas– es, en realidad, el tercero más importante, con el 10,5%.

En el ámbito de la Iglesia hay mayor proporción de víctimas que sufrieron abusos reiterados

Entre los demás resultados, se pueden destacar varios especialmente significativos.

Los abusos van a menos. Es lo que parece indicar la diferencia entre encuestados jóvenes y mayores. De los de 18-29 años, los que dicen haber sufrido abusos en el ámbito de la Iglesia son el 2-3%, mientras que de los mayores de 65 años, son el 10-11%. Según los datos facilitados por los institutos religiosos, el mayor número de casos se dio en las décadas de 1960 y 1970. El informe dice que se detecta la misma tendencia descendente en los abusos de menores en general; pero se basa en resultados más altos de encuestas anteriores, pues su propia encuesta no corrobora tal idea. Los que dicen haber sido víctimas de abuso en cualquier ámbito son el 15% entre los jóvenes de 18-29 años, y el 9% entre los mayores de 65.

Más reincidencias en el ámbito religioso. Más de la mitad de las víctimas de abusos en cualquier ámbito (54,3%) los sufrieron varias veces. Ahora bien, la probabilidad de haber sufrido abusos reiterados es 2,1 veces mayor en el ámbito religioso que en los demás. Sin embargo, no se observa mayor probabilidad cuando el agresor es sacerdote o religioso.

Mayoría de víctimas masculinas en el ámbito de la Iglesia. Así como de todas las víctimas de abusos de menores, casi tres cuartas partes son mujeres, en el ámbito religioso un poco más de la mitad son hombres. Y si el abusador era sacerdote y religioso, las víctimas de sexo masculino son casi dos tercios.

Los abusos más graves son menos frecuentes entre sacerdotes o religiosos. La encuesta pregunta por el tipo de abuso sufrido en cualquier ámbito. El abuso sin contacto físico (exhibicionismo, acoso por internet…) se dio en el 38,8% de los casos; con simple contacto (tocamientos…), en el 56,6%, y con algún modo de penetración, en el 14,6%. Si el agresor era sacerdote o religioso, la penetración es menos frecuente (pero el informe no precisa la proporción).

Sufrir abusos está relacionado con alejarse de la fe. La mayoría de las víctimas dicen haber sufrido graves consecuencias a raíz de los abusos: las más comunes, en el plano psicológico y en el relacional, afectan al 48% y al 46% respectivamente. Las consecuencias de tipo espiritual son más frecuentes entre las víctimas en el ámbito religioso (34%) que en el total de la muestra (26,5%). Esto se puede poner en relación con otro dato: hay una probabilidad 1,8 veces mayor de no ser creyente entre los abusados en el ámbito religioso que en los abusados en otros ámbitos, y 3,2 veces mayor entre las víctimas de sacerdotes o religiosos.

Pocos datos documentales

Se necesitan encuestas porque es imposible contar todos los casos de abusos a lo largo de varias décadas. Sin embargo, en los archivos eclesiásticos y civiles se puede encontrar información valiosa para una gran parte de estos casos, y deducir de ella la escala del problema y cómo reaccionaron las autoridades ante las denuncias o sospechas. Y de tales datos no hay muchos en el informe.

El Defensor del Pueblo se queja de la falta de colaboración de bastantes diócesis, que respondieron de modo deficiente o no respondieron a la petición de datos que se les hizo (los institutos religiosos fueron, en su mayor parte, más diligentes). Esto se une, dice, al ocultamiento o la no admisión de los abusos que ha predominado en la Iglesia durante muchos años. A la vez, el informe reconoce que esta actitud ha comenzado a cambiar, y elogia la transparencia mostrada por algunas diócesis e institutos en la comunicación de informaciones al Defensor del Pueblo.

Hace falta un examen exhaustivo de los archivos eclesiásticos y civiles para conocer cómo se desencadenaron y qué se hizo cuando se denunciaron

Tampoco el informe tiene todos los datos de los casos de abusos llegados a la justicia civil. Solo ha logrado recabar los de 146 sentenciados entre 1990 y 2022. El rastreo de procesos en curso y denuncias investigadas por la fiscalía ha sido aún menos fructífero. La mayor dificultad, sobre todo en este segundo apartado, estriba en que los casos de abusos de menores en el ámbito de la Iglesia no tienen una etiqueta específica en las bases de datos, de modo que la búsqueda por palabras clave no asegura que los resultados sean exhaustivos.

Parece, pues, que el Defensor del Pueblo no ha contado con los recursos o el poder necesarios para hacer una revisión minuciosa de los archivos de la Iglesia y del Estado. Ni con el tiempo suficiente quizá, pues elaboró su informe en quince meses, contra los cerca de tres años que empleó la Comisión Sauvé o los casi cinco que requirió el informe oficial australiano de 2017.

Trabajo pendiente

Ese trabajo queda pendiente y es imprescindible para averiguar en concreto qué pasó. Hace falta elaborar una cronología de los casos documentados: cuándo ocurrieron, qué gravedad tuvieron, cuándo se tuvo noticia de ellos, si hubo reincidencias, y el historial de acciones por parte de los responsables. Sin eso, no se sabrá hasta qué punto llegaron la pasividad, los paños calientes que no resolvían nada o los encubrimientos.

Hace falta además una tipología de los agresores: en qué seminarios o noviciados se formaron y en qué época; si se les hicieron evaluaciones psicológicas; qué encargos pastorales recibieron; ámbitos en que trabajaron; cuántas veces abusaron y de menores de qué edades; cómo acabaron. Sin eso, no se identificarán los factores de riesgo personales, ambientales e institucionales, ni habrá pistas para acertar en la selección y educación de candidatos, o para evitar peligros que pueden surgir después.

Los testimonios de las víctimas apoyan e ilustran algunas conclusiones, como la influencia de ambientes clericales y cerrados que facilitaban a los abusadores prevalerse de su ascendiente sobre los niños. Otras tienen poco fundamento empírico: por ejemplo, señalar como factor de riesgo el celibato tiene poca fuerza si no se funda en un estudio tipológico de los abusadores; además de que sería necesario ofrecer una comparación con las confesiones religiosas que no tienen pastores célibes.

El informe del Defensor del Pueblo ofrece un diagnóstico bastante razonable, pero con muchas generalidades. En buena parte, su análisis se basa más en estudios anteriores que en hallazgos propios. Muchos de los datos (mayoría de víctimas masculinas, descenso en las últimas décadas, abundancia de reincidentes, falta de energía con los agresores…) eran conocidos o coinciden con los descritos en otros países. En fin, este informe, aunque aporte información y ayude a contextualizar, no es el estudio exhaustivo y específico que se esperaba sobre los abusos en la Iglesia en España. Quizá el encargado por la Conferencia Episcopal Española, próximo a aparecer, cubra esta laguna.

 

La discutida extrapolación El informe no hace la extrapolación del porcentaje de víctimas al número absoluto total, porque los autores consideran que sería inapropiado hacerla, como señaló el propio Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Pero el diario El País la hizo y la escogió para su titular de la noticia, en la que no escondía su orgullo por su recopilación de testimonios de abusos que lleva haciendo desde 2018 y que el informe ha utilizado como una de sus fuentes. Esto quizá favoreció que cabeceras rivales no destacaran el número y que pronto se abriera una discusión en torno a la validez del cálculo. También fue disputada la estimación, hecha de la misma manera, en el informe sobre los abusos en Francia, publicado hace dos años. Los autores –la llamada Comisión Sauvé, por el nombre de su presidente– estimaron en alrededor de 330.000 los franceses que habían sufrido abusos de menores en el ámbito católico, y de ellos, en unos 216.000 los que fueron víctimas de sacerdotes o de religiosos. Algunos cuestionaron el método porque la muestra, de 20.000 personas, se obtuvo por una técnica distinta de la selección aleatoria. La encuesta de GAD3 para el Defensor del Pueblo, hecha a 8.000 personas, no está en ese caso y no ha sido objeto de críticas. Conviene recordar, en relación con esto, que los sondeos se publican dando los porcentajes de las distintas respuestas y el número de respondientes a cada pregunta, sin extrapolar a la población total. Como se ha dicho estos días a propósito de los 440.000 de El País, el margen de error de una encuesta en los porcentajes se traduce en oscilaciones mucho mayores si se pasa de la muestra al universo. En el resultado de GAD3, una variación de medio punto –dentro del margen de error de la encuesta– añade o quita casi 200.000 víctimas de abusos en la Iglesia. Otros datos del mismo informe Sauvé arrojan dudas sobre la extrapolación. A partir de testimonios y archivos, estima entre 2.900 y 3.200 el total de sacerdotes y religiosos que cometieron abusos entre 1950 y 2020. Pero si las personas abusadas fueron 216.000, resulta una media inverosímil de 70 víctimas por abusador. El informe español no permite esta comprobación, pues los datos de sacerdotes y religiosos agresores son parciales. Los comunicados por diócesis e institutos religiosos suman 1.430 víctimas y 944 sacerdotes y religiosos que abusaron, o sea, 1,5 víctimas por agresor, promedio que bien puede ser inferior al real. Pero si finalmente resultara una media similar a la hallada en EE.UU. para el periodo 1950-2002, que es de 2,4, el número de 233.000 víctimas implicaría un total de 97.000 sacerdotes y religiosos agresores, número difícil de creer. Esto no cuestiona la encuesta, sino la extrapolación. R.S.