Desde hace algún tiempo, Suiza ha dejado de ser ese país en el que parecía converger todo dinero maculado y huido de la justicia, para convertirse en una plaza financiera de espacios abiertos por la que no se puede pasear cualquiera sin tener los papeles en regla.
Una muestra de ello es que, el pasado mes de noviembre, Suiza abandonó la lista gris de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lista en la que se incluyen centros financieros que se considera que no cumplen con las normas internacionales de cooperación en investigaciones de evasión fiscal. Suiza había sido incluido por el G20 cinco meses antes en la decidida lucha internacional por alcanzar una mayor transparencia financiera.
Pero no sólo ocurre con la evasión fiscal. Conforme las instituciones internacionales miran con mejores ojos la reorientación del savoir faire suizo, todos aquellos personajes que ansían ocultar dinero obtenido de manera ilícita empiezan a borrar también Suiza de sus listas de destinos paradisíacos. Es lo que ocurre con los dictadores, muchos de ellos procedentes de países pobres que han quedado esquilmados tras su gestión. Suiza ha congelado fondos de algunos de ellos al sospechar que han sido obtenidos de manera ilegítima. Son los casos de Vladimiro Montesinos (asesor de Fujimori) en Perú, Ferdinand Marcos en Filipinas, Sani Abacha en Nigeria o Raúl Salinas, el hermano del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
Devolver el dinero robado
Este proceso no termina con la congelación o retención del dinero de los dictadores. El paso siguiente consiste en hacer todo lo posible por restituirlo al país donde fue robado o, al menos, cerciorarse de que será utilizado en beneficio del país del que fue sustraído.
Estos últimos años, Suiza ha tratado caso por caso las modalidades de restitución de fondos de ex dictadores. En 2005, Suiza devolvió a Nigeria 290 millones de dólares que se había apropiado el ex presidente Sani Abacha; el acuerdo daba poder al Banco Mundial para controlar que los fondos se empleaban en proyectos de desarrollo en los sectores de sanidad, educación e infraestructuras de transporte. En otro caso de dinero corrupto procedente de Kazajstán, los fondos fueron devueltos a este país después de que Berna obtuviera garantías de que sería destinado a un fondo especial para los niños más desfavorecidos del Asia Central.
Pero esta operación no es fácil desde el punto de vista jurídico porque hasta ahora eran los Estados reclamantes los que debían demostrar que los fondos habían sido robados. Esto no siempre ha sido posible. En 2009 los herederos del ex dictador del Zaire, Mobutu, pudieron recuperar 7,7 millones de francos suizos (5,4 millones de euros) congelados en Suiza desde 1997. La justicia congoleña no fue capaz de probar el origen ilícito de estos fondos.
Para evitar estos casos de flagrante injusticia, desde finales de abril, el Parlamento helvético tramita una ley que permitirá a las autoridades no sólo bloquear los fondos ilícitos de dictadores provenientes de países “frágiles” sino devolverlos al gobierno legítimo de dicha nación y no a la familia del expoliador.
Según este proyecto de ley, los fondos inmovilizados en bancos suizos en estos casos estarían sometidos a una “presunción de procedencia ilícita”. Correspondería a sus titulares -ex presidentes o altos funcionarios- probar que esos fondos fueron adquiridos honradamente. El Estado que reclama esos fondos debe presentar una demanda judicial para obtener la confiscación y la restitución del dinero.
La reforma comenzará a debatirse a principios de junio. Aunque quizá llegue tarde para el caso del Congo, Valentiz Zellweger, nuevo director de derecho internacional público del Ministerio de Exteriores helvético, espera que el primer caso en el que se aplique sea el de los fondos del ex dictador haitiano Duvalier, todavía pendiente de una resolución definitiva.