Sobornar o no sobornar: un costoso dilema

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Duración lectura: 2m. 27s.

Si hay un campo en el que la corrupción se admite como algo inevitable es el comercio internacional. Cuando se trata de no perder un contrato con un Estado o de cobrar lo ya vendido, parece que en bastantes países el realismo obliga a pagar la comisión ilegal que exige un funcionario. Para tratar de erradicar estas prácticas, una comisión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha discutido la posibilidad de implantar un código de conducta en el comercio internacional. De momento la iniciativa no ha prosperado, y deberá esperar a la reunión anual del próximo junio.

Sólo Estados Unidos cuenta hoy con una ley que prohíbe la corrupción en el comercio internacional. Es la Foreing Corrupt Practices Act de 1977 que después, en 1988, fue atenuada ante la presión de los exportadores que se quejaban de estar en desventaja frente a los de otros países.

El problema es determinar cuándo una comisión comercial es ilegal y cuándo es correcta. El grupo de la OCDE que ha estudiado el tema propone un criterio simple: la trasparencia, ya que lo ilegal se oculta por principio. Las empresas deberían incluir en una rúbrica bien definida de su contabilidad la atribución de comisiones comerciales en cualquiera de sus formas, consignando en un anexo el servicio que remuneran y la identificación del beneficiario. La comisión Bouchery propone que sean prohibidas las comisiones no mencionadas en el mercado, las que no retribuyen un servicio efectivo y legítimo, las que no tienen un beneficiario identificado y las que se entregan en un paraíso fiscal. Los que pagasen comisiones ilegales incurrirían en sanciones penales y no podrían deducirlas como gastos a efectos fiscales, ni beneficiarse del seguro de crédito para los contratos obtenidos de ese modo.

¿Puro angelismo? “En la medida en que otros gobiernos de los países de la OCDE acepten que las comisiones ilegales se descuenten como gastos a efectos fiscales, no existe ningún incentivo para que las empresas cambien su actuación”, dice Frank Vogl, ex portavoz del Banco Mundial. Vogl ahora intenta promover la organización no gubernamental Transparency International, con la idea de atacar las comisiones ilegales dirigiendo su acción contra los que las reciben. La realidad es que ya anteriormente el asunto se abordó en el Consejo Económico y Social de la ONU, en la Cámara de Comercio Internacional y en la propia OCDE, sin que en ningún caso se llegase a un acuerdo. Ahora se habla de que la instancia apropiada podría ser el Grupo de los Siete, los grandes países industrializados. Éste tomó en 1989 la decisión de coordinar sus esfuerzos para combatir el blanqueo del dinero del narcotráfico, iniciativa a la que se sumaron otros países.

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