Se restablece la pena de muerte en Filipinas

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Duración lectura: 1m. 44s.

El Parlamento filipino ha restablecido la pena de muerte, abolida en la Constitución que se promulgó tras la caída de Ferdinand Marcos. Esta insólita marcha atrás, tal vez sin otro precedente que la nueva Constitución de Perú, cuenta con el apoyo del gobierno de Fidel Ramos, de gran parte de la opinión pública filipina y de los países vecinos. Se oponían a ella una minoría de parlamentarios y la Iglesia católica. La ley aprobada el pasado mes de diciembre castiga con la muerte un total de trece delitos, más que durante la ley marcial que estuvo vigente en tiempos de Marcos. Entre ellos figuran, además del asesinato, el tráfico de drogas y la apropiación de fondos públicos.

En general, la medida goza del favor de la opinión pública, alarmada últimamente por el aumento de la criminalidad, con frecuentes asesinatos, violaciones, secuestros y otros sucesos violentos. El presidente Ramos, firme partidario de la pena capital, ha prometido hacer de Filipinas un país más seguro. También los gobiernos de naciones próximas han presionado para que se restableciera la pena de muerte en Filipinas, pues creen que la lenidad de la ley filipina ha favorecido el negocio de la droga en una zona de tráfico tan intenso como el sureste asiático. Algunos países de la región, como Malasia y Singapur, castigan con la muerte a los narcotraficantes.

Algunos parlamentarios y la Iglesia católica se oponen a la pena de muerte. Alegan que la corrupción policial y judicial dará lugar a errores y prevaricaciones de consecuencias irreparables. La ley será recurrida ante el Tribunal Supremo.

De momento, el restablecimiento de la pena de muerte parece ser sobre todo simbólico, sin que haya verdadera intención de aplicarla próximamente. El Parlamento ha escogido la cámara de gas como instrumento de ejecución, y no hay ninguna en el país ni figura la partida correspondiente en los presupuestos de este año.

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