Polémica sobre la objeción de conciencia en Estados Unidos

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Duración lectura: 4m. 8s.

El pasado febrero, el presidente Obama eliminó las garantías establecidas por Bush en 2008 para proteger la libertad de conciencia de los profesionales de la salud, con una actualización de las normas dictadas a partir de los años setenta (cfr. Aceprensa, 26-11-2008). Al llegar a la Casa Blanca, la Administración Obama anunció que quería revisar aquellas disposiciones. Y entonces se armó el revuelo.

Mientras que el Ministerio de Sanidad aseguraba que los ajustes realizados por Bush sólo añadían “confusión” al debate, llegaron a la Casa Blanca más de 300.000 comentarios sobre el asunto; de ellos, al menos dos tercios estaban a favor de conservar las normas de 2008 (cfr. The Lancet, 19-03-2011).

Finalmente Obama decidió anular la orden de Bush, que pretendía asegurar la protección otorgada por las leyes a los empleados de instituciones subvencionadas por el Departamento de Sanidad. Las disposiciones de 2008 exigían una certificación de que se cumplen las normas legales relativas a los objetores y facilitaba un cauce para presentar quejas a quienes consideraran haber sido discriminados por motivos de conciencia.

Propuesta una ley para proteger a los objetores

A esta polémica hay que añadir la aprobación de la Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA), una ley que desarrolla algunos aspectos de la reforma sanitaria de Obama y que, según la aplicación que se haga de ella, podría poner en un aprieto al personal sanitario que se opone a ciertas prácticas en virtud de sus convicciones morales o sus creencias religiosas.

En efecto, la PPACA establece –entre otras prestaciones– los llamados “servicios preventivos para las mujeres”; algo que, según Planned Parenthood y otras organizaciones abortistas, exigiría dispensar los “anticonceptivos de emergencia” aprobados por la Food and Drug Administration (o sea, la píldora del siguiente y otros análogos con efecto abortivo) y ciertas prácticas como la fecundación in vitro.

Así las cosas, dos congresistas norteamericanos –el republicano Jeff Fortenberry (Nebraska) y el demócrata Dan Boren (Oklahoma)– introdujeron en marzo una propuesta de ley en la Cámara de Representantes para proteger la libertad de conciencia del personal sanitario.

La llamada Respect for Rigths of Conscience Act se limita a garantizar que ningún individuo ni ningún colectivo se vea obligado a actuar en contra de sus convicciones; sobre todo cuando ya hay profesionales dispuestos a realizar ciertas prácticas.

En una carta dirigida con fecha de 6 de abril a todos los miembros de la Cámara de Representantes, el cardenal Daniel DiNardo –presidente del Comité de Actividades Pro Vida de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos– recuerda que lo que está en juego aquí es la protección de la libertad religiosa y el derecho a la objeción de conciencia.

Tras subrayar que la PPACA “respeta la libertad religiosa en algunos contextos”, DiNardo considera “arbitrario e inexplicable el hecho de que no proteja a las muchas confesiones religiosas –incluidas aquellas que constituyen el núcleo duro del sistema de asistencia sanitaria sin ánimo de lucro de este país– cuyas enseñanzas morales se oponen a ciertas técnicas”.

Por eso, el cardenal pide a los representantes –tanto a los que votaron a favor de la PPACA como a los que votaron en contra– que se unan para promover la Respect for Rigths of Conscience Act.

Sentencia favorable a la objeción de conciencia

Precisamente el día antes de la misiva de DiNardo, un juez de Illinois anuló una ley de ese estado que obligaba a los farmacéuticos a dispensar la píldora del día siguiente y otros “anticonceptivos de emergencia”, sin que pudieran alegar objeción de conciencia.

Los demandantes, Luke VanderBleek y Glenn Kosirog, son los dueños de una farmacia con sede en Illinois. Durante seis años han estado batallando en los tribunales para impedir que una ley les obligue a actuar contra su conciencia. Aunque la sentencia se puede recurrir, el abogado de los demandantes no ha dudado en considerarla como “una gran victoria para el derecho a la objeción de conciencia”.

En su decisión, el juez John W. Belz declara que la ley recurrida vulnera la cláusula de libertad religiosa de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y dos leyes del estado de Illinois: la Health Care Right of Conscience Act y la Illinois Religious Freedom Restoration Act.

Entre otros argumentos, Belz sostiene que las autoridades de Illinois no han logrado probar en este caso que la negativa de los farmacéuticos objetores a dispensar los anticonceptivos haya supuesto una amenaza para la salud de nadie.

Para Charmaine Yoest, presidenta de la organización Americans United for Life, esta sentencia hace justicia a los demandantes que ya no tendrán que elegir entre vulnerar sus creencias religiosas o vulnerar una ley inconstitucional, dice en declaraciones a LifeNews.com (5-04-2011).