La ONU aprueba el control de la población, con otro nombre

La revisión de la Conferencia de El Cairo

Del 30 de junio al 2 de julio se ha terminado de elaborar, en la sede de la ONU en Nueva York, el informe que revisa la aplicación de la última Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994). En el curso de una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU, se ha aprobado un documento que promueve el control de la población. Sólo que no lo llama así.

Como indicamos en el servicio 80/99, se han acordado las medidas clave para seguir ejecutando el Programa de Acción de la Conferencia de El Cairo. Ese documento fue aprobado por 179 países, aunque muchos de ellos hicieron reservas a los puntos dedicados a salud sexual y derechos reproductivos. Cinco años más tarde, los Estados miembros de la ONU han vuelto a reunirse en Nueva York para elaborar este documento sobre la revisión de lo acordado en el Cairo. La sesión preparatoria comenzó del 24 al 30 de marzo, continuó del 5 al 7 de mayo, y toda la semana anterior al 30 de junio.

Buenas palabras

El documento consta de un preámbulo y cinco capítulos. En ellos se tratan temas como cuestiones de población, desarrollo y medio ambiente; el envejecimiento de la población; las migraciones; la promoción de la mujer; los derechos reproductivos y salud reproductiva, incluida la planificación familiar; prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, en especial el SIDA; la educación sexual de los adolescentes.

Los primeros artículos del preámbulo están cargados de objetivos loables: mejorar la calidad de vida y el bienestar de los seres humanos; erradicar la pobreza; promover la educación, sobre todo de las niñas; permitir el acceso universal a los servicios de salud reproductiva y planificación familiar; invertir en sanidad y educación. Junto a esto, se encarece que las mujeres han de tener absoluto control sobre su fertilidad.

Hasta aquí las palabras del documento, que pueden resultar inocuas para el inexperto en el intrincado vocabulario de la ONU. Pero, una vez hecha esa declaración de objetivos, el documento y las discusiones se centran más en los derechos reproductivos que en el resto de puntos anunciados.

Resulta significativo que en la sesión plenaria de la Asamblea General, en la que van desfilando representantes de todos los países del mundo dando un pequeño discurso, fuera elegido Alberto Fujimori como primer conferenciante. Parece como si el Fondo de Población de la ONU (FNUAP) respaldara así la política de control de natalidad del presidente peruano, presentándola como un modelo. Fujimori aprovechó la circunstancia para defenderse de las críticas que ha recibido -según él, falsas- de haber realizado una campaña de esterilizaciones forzosas de indias peruanas, y de las más pobres (ver servicio 4/99). Su eslogan fue que debía cambiarse el círculo vicioso de pobreza-hijos no deseados-pobreza, por el círculo virtuoso de bienestar-familia planificada-bienestar.

En los discursos oficiales y en las intervenciones de los distintos representantes de la ONU, desde Kofi Anan hasta la presidenta del FNUAP y el moderador de las sesiones, el clima general era de alarmismo ante el aumento de población. El objetivo, más o menos declarado, es reducir la población a toda costa.

Limitar la población

El New York Times, en un alarde de sinceridad y huyendo del lenguaje políticamente correcto, tituló su artículo del sábado 3 de julio: “La conferencia adopta un plan para limitar la población”. De hecho, el documento de El Cairo hacía una llamada a “estabilizar la población” (nuevo pseudolenguaje), de manera que en el año 2050 no haya más de 9.800 millones de habitantes en la Tierra. La pregunta es qué medios van a poner los gobiernos para lograr esa meta. Las claves están claras: en principio se afirma que planificarán la población contando con la libertad de las personas; pero eso suena al cuento chino, vendido precisamente por el gobierno chino, de que todos los chinos colaboran voluntariamente en la política del hijo único. Se facilita a los Estados que intervengan en el control de la población, aunque a renglón seguido se diga que debe ser voluntaria. Por otra parte, ha quedado clara la prohibición de las cuotas y de las esterilizaciones forzadas.

En 1994, la estrategia, en teoría, era mejorar el status de las mujeres, con la idea de que así reducirán el número de hijos, en lugar de proponerse metas numéricas y de organizar campañas de planificación familiar. Pero la práctica fue otra. Ahora se apremia con nuevas estrategias a los gobiernos, usando como argumentos la amenaza del SIDA, unas cifras falseadas sobre la mortalidad materna en el parto, la previsión de que la población mundial llegará este año a 6.000 millones (como si aumentara desaforadamente, cuando todos los estudios demográficos, incluido el documento elaborado, constatan que no existe reemplazo generacional en la mayor parte del mundo), cifras manipuladas de mujeres que mueren por abortos hechos en malas condiciones, números hinchados de adolescentes embarazadas, etc.

Sin embargo, no es cierto que el hecho de que el aborto sea ilegal implique más muertes de mujeres por abortos clandestinos. Por ejemplo, en Irlanda el aborto está prohibido y apenas hay muertes de madres por esta causa, mientras que Estados Unidos, donde el aborto es legal, registra las cifras más altas de muertes por complicaciones del aborto.

Las presiones y el “lobby”

En la prensa se ha dicho que 180 países han alcanzado un consenso, pero eso no es totalmente cierto. El texto no se escribe desde cero, sino que ya viene establecido de antemano por los funcionarios del FNUAP, de manera que la capacidad de decisión de los gobiernos se limita enormemente. Los países que se muestran reacios al control de población sufren presiones y amenazas de que no se les perdonará su deuda externa. De hecho, es significativo que varios de los países latinoamericanos que mostraron reservas a algunos puntos del Documento de El Cairo en 1994 ahora no lo han hecho. Hay una estrecha relación entre esta subordinación y su situación económica.

Una vez más, la mayoría de las ONGs acreditadas (muy pocas, porque se aplicó el procedimiento de las Asambleas Generales y no el de las Conferencias Internacionales) eran abortistas. Muchas de ellas, latinoamericanas, hicieron un lobby muy activo sobre los gobiernos de sus propios países. Lo mismo se puede decir de las ONGs pro familia, en sintonía con muchos de los gobiernos del llamado Grupo de los 77 (en realidad, 133 países de los 180 presentes en la Asamblea), si bien este grupo no es nada homogéneo.

Las ONGs de Católicas por la Libre Elección (Catholics for a Free Choice) llevan meses haciendo campaña para que la Santa Sede sea desposeída de su status de observador (con voz, pero sin voto) y sea considerada sólo como una ONG. Esta campaña no ha tenido ningún eco en los ambientes serios de la ONU. Lograr eso exigiría, entre otras cosas, que una mayoría de los gobiernos lo apoyara, y curiosamente ocurre más bien lo contrario. La Santa Sede tiene un gran prestigio como experta diplomática e intermediaria en difíciles conflictos internacionales. De hecho, cuenta con el apoyo de gran parte del Grupo de los 77, mal que pese a la Unión Europea y Estados Unidos. Se comprueba en estos foros cómo las declaraciones de la Santa Sede nunca se reciben con indiferencia, sino con sumo interés, bien para apoyarlas o bien para criticarlas.

Las ONGs de Católicas por la Libre Elección están conectadas con la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF). En algunos países -como España- hasta comparten sede. Se observaron también actitudes poco respetuosas con el pluralismo y la diversidad de opiniones, esta vez más solapadas que en el mes de marzo. El moderador, que debía ser neutral, ha tratado en varias ocasiones con poca educación a países que mantienen posturas que no coinciden con las suyas, especialmente a Sudán, la Santa Sede y Argentina. Tampoco la presidenta del FNUAP oculta sus simpatías y antipatías. Así, en la sesión final aplaudió el discurso de dos entre las tres ONGs a las que se permitió hablar en la Asamblea General: la IPPF y la asociación liderada por la india Gida Sen, de New Age -ambas pro-control de población y abortistas-, y se abstuvo de aplaudir a Jean Head, líder de mil asociaciones pro-familia.

Se repitieron las viejas tácticas de cambiar de sala para despistar a los delegados “no gratos”. En un par de ocasiones, la redacción del documento con los últimos puntos más conflictivos estaba anunciada en una sala y se trasladó sin previo aviso a otra.

Educación sexual para los adolescentes

Debido a que en marzo las negociaciones quedaron bloqueadas porque se intentaba introducir nuevos conceptos (lo que iba contra el procedimiento, que exigía tan sólo una revisión y prohibía cualquier modificación), por fin se eliminó del texto el término “contracepción de emergencia”, es decir, la píldora del día siguiente, y se habla de una amplia gama de contraceptivos, sin concretar más: “… la variedad más amplia asequible de métodos de planificación de la familia y anticonceptivos inocuos y eficaces, y métodos barrera (como preservativos masculinos y femeninos y microbicidas, si se dispone de ellos) para evitar las infecciones” (art. 53). Pero no se explica que el preservativo no es eficaz frente a otras enfermedades de transmisión sexual más frecuentes que el SIDA, como gonorrea, sífilis, herpes, infecciones pelvianas, etc. Tampoco el preservativo protege de los abusos sexuales en sí; más bien, puede fomentarlos en el violador, que pone medios para evitar un embarazo en la víctima.

En relación con la educación sexual de los niños y adolescentes se camina peligrosamente hacia un enorme intervencionismo estatal. Es un contraste que los países occidentales de gran tradición liberal, que han defendido una clara separación entre lo privado y lo público en temas de sexualidad, impongan ahora una intromisión descarada desde el Estado en las decisiones sexuales de los ciudadanos. Ha sido enorme la presión durante la negociación para incluir la educación sexual en las escuelas desde primaria, controlada por el Estado, más que por los padres. Muchos países apoyaron estos programas, incluidos muchos latinoamericanos. El punto de partida es que los adolescentes son sexualmente activos, y que no se debe cerrar los ojos a la realidad.

El documento insta a los gobiernos a “incluir en todos los niveles, según proceda, de la enseñanza académica y no académica, educación sobre cuestiones de población y salud, inclusive cuestiones de salud sexual y reproductiva” (art. 35 b). Más adelante señala que deben proporcionar a los adolescentes servicios de salud sexual, en los que se proteja “los derechos de los adolescentes a la intimidad, la confidencialidad y el consentimiento fundamentado” (art. 73 a).

Luego se añade que todo eso ha de hacerse “manteniendo el debido respeto por los derechos, deberes y obligaciones de los padres” (art. 73 e), sin más precisiones. Mucho más concreto y contundente es el punto f) del mismo artículo, que insiste en el acceso de los adolescentes a esos servicios, sin mencionar ya a los padres: “Los países deben asegurarse de que los programas y las actitudes de los proveedores de servicios de salud no restrinjan el acceso de los adolescentes a servicios adecuados y la información que necesiten”. Es más, “deben eliminar, cuando procediera, las barreras jurídicas, normativas y sociales a la información sobre la salud reproductiva y la atención de la salud reproductiva para los adolescentes”.

El acceso al aborto

El otro punto conflictivo, que consumió trece horas de discusión, fue el texto referente al aborto seguro.

El art. 63 establece que “en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia”. Dice también que “habría que hacer todo lo posible para eliminar la necesidad del aborto”. El método para lograrlo es “la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación de la familia”. El resto del artículo insiste en que el aborto sea accesible y seguro, donde la ley lo admita.

Así, “se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes (…) a ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública”. También dice el mismo artículo que “se debe asignar siempre máxima prioridad a la prevención de los embarazos no deseados” y “asegurar que el aborto se realice en condiciones adecuadas y sea accesible”.

Lo que resulta preocupante en este texto es que no queda reflejada la obligación de los gobiernos de respetar la objeción de conciencia médica al aborto o a otros medios de planificación. En otros dos lugares, el documento hace referencia a la obligación de respetar la deontología médica, puntualización que se añadió por intervención de la Santa Sede.

Las reservas

Los países que pusieron reservas son los siguientes: Argentina, Sudán, Guatemala, Nicaragua, Libia, Kuwait, Malta, Egipto, Qatar, Yemen, Irán, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Australia, más la Santa Sede. El punto común fue su oposición al aborto y a cualquier medio de contracepción que supusiera un aborto.

Los países islámicos recordaron que para ellos, las relaciones sexuales son sólo lícitas dentro del matrimonio y, por tanto, admiten la contracepción sólo entre personas casadas. Además, tienen prohibido el aborto en sus legislaciones y en el Corán, o la sharía islámica. El representante de la Santa Sede dijo, al explicar las reservas, que mantiene las mismas puestas al documento de El Cairo en 1994. Además, explicó que el documento final, al referirse al aborto seguro, omite aludir al derecho de objeción de conciencia del personal sanitario, recogido en el art. 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

María Elósegui_________________________María Elósegui Itxaso es Profesora Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza. Ha asistido a la celebración de esta Conferencia de la ONU. Las observaciones de la Santa SedeResumimos las objeciones de la Santa Sede al texto aprobado al término de la Asamblea.La Santa Sede no acepta el aborto, ni la contracepción. Recuerda que la vida comienza en el momento de la concepción. Cada vida debe ser protegida desde el momento de la concepción y a lo largo de todo el ciclo vital.

Como hizo en El Cairo, la Santa Sede manifiesta estar en contra del aborto, la contracepción y la esterilización. Entiende la salud sexual y la salud reproductiva en un sentido holístico que incluye la mente y el cuerpo, de acuerdo con las normas morales, y excluye el aborto. Es, por otra parte, conocida su posición sobre la planificación familiar, entendiendo que las relaciones sexuales deben darse dentro del matrimonio y entre esposos (hombre y mujer) y de un manera libre. Entiende que la familia es la base de la sociedad. Entiende que la identidad sexual se da como hombre o como mujer. Insiste en la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos.

Mantiene que se debe velar por la confidencialidad de los adolescentes excluyendo a los padres sólo en el caso de que hubiera abusos sexuales; en los demás casos, el derecho a la educación sexual corresponde a los padres. Mantiene que la vida comienza en el momento de la concepción. La Santa Sede considera que las expresiones salud sexual, derechos sexuales, salud reproductiva y derechos reproductivos se aplican a un concepto holístico de la salud, que se aplican cada una a su manera, a la persona en su totalidad, mente y cuerpo, y que promueven el logro de la madurez personal en la sexualidad, el amor recíproco y la adopción de decisiones que caracterizan a la relación conyugal conforme a las normas morales. La Santa Sede no considera que el aborto o el acceso al aborto constituya una dimensión de esas expresiones.

El hecho de que la Santa Sede se sume al consenso no se ha de interpretar como una modificación de su conocida posición con respecto a esos métodos de planificación de la familia, que la Iglesia católica considera moralmente inaceptables, o respecto de servicios de planificación de la familia que no respetan la libertad de los cónyuges, la dignidad humana ni los derechos humanos de los participantes.

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