Agencias de la ONU y de EE.UU. apoyaron las esterilizaciones forzosas en Perú en la época de Fujimori

La campaña de esterilizaciones realizadas bajo engaños, emprendida en Perú por el gobierno de Alberto Fujimori en los años noventa, contó con la colaboración financiera y de personal de la ONU, de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) de Estados Unidos, y de ONG peruanas y japonesas. Así lo ha puesto de relieve el parlamentario Héctor Chávez Chuchón, que en la última semana de noviembre compareció ante una subcomisión del Congreso peruano que investiga estos abusos.

El Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) de la época Fujimori incluyó la “anticoncepción quirúrgica voluntaria”, que tuvo como resultado la esterilización de unas 250.000 mujeres y un número menor de hombres (ver servicios 8/98, 40/98 y 91/98). En realidad, la campaña, dirigida sobre todo a campesinos pobres, se hizo con el empleo sistemático de presiones y engaños para conseguir los objetivos cuantitativos fijados. Chávez, que durante el gobierno de Fujimori trabajó como médico en uno de los departamentos más pobres de Perú, aseguró ante la comisión del Congreso que “en Naciones Unidas estaban informados de tal política, pues había personal de ese organismo que trabajaba en el Ministerio de Salud”.

Tras la caída de Fujimori este ha sido uno de los abusos que se le han reprochado. Pero en la segunda mitad de los años noventa no fueron muchas las voces que lo criticaron. Los primeros que denunciaron con firmeza la campaña de esterilizaciones bajo engaños fueron los obispos católicos, en documentos colectivos y declaraciones individuales. Entre otros, Mons. Juan Luis Cipriani, entonces arzobispo de Ayacucho y hoy de Lima, pedía al gobierno al comenzar 1998 “que cese el atropello de las prácticas esterilizantes y abortivas, y que sean claros en dar las directivas de población para que terminen estos abusos” (recogido en la revista Palabra, febrero de 1998). Durante la campaña fallecieron 18 mujeres sometidas a esterilizaciones hechas en malas condiciones. También el Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de la Mujer y algunos medios de comunicación denunciaron la campaña de esterilizaciones forzosas. Por el contrario, en su día la campaña de Fujimori fue puesta como ejemplo de eficacia por organismos internacionales dedicados a la planificación familiar.

Las amenazas contra la defensa de la vida han reaparecido en el país hace dos meses, cuando el Congreso del Perú aprobó una reforma constitucional por la que queda abolida la pena de muerte y se prohíbe el aborto “salvo la excepción permitida por la ley”. Se abre así la puerta a la legalización del aborto, al no establecerse los alcances de dicha excepción.

El presidente de la Conferencia Episcopal de Perú, Mons. Luis Bambarén, publicó en nombre del episcopado un documento en el que rechaza esta reforma constitucional sobre el aborto. El Card. Cipriani, arzobispo de Lima, advirtió que “no podemos ser tan cobardes de decir: ‘la pena de muerte nunca, pero matar al no nacido puede permitirse a veces'”. Y señaló que “es un retroceso muy grande abrir una puerta falsa [al aborto], para que por ahí entren los asesinatos”.

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