Richard Glossip ha estado a punto de morir… nueve veces. Y varias de ellas lo ha salvado una llamada del gobernador de Oklahoma.
Glossip está en el corredor de la muerte de la prisión estatal. La última ocasión en que alguien intervino para detener el procedimiento fue en mayo de 2023, pero no fue la oficina del gobernador, sino el Tribunal Supremo de EE.UU., que había atendido una reclamación del condenado para que escuchara sus argumentos acerca de las irregularidades del proceso. En otoño el alto tribunal va a escuchar lo que el convicto tiene que decirle, y decidirá si hay que celebrarle un nuevo juicio o directamente enviarlo a casa.
El reo, por el que han intercedido varias personalidades, desde el obispo de Oklahoma hasta Kim Kardashian, cuenta incluso con la simpatía de 45 legisladores… republicanos, y aun del Fiscal General del estado, Gentner Drummond –igualmente del Grand Old Party–, y esto, en un territorio fuertemente conservador en el que se ejecuta proporcionalmente a más personas que en Texas.
Un paréntesis inevitable: ¿Están resolviendo finalmente los políticos republicanos la secular contradicción que implica, por un lado, plantar batalla denodadamente a favor de la vida (con sus restricciones legislativas al aborto) y, por otro, poner rodilla en tierra por el derecho a portar pistolas y fusiles semiautomáticos, o asentir a que se envíe a los culpables de delitos graves a la silla eléctrica?
No tan rápido. La oposición a que se ejecute a Glossip tras un proceso de notorias irregularidades es, precisamente, para evitar que su muerte injustificada socave la posibilidad de seguir aplicando ese castigo en el futuro.
Así lo explican en un amicus dirigido al TS varios legisladores republicanos (incluido Kevin McDugle, con quien posteriormente conversamos): “Las graves dudas que plagan la condena y sentencia de muerte de Richard Glossip requieren la intervención de este Tribunal y un nuevo juicio. Un resultado contrario erosionaría la confianza del público en el sistema de justicia y arrojaría dudas sobre la pena de muerte en general”.
La contumacia de los fiscales
¿De qué se acusa a Glossip para que haya estado tantas veces a punto de recibir la inyección letal?
A inicios de 1997 era trabajador de un hostal de Oklahoma City. En la noche del 7 de enero, el encargado de mantenimiento, Justin Sneed, toxicómano, golpeó mortalmente con un bate de béisbol al dueño, Barry Van Treese, y escondió el cadáver en una estancia de la habitación de este. Un rato después, se lo comunicó a Glossip, que no le creyó –vio que el coche de su empleador no estaba en el parking, por lo que supuso que no estaría allí realmente– y no llamó a la policía.
Al día siguiente, cuando los agentes encontraron el cuerpo de Van Treese, Sneed confesó rápidamente el asesinato, pero para no acabar en el patíbulo, desvió la atención hacia Glossip: él le habría “encargado” matar al dueño. Un año después, un jurado declaró culpable a Glossip y lo condenó a muerte, pero en 2001 el Tribunal de Apelaciones de Oklahoma echó abajo esa condena por lo insostenible de la acusación. Un nuevo recurso por parte del estado logró que otro jurado restableciera la pena máxima en su contra, en 2007.
Sucedió que, para correr una gruesa cortina sobre las pifias que cometieron policías y fiscales en los inicios de la instrucción del caso, varios de estos actores emprendieron una huida hacia adelante y no rectificaron. Según explica el Death Penalty Information Center, “en los últimos años aparecieron pruebas de que los fiscales habían presionado a Sneed para implicar a Glossip y mentir en el estrado a cambio de una sentencia menor”. Los mencionados funcionarios “también suprimieron pruebas de la condición psiquiátrica de Sneed”.
La fiscalía sabía, también, que Sneed, además de toxicómano, era paciente de psiquiatría, y no lo desmintió cuando dijo que jamás había acudido a un profesional de la especialidad. El dato hubiera servido a los abogados de Glossip para socavar la credibilidad de su acusador y evidenciar su falso testimonio. Pero se lo escondieron.
Es por estos elementos que el estado de Oklahoma ha reconocido que el proceso penal quedó “infectado” por “graves errores constitucionales y mala conducta de los fiscales”, y es por lo que, en abril, el propio Fiscal General Drummond dirigió al Tribunal Supremo una carta en la que le pedía que suspendiera la ejecución de Glossip, toda vez que el Tribunal de Apelaciones Penales, con su más reciente confirmación de la sentencia, había pasado por alto el mea culpa del estado e incurrido en un “blanqueo defectuoso de violaciones constitucionales federales”.
Dado que ni el Fiscal General ni el gobernador Kevin Stitt quieren que se le ponga la inyección letal al reo, ¿por qué sigue ahí, a unos metros de la cámara de ejecución?
Reformar el sistema (solo reformarlo)
Glossip continúa en el corredor de la muerte porque la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado se sigue negando a recomendar la conmutación de su sentencia. Hay dos miembros a favor del perdón, dos a favor de que se le dé muerte, y un quinto que se ha recusado. Sin una mayoría que avale el indulto, el gobernador no puede levantar el pulgar de una vez.
La vida de un hombre queda así pendiente de la tozudez de dos burócratas, empecinados en dar la espalda a la evidencia palmaria de que se ha condenado chapuceramente a un inocente. Incluso el representante McDugle, partidario –como decíamos– de que se mantenga la pena capital en el estado, advierte contra el sinsentido de que se mate a Glossip, tanto por lo insostenible del caso como porque hará peligrar la propia existencia de la pena capital. La gran contradicción –que la posibilidad legal de que se aplique este castigo no permite, una vez aplicado, resarcir al condenado si posteriormente se reconoce su inocencia– queda sin resolverse. Le hemos preguntado sobre el tema:
— Sr. McDugle, ¿qué implica que el Tribunal Supremo haya aceptado conocer el caso Glossip?
— Al asumirlo, el Supremo legitima lo que venimos diciendo desde hace cuatro años. Ahora el máximo funcionario encargado de hacer cumplir la ley en el estado (el Fiscal General) está de acuerdo en que no se puede confiar en las dos primeras pruebas del caso. El estado destruyó una caja de pruebas que contenía 10 elementos, coaccionó a los testigos y literalmente le dio al asesino el nombre de Richard Glossip. Que acepten el caso demuestra que lo que decimos tiene fundamento.
– A los políticos republicanos a menudo se les asocia automáticamente con un apoyo irrestricto a la pena capital, e igualmente con una postura antiaborto y provida. ¿No es esto una contradicción flagrante?
— La mayoría de los republicanos en Oklahoma están a favor de la pena de muerte; sin embargo, si no podemos confiar en que el sistema imparta justicia y ejecute únicamente a quienes lo merecen, ¿cómo podemos confiar en la pena de muerte? Mi preocupación es que a nuestros fiscales de distrito les importa un bledo si el caso está plagado de errores; simplemente quieren una ejecución rápida. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Debemos actuar siempre con la máxima integridad y, cuando veamos errores, reconocerlos.
Creo que sí debemos tener pena de muerte. Si alguien asesina a una niña de dos años y la entierra (un caso no relacionado con Glossip), debemos tener un mecanismo para condenar a muerte a esa persona, que les ha arrebatado esa vida para siempre a sus hermanos, a sus padres y a sus abuelos. Encerrar a alguien en la cárcel para el resto de su vida no es un trato justo.
Creo absolutamente que necesitamos la pena capital para un crimen tan atroz. Pero si no podemos confiar en que quienes procesan a los criminales lo hacen según un sistema justo e íntegro, ¿cómo podemos justificar la ejecución de personas?
— ¿Es un problema para la carrera de un político republicano no estar de acuerdo en un caso con la aplicación de la pena de muerte?
— Por supuesto, quien se opone al sistema no está haciendo amigos, pero yo no llegué al cargo para hacer amigos, sino para hacer lo correcto. Si soy elegido o no para un próximo mandato es algo sin la menor importancia, comparado con la vida de alguien que es inocente y está en el corredor de la muerte. Yo estoy luchando por la justicia.
— Dado que la pena capital no tiene posibilidad de reparación en caso de error y está sujeta a la voluntad de dos o tres personas que pueden estar radicalmente equivocadas, como usted mismo está demostrando en el caso Glossip, ¿no es la irrevocabilidad del castigo un fuerte argumento para considerar abandonarlo?
— Sí, lo es, pero ¿es justo? Tienes toda la razón: si los miembros del sistema [de justicia penal] no pueden admitir sus errores y enmendarlos, entonces ese sistema no debería poder aplicar la pena de muerte. Si no pueden corregirlos, el pueblo de Oklahoma se verá obligado a suspender la pena de muerte o abolirla por completo.
Para no equivocarse, quizás mejor no matar…
¿Podría una decisión desfavorable a Glossip terminar inclinando a la opinión pública de Oklahoma hacia la abolición?
De hacerlo, estaría entrando en sintonía con la tendencia del resto de la sociedad estadounidense. Según Gallup, de un pico favorable a ese castigo en 1994 (el 80% de los consultados), se ha descendido en 2023 al 53%, al tiempo que quienes se oponen han escalado del 13% al 44% en ese período. En Oklahoma, entretanto, el apoyo a la pena capital se mantiene alto (65% vs. 29%), si bien crece el número de los que abogan por una moratoria de las ejecuciones –el 77%, según explica Stephen Humphries en The Christian Science Monitor– hasta tanto se reforme el sistema.
En tal sentido, un proyecto de ley impulsado por el congresista McDugle y apoyado por otros políticos republicanos ha solicitado la paralización de las ejecuciones hasta que se pueda tener certeza de que se aplica “correctamente” (entendido esto como que los métodos usados no causen un sufrimiento innecesario), y únicamente tras un escrupuloso proceso en que se determine limpiamente la culpabilidad de alguien.
No como a Glossip, cuyo caso está en el centro de la conversación. Ni como a otros 11 que, según Adam Luck, expresidente de la Junta de Indultos, se ha debido sacar del corredor de la muerte en el estado. Luck admite ante Humphries que no es posible que el sistema no haya cometido errores, y se pregunta: “¿Cuántas personas inocentes estoy de acuerdo con que sean ejecutadas para seguir matando a personas culpables?”.
La repregunta quizás podía haber ido por si una reforma, una mayor supervisión y un reajuste del mecanismo impedirán de modo eficaz, de una vez por todas, que no vuelva a cometerse una injusticia, un asesinato por mano del estado.
Pero nadie la ha hecho.