Occidente endurece la política de inmigración

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Duración lectura: 2m. 50s.

Los ministros de Justicia e Interior de los países de la Unión Europea han decidido armonizar y endurecer los criterios para evaluar las peticiones de asilo. Según el acuerdo alcanzado, sólo se tramitarán las peticiones en que se alegue persecución por razón de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a grupos sociales determinados. En caso de persecución política, el demandante deberá probar que las autoridades de su país conocen sus ideas políticas y que su temor de persecución es fundado.

Hasta ahora, la petición de asilo ha sido el medio para burlar una política de inmigración cada vez más estricta. Pero en los últimos tiempos varios países han adoptado medidas más duras contra la inmigración ilegal.

Así, el gobierno italiano ha aprobado, con el acuerdo del Parlamento, un decreto por el cual los extranjeros “extracomunitarios” que carezcan de permiso de residencia o hayan cometido un delito serán expulsados inmediatamente del país. Esta decisión del gobierno de centro izquierda, presidido por Lamberto Dini, se debe a las presiones de la Liga del Norte, que sigue considerando blanda la reforma. Aunque todos los partidos han anunciado su conformidad con estas medidas, precisan también que se debe proteger a los inmigrantes que cumplen con la legislación. Según el Instituto de Estadística, residen en Italia un millón de inmigrantes legales, frente a unos 400.000 ilegales.

En Gran Bretaña, la política conservadora contra la inmigración apunta a establecer controles más severos para las peticiones de asilo político. Aunque en Europa occidental estas demandas han disminuido en 1994, en Gran Bretaña han aumentado de 25.000 a 33.000. El Ministerio del Interior ha elaborado una lista de países donde no existen ya riesgos de persecución por razones políticas, y, por tanto, no se justifica la concesión de asilo a los que procedan de ellos. La lista incluye a Polonia, Rumania, Bulgaria, India, Pakistán, repúblicas de la antigua Unión Soviética, y varios países de África y Sudamérica.

También Estados Unidos se plantea frenar la inmigración. En el Congreso se discuten dos medidas que castigarían severamente la inmigración ilegal y que cambiarían la política abierta de los últimos 30 años respecto a la inmigración legal. Se trataría de reducir el número permitido de inmigrantes hasta un máximo de 535.000 cada año, muy por debajo de los 800.000 actuales. La reforma haría también más rigurosas las condiciones para obtener asilo político, con el fin de recortar el número de refugiados a un máximo de 50.000 anuales, la mitad de los aceptados anualmente durante el último quinquenio.

En cambio, una de las medidas más discutidas contra la inmigración ilegal ha sido derrotada en los tribunales. Un juez federal ha declarado inconstitucionales algunos aspectos de la polémica Proposición 187, aprobada el año pasado en California, que pretendía excluir a los inmigrantes ilegales de los servicios educativos, sanitarios y de seguridad social. Según la sentencia, estos servicios públicos no pueden preguntar a los inmigrantes si su situación es regular. Pues sería un modo de controlar la inmigración, que es competencia exclusiva del gobierno federal.

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